El escenario internacional vuelve a tensarse al máximo en torno al Atlántico Sur. El Presidente de la Nación, Javier Milei, lanzó un duro ultimátum al Gobierno del Reino Unido tras la detección de avances ilegítimos en la exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Si en el lapso de dos semanas Londres no suspende completamente sus maniobras sobre la Plataforma Continental Argentina, la Casa Rosada activará de inmediato un procedimiento de arbitraje internacional ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar medidas cautelares de urgencia.
La contundente determinación fue informada formalmente a través de la Oficina del Presidente. El jefe de Estado dio instrucciones directas a la Cancillería y a sus equipos jurídicos oficiales para poner en marcha el mecanismo legal previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El mandatario fue categórico en sus redes sociales al advertir: “Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”.
La embestida contra el mega proyecto «Sea Lion» y los permisos de exploración
El eje central de la ofensiva jurídica argentina apunta a paralizar de inmediato el proyecto petrolero denominado «Sea Lion», emplazado en la Cuenca Malvinas Norte, así como la adjudicación arbitraria de nuevas licencias de exploración por parte de la administración colonial instaurada en los archipiélagos. Desde la administración libertaria fundamentaron el reclamo recordando que la histórica Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU reconoce formalmente la existencia de una disputa de soberanía y mandata a ambas naciones a sentarse a negociar.
Asimismo, el documento oficial de Presidencia hace hincapié en el cumplimiento estricto de la Resolución 31/49, la cual prohíbe de forma explícita que cualquiera de las partes tome decisiones unilaterales que alteren el estado de las islas mientras el diferendo siga abierto. En este sentido, la Casa Rosada calificó la extracción no autorizada de petróleo como una violación fragante al derecho internacional que causa un «perjuicio irreversible e irreparable» sobre las reservas naturales y los derechos soberanos e inalienables de la República Argentina. De no haber marcha atrás en 14 días, la demanda se radicará formalmente solicitando cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
Fuerte rechazo al estatus británico y alerta por vuelos no autorizados
La arremetida del Ejecutivo incluyó además un «rechazo categórico» a las declaraciones emitidas por la diplomacia británica en respuesta al reciente discurso pronunciado por Javier Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Frente a la postura de Londres, la Casa Rosada remarcó con firmeza que el autonómbrado estatus de «Territorio Británico de Ultramar» y el referéndum unilateral organizado en las islas en 2013 carecen totalmente de validez, no tienen reconocimiento internacional y en nada modifican el fondo de la controversia territorial.
El conflicto escaló a niveles todavía más críticos luego de que los organismos de control del Estado argentino detectaran y registraran maniobras aéreas irregulares sobre la ruta que conecta las Islas Malvinas con Punta Arenas. Las operaciones no autorizadas fueron realizadas por una aeronave de matrícula británica perteneciente a la firma THALES UK LIMITED, hecho que motivó el inicio inmediato de acciones administrativas, denuncias penales y gestiones diplomáticas internacionales de máxima urgencia. Con la tensión en un punto ciego, el Gobierno nacional ratificó que apelará a todos los recursos legales a su alcance para salvaguardar la soberanía nacional en cada fuero internacional.