Un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas advierte que, pese a la liberación de detenidos políticos y un menor número de arrestos desde enero, las instituciones responsables de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad continúan operando
El documento elaborado por el organismo de control de la ONU analiza la coyuntura del país tras la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 y la captura del expresidente Nicolás Maduro.
Las conclusiones centrales sobre el aparato estatal y los grupos paramilitares señalan:
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Sistemas e instituciones vigentes: La reducción de detenciones de larga duración y desapariciones forzadas no implica una transformación del sistema represivo, el cual mantiene intactas sus leyes de criminalización de la disidencia.
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Continuidad de funcionarios: Al menos 19 altos funcionarios previamente identificados por su implicación en graves violaciones a los derechos humanos continúan en puestos clave de los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad.
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Financiamiento estatal a colectivos: La Misión halló evidencia de respaldo político, logístico, financiero y suministro de armas de fuego, municiones, vehículos y equipos de comunicación a grupos armados civiles progubernamentales, los cuales no han sido desarmados.
Torturas a presos políticos y condiciones de reclusión
La investigación documentó 64 nuevos casos de tortura posteriores al 3 de enero de 2026 en distintos centros de detención del país, incluyendo muertes bajo custodia por falta de asistencia médica adecuada, como el caso del comerciante Víctor Quero Navas.
Entre las prácticas y recintos inspeccionados por la Misión de la ONU destacan:
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Centro Penitenciario El Rodeo I: Se constataron métodos de intubación forzada y confinamiento en la «máquina del tiempo», una cisterna subterránea sellada de aislamiento prolongado.
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Instalación Militar Fuerte Guaicaipuro: Se comprobó el encierro de personas en celdas subterráneas tipo fosa, sometimiento a bajas temperaturas y privación de alimentos.
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Petición de justicia transicional: Sofía Macher y María Eloísa Quintero, integrantes de la Misión, instaron al Estado venezolano a desmantelar la estructura de persecución, garantizar la independencia judicial y fijar un marco de justicia transicional centrado en las víctimas.