Un nuevo y encendido capítulo de la batalla política en el Congreso nacional amenaza con derrumbar el corazón normativo de la desregulación económica implementada por el Gobierno.
Luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la Ley de Tierras, las bancadas opositoras en la Cámara de Diputados articulan una maniobra contrarreloj para convocar a una sesión especial y derogar definitivamente el polémico megadecreto, el cual ya había recibido un revés contundente con el rechazo del Senado.
El anuncio disparó de inmediato las alarmas en los despachos de La Libertad Avanza. El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anticipó la avanzada parlamentaria mientras el oficialismo busca desesperadamente contención política y analiza alternativas de «blindaje» técnico para sostener la vigencia de la norma.
Un fallo clave sobre la Ley de Tierras y la estrategia para conseguir quórum
La nueva arremetida opositora cobró fuerza tras la decisión del máximo tribunal de revocar el fallo que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, el cual había derogado el artículo 7 de la Ley de Tierras Rurales levantando los límites para la venta de inmuebles rurales a extranjeros. La controversia estalló de manera explícita durante el plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal donde se debatía el proyecto de Soberanía de las Islas Malvinas.
Para garantizar la apertura del recinto la próxima semana, la oposición afina números de forma quirúrgica. Unión por la Patria cuenta con 92 bancadas, a las que suma el apoyo de los 5 diputados del Frente de Izquierda, más los bloques de la Coalición Cívica, peronistas puntanos, Coherencia y Defendamos Córdoba. Además, intentan sumar voluntades dentro de los 18 integrantes de Provincias Unidas y sectores de la UCR. «Tenemos dos balas y no diez, tenemos que estar seguros de tener quórum y los votos para derogar el DNU», confesó un legislador nacional. El planteo sumó además el explícito respaldo del senador radical Martín Lousteau, quien ratificó el carácter inconstitucional de la medida.
Los planes del oficialismo para proteger las reformas económicas
Con el propósito de proteger la arquitectura normativa que permitió abrogar ordenamientos históricos como la Ley de Alquileres y la Ley de Góndolas, el oficialismo evalúa distintas variantes de rescate. Entre las opciones en carpeta se contempla modificar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada aprobado en el Senado o impulsar una nueva iniciativa parlamentaria que mantenga las reglas sobre tierras rurales junto a sus aliados estratégicos.
Para evitar el desplome de la norma, los libertadores buscan cerrar filas con referentes del PRO, la UCR, Provincias Unidas y diversos espacios provinciales. Esta disputa se desarrolla en un contexto económico sensible para el Poder Ejecutivo, resentido tras confirmarse una caída de la inversión real del 5,4% durante el mes de agosto.