Tras el anuncio oficial del gobierno de Javier Milei sobre la intimación al Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, el canciller Pablo Quirno brindó precisiones acerca del proceso de arbitraje que la administración nacional llevará adelante bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El ministro remarcó que se trata de una medida inédita en la historia diplomática del país.
En diálogo con medios periodísticos, Quirno aclaró que el procedimiento arbitral no aborda de manera directa la disputa histórica de soberanía, sino que se centra estrictamente en la defensa del patrimonio natural de la plataforma continental argentina:
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“Lo que es importante entender es que lo que nosotros estamos sometiendo al Tribunal Internacional de Derecho del Mar es la decisión unilateral de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas; no es por un problema ambiental, es por el saqueo de nuestros recursos”, enfatizó el titular del Palacio San Martín.
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El canciller advirtió que los recursos hidrocarburíferos de la Cuenca Malvinas Norte son no renovables y pertenecen al Estado argentino, por lo que rechazó de plano las determinaciones unilaterales impulsadas por Londres.
El ultimátum de dos semanas y las consecuencias jurídicas
Consultado sobre los plazos y los pasos a seguir tras la notificación oficial enviada este lunes, Quirno explicó que el marco normativo internacional exige otorgarle a la contraparte un plazo de gracia:
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El plazo: Los dos semanas estipuladas por el Ejecutivo corresponden al tiempo otorgado al Reino Unido para frenar voluntariamente las actividades del proyecto Sea Lion.
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Medidas provisionales: De persistir la negativa, la Argentina recurrirá formalmente al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar la paralización de las operaciones mientras se constituye el tribunal arbitral definitivo.
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Obligatoriedad: El funcionario advirtió que los fallos emanados de este proceso son de carácter vinculante: “Si no lo hacen, están violando un tratado del cual ellos forman parte”, sentenció, agregando que las empresas privadas involucradas se exponen a graves sanciones e infracciones al derecho internacional.
Sanciones por vuelos no autorizados y escala regional
En sintonía con el comunicado emitido por la Oficina del Presidente, Quirno también se refirió al conflicto diplomático abierto por las operaciones no autorizadas de la firma británica Thales UK Limited en la ruta aérea entre Punta Arenas (Chile) y las islas Malvinas.
Ante la constatación de vuelos realizados con aeronaves de matrícula británica sin el aval de las autoridades aeronáuticas nacionales, el Gobierno ordenó la apertura urgente de sumarios sancionatorios y denuncias penales, ratificando que la Argentina empleará todas las herramientas jurídicas y administrativas disponibles para custodiar sus fronteras y recursos soberanos.