A más de un año de la trágica crisis provocada por la contaminación de un lote de fentanilo —que dejó un saldo letal de 90 muertos confirmados y 44 personas gravemente afectadas por el ingreso de una bacteria en la planta del Laboratorio Ramallo—, el Ejecutivo nacional avanza de manera decidida para cerrar uno de los capítulos más oscuros de la salud pública reciente.
Con el objetivo de evitar que un evento de esta magnitud vuelva a repetirse, la estrategia gubernamental combina un fuerte impulso legislativo, auditorías internas y una profunda reestructuración en los organismos de control de fármacos.
Blindaje a los fármacos y la mira puesta en el control estatal
El eje central de la ofensiva oficial es el proyecto para crear el Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, una iniciativa pulida con aportes técnicos del Ministerio de Salud que encabeza Mario Lugones. El texto, impulsado en la Cámara de Diputados con la firma de Silvana Giudici (La Libertad Avanza), logró dictamen favorable durante la última semana. Su foco prioritario estará puesto en la trazabilidad estricta de medicamentos de alto riesgo, buscando erradicar el histórico cruce de acusaciones entre organismos públicos, como el ocurrido en 2025 entre la ANMAT y el Ministerio de Seguridad ante las fallas de fiscalización.
La puesta en marcha de este nuevo sistema reactiva además la polémica en torno al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En pleno pico de la crisis, el funcionario cuestionó fuertemente el rol del ente regulador y la gestión de su entonces titular, Nélida Agustina Bisio, al señalar: «El ANMAT dice ‘yo voy a cuidar los medicamentos’ y falló porque el señor del laboratorio era un amigo del poder. Entonces, el ANMAT me desprotegió». Incluso llegó a deslizar en su momento que «si no estaba el ANMAT, yo hubiera hablado con mi médico y me hubiera cuidado mejor».
Purga en ANMAT, reformas en el INAME y avance en la Justicia
Junto con el camino parlamentario, el Gobierno prepara importantes anuncios para las próximas semanas orientados a profesionalizar y transformar la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Ambas entidades quedaron sumergidas en el ojo de la tormenta luego de que sus ex directivas, Nélida Agustina Bisio y Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, resultaran procesadas en la causa judicial que investiga la adulteración del medicamento.
En el plano judicial, la causa conducida por el juez federal Ernesto Kreplak busca determinar las responsabilidades penales de la tragedia sanitaria. El expediente apunta centralmente hacia Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo S.A., las firmas elaboradoras del lote contaminado. El empresario se presentó el último jueves ante la Cámara Federal de La Plata para apelar la ampliación de su procesamiento y el de otros 13 implicados en la causa.