El Ministerio de Relaciones Exteriores cuestionó la publicación del Reino Unido titulada «Haciendo negocios con las Islas Malvinas», acusando a la administración británica de promover actividades ilegítimas de hidrocarburos.
La gestión de Javier Milei citó a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregar notas de protesta formal y ratificó el uso del rigor legal contra las firmas operadoras.
La tensión diplomática entre la República Argentina y el Reino Unido sumó un nuevo capítulo tras la difusión de una «guía oficial» por parte del gobierno británico destinada a incentivar inversiones comerciales y energéticas en el archipiélago. A través de un duro comunicado emitido por la Cancillería que conduce Pablo Quirno, el Ejecutivo nacional manifestó su más enfático repudio al documento denominado «Haciendo negocios con las Islas Malvinas».
El reclamo surge como respuesta directa al respaldo británico hacia el proyecto petrolero «Sea Lion» en la Cuenca Malvinas Norte, operado por las empresas Rockhopper Exploration Plc (de origen británico) y Navitas Petroleum Lp (de origen israelí), el cual contempla la extracción de recursos no renovables en la plataforma continental argentina.
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— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) September 15, 2026
Protesta formal y severas acciones legales a petroleras
Frente a lo que el Palacio San Martín calificó como una flagrante violación de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU —que prohíbe la introducción de modificaciones unilaterales en el área en disputa—, la Cancillería citó a los embajadores del Reino Unido y del Estado de Israel para hacer entrega en mano de notas de protesta formal.
En el comunicado oficial, el Gabinete nacional subrayó la firmeza del marco regulatorio argentino para proteger los recursos estratégicos:
«La Cancillería argentina manifiesta su más enérgico rechazo a la reciente publicación de la guía británica ‘Haciendo negocios con las Islas Malvinas’, mediante la cual el Reino Unido pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.»
Asimismo, la cartera diplomática remarcó que las leyes nacionales N° 26.659 y 26.915, reforzadas por el Decreto N° 868/2026 y anuncios por Cadena Nacional del presidente Javier Milei, prevén duras penalizaciones para quienes participen en la exploración o explotación sin autorización previa:
«El Estado argentino advierte con absoluta claridad que la legislación nacional se aplicará con todo su rigor. Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y derecho internacional. La Cancillería ya ha enviado cerca de 180 notas de advertencia a personas físicas y jurídicas en 30 países, ha iniciado 60 procedimientos administrativos y realizado tres denuncias penales que abarcan a 10 compañías y a sus directivos.»
La postura británica y el derecho a la autodeterminación
Por su parte, la administración del Reino Unido defendió la publicación del manual económico y justificó el desarrollo hidrocarburífero apelando al principio de autodeterminación de los isleños, desconociendo la jurisdicción de los tribunales argentinos sobre las empresas participantes.
En el documento difundido por las redes oficiales de la diplomacia británica, la administración de ese país ratificó su posición:
«El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación. No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen.»
Pese a la escalada de declaraciones y la vía judicial abierta contra los actores corporativos, la Cancillería argentina concluyó reafirmando su disposición de «entablar un diálogo constructivo y sustantivo con el Reino Unido» para retomar las negociaciones bilaterales conforme a la Resolución 2065 (XX) de la ONU, remarcando que se agotarán todas las instancias institucionales para defender la soberanía del país.