Una masiva ola de indignación sacude a los municipios de todo el país tras confirmarse la quita de las tarifas subsidiadas de gas para las regiones de climas rigurosos.
La Federación Argentina de Municipios (FAM) alzó la voz con dureza y lanzó un tajante rechazo a la modificación del Régimen de Zonas Frías impulsada en el Senado por la gestión de Javier Milei, advirtiendo que la medida desencadenará una crisis económica sin precedentes en millones de hogares.
La organización, que conglomera la representación de más de 500 intendentes e intendentas a nivel nacional, calificó la decisión oficial como una embestida directa contra el sustento familiar en un escenario atravesado por aumentos constantes en los servicios básicos.
«Un golpe directo al bolsillo»: El fuerte documento de los intendentes
El comunicado difundido por la FAM dejó en claro que la eliminación de estas tarifas diferenciales castigará duramente a la población expuesta a bajas temperaturas. La entidad remarcó que la norma derogada funcionaba como un mecanismo de reparación histórica para compensar el mayor consumo energético que imponen las bajas temperaturas.
Desde la institución enfatizaron que la eliminación de esta protección generará un “enorme daño a millones de usuarios de gas”, justamente en un marco dominado por boletas que ya resultan “impagables” y ante la inminencia de “inviernos muy rigurosos” que obligan a mantener encendida la calefacción de manera constante.
Anulación de derechos adquiridos y resistencia municipal
El posicionamiento de los jefes locales apuntó directamente contra la pérdida de conquistas sociales básicas. Para la Federación, la quita del subsidio borra de un plumazo “un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”, afectando el presupuesto de las familias trabajadoras.
El comunicado de la entidad gremial municipalista llevó la firma de su presidente, Fernando Espinoza, acompañado por los vicepresidentes Lorenzo Smith y Juan Manuel García. En el tramo final del documento, las autoridades reafirmaron su postura combativa: “Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”.