En una resolución de alto impacto que sacude los cimientos del Poder Ejecutivo nacional, la Justicia Federal asestó un golpe demoledor al Ministerio de Economía y a la Jefatura de Gabinete.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, rechazó de plano la apelación presentada por el Gobierno y le otorgó un plazo perentorio e improrrogable de cinco días para que acate de forma efectiva e inmediata la medida cautelar que exige aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
El magistrado consideró totalmente insuficiente la respuesta estatal tras la apelación del pasado viernes, en la que la Casa Rosada alegaba haber cumplido con la normativa vigente. La contundente orden judicial llega justo en el inicio de un paro nacional docente y no docente de 72 horas que paraliza las casas de altos estudios en todo el país.
El juez expone una pérdida salarial del 312% y un acatamiento a medias
El fallo de Cormick exige la aplicación inmediata de los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, enfocados en la recomposición de los haberes del personal y el refuerzo de la ayuda estudiantil. El magistrado determinó que existió apenas un «cumplimiento parcial» del artículo 5°, ya que, si bien el Gobierno convocó a paritarias y liberó algunas órdenes de pago, los montos no contemplaron los índices inflacionarios reales estipulados por la norma.
En un pasaje clave de la resolución, Cormick contrastó las transferencias oficiales con los datos duros del INDEC, los cuales registran una inflación acumulada del 312,19% entre el 1° de diciembre de 2023 y junio de 2026. «No se advierte de las propias respuestas de la parte demandada que se haya alcanzado dicho incremento», sentenció el juez para desarmar los argumentos del Ejecutivo.
Desamparo en las becas y la presión del paro nacional de 72 horas
El fallo judicial fue igualmente severo con el artículo 6°, relativo a los programas de becas para estudiantes. El tribunal remarcó que las autoridades nacionales admitieron haber liquidado fondos únicamente para las Becas Manuel Belgrano, dejando desatendidas y sin cobertura las demás líneas de asistencia. «El cumplimiento informado tampoco alcanza a cubrir lo decidido cautelarmente», remató el magistrado.
Esta estocada judicial coincide con el inicio de la huelga nacional universitaria por 72 horas impulsada por los gremios del sector, los cuales exigen una recomposición salarial urgente del 33,4% y la instrumentación definitiva de la ley. Con el reloj corriendo y apenas cinco días de plazo, el Gobierno queda acorralado entre el mandato de los tribunales y el conflicto sindical.