La Casa Rosada otorgó un plazo de dos semanas para frenar las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. De no obtener respuesta, acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar e impulsará denuncias penales por vuelos no autorizados desde Chile.
En un endurecimiento drástico de su política exterior, el Gobierno nacional intimó formalmente este lunes al Reino Unido para que, en un lapso de 14 días, disponga la interrupción inmediata de los trabajos de explotación de hidrocarburos vinculados al proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas.
Por directiva del presidente Javier Milei, la Cancillería y el cuerpo legal del Poder Ejecutivo fueron instruidos para iniciar el proceso de arbitraje estipulado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La medida busca frenar la extracción petrolera en la Cuenca Malvinas Norte y bloquear la adjudicación de nuevas licencias en la Plataforma Continental Argentina.
La advertencia de recurrir al Tribunal de La Haya y el rechazo a la postura británica
Desde el Ejecutivo advirtieron que, en caso de no registrar un cese de las actividades unilaterales al término del plazo, la Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para exigir medidas cautelares y provisionales que preserven los derechos soberanos del país.
«LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras», remarcó el presidente Milei tras la difusión del comunicado oficial.
A su vez, el Gobierno repudió la postura adoptada por la administración británica luego del discurso del mandatario argentino ante la Asamblea General de la ONU, desestimando la terminología colonial y la consulta realizada a los pobladores isleños en 2013:
«La pretendida denominación de las Islas Malvinas como ‘Territorio Británico de Ultramar’ y el referéndum unilateral celebrado en 2013 y no reconocido internacionalmente no alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas», remarcó el documento de la Casa Rosada.
Para respaldar el reclamo, el Ministerio de Relaciones Exteriores invocó la Resolución 2065 (XX) de la ONU —que insta al diálogo bilateral directo— y la Resolución 31/49, que prohíbe modificaciones unilaterales en la zona en disputa mientras no se alcance una solución definitiva.
«La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina», agregaron las autoridades nacionales.
Sanciones penales y diplomáticas por vuelos no autorizados
La ofensiva jurídica abarca además el ámbito aerocomercial. El Gobierno confirmó la detección de vuelos irregulares operados por la firma THALES UK LIMITED en la ruta que conecta la localidad chilena de Punta Arenas con el archipiélago, utilizando una aeronave con matrícula del Reino Unido sin contar con la correspondiente autorización argentina.
Frente a esta infracción, el Jefe de Estado ordenó instruir acciones administrativas y denuncias penales urgentes contra la compañía británica, además de activar las gestiones diplomáticas pertinentes.
«La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional. Las Malvinas son argentinas», concluye el pronunciamiento oficial.