En un movimiento político que sacudió la interna oficialista, la senadora libertaria y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, marcó una contundente distancia respecto al presidente Javier Milei al repudiar abiertamente la condena judicial impuesta a un equipo periodístico por grabar en la provincia de Formosa.
Con un duro mensaje, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza apuntó contra el gobernador formoseño Gildo Insfrán y sentenció de manera categórica que «la libertad de prensa se respeta», contradiciendo la postura celebratoria expresada horas antes por el propio Jefe de Estado.
Fuerte choque interno: Bullrich cuestiona el modelo formoseño mientras Milei festeja
El contrapunto dentro del espacio oficialista estalló tras la difusión de la sentencia dictada por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, a cargo del juez Omar Padilla. La resolución sancionó a la cronista Micaela Urdinez, al camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, al sonidista Joaquín Rajadel y al director audiovisual Javier Federico Corbalán a «cinco días de arresto», pena que puede ser convertida en una multa pecuniaria de 282.550 pesos para cada uno de los involucrados.
A diferencia del Presidente, quien mediante sus redes sociales arremetió con dureza contra los profesionales de los medios calificándolos de «basuras inmundas con micrófono» que juegan a favor de «los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas» cerrando con un «CIAO!», Bullrich salió al cruce del accionar judicial y político en el norte argentino.
A través de su cuenta en la red social X, la legisladora lanzó duras críticas contra la gestión del mandatario provincial: “En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta. Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco”.
Una cobertura en la comunidad originaria que terminó con arrestos
El origen del conflicto se remonta a una cobertura realizada en septiembre de 2025 en la comunidad originaria San José, ubicada en la zona de Las Lomitas. El equipo trabajaba en el proyecto audiovisual “Hambre de Futuro”, impulsado por el diario La Nación, con el objetivo de entrevistar a los pobladores y registrar sus condiciones cotidianas de vida.
Durante la labor en el territorio, los trabajadores de prensa fueron interceptados de manera intempestiva por efectivos de la Policía provincial y trasladados a una dependencia policial local. En la comisaría permanecieron demorados durante aproximadamente dos horas mientras se los notificaba de una causa en su contra. La denuncia original había sido firmada por el cacique de la comunidad, Guillermo López, quien más tarde admitió públicamente que desconocía por completo el contenido del escrito que le hicieron rubricar las autoridades.
El controvertido fallo que exige «carnet» para ejercer el periodismo
La Sentencia N° 351/2026 fundamentó el castigo argumentando que los comunicadores violaron el artículo 73 del Código de Faltas de la provincia de Formosa. De acuerdo con el criterio del juez Padilla, el equipo incurrió en una infracción al desarrollar tareas informativas sin contar con la autorización previa exigida por la normativa local y por carecer de un carnet habilitante para el ejercicio periodístico dentro del territorio provincial.
Esta fundamentación encendió las alarmas de los principales organismos del sector. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresaron un enérgico rechazo institucional ante el dictamen judicial, alertando sobre los peligros que implica sancionar el trabajo informativo. Desde ADEPA remarcaron con firmeza que en la República Argentina no existe norma alguna que exija licencia, matrícula o permiso estatal para ejercer la labor periodística, en tanto que FOPEA advirtió que este tipo de medidas sienta un antecedente gravísimo de criminalización directa de la actividad informativa.