La Casa Rosada prepara modificaciones en el protocolo de protección marítima dentro de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El proyecto busca acortar los pasos administrativos y la secuencia de decisiones previa al uso de la fuerza contra buques extranjeros que desobedezcan las órdenes en la Zona Económica Exclusiva (ZEE).
En el marco de la revisión de las estrategias de custodia de los recursos naturales y la soberanía en el Atlántico Sur, el Poder Ejecutivo trabaja en una reforma integral para flexibilizar y agilizar los procedimientos de interceptación, persecución y eventual empleo de la fuerza en el Mar Argentino.
La propuesta, que forma parte del capítulo de protección marítima de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, toma como referencia la lógica del protocolo de protección aeroespacial. La meta oficial es simplificar el esquema de toma de decisiones que va desde la detección e intimación hasta la persecución, el abordaje y la ejecución de disparos de invalidación sobre embarcaciones infractoras.
Alcance contra la pesca ilegal y protocolo vigente
Fuentes vinculadas a la elaboración del proyecto confirmaron que la normativa no estará acotada exclusivamente a hipótesis de conflicto militar o amenazas externas. El nuevo marco regulatorio podrá aplicarse de manera directa sobre pesqueros extranjeros que operen ilegalmente dentro de la ZEE y se nieguen a acatar las órdenes de las autoridades nacionales.
Actualmente, la República Argentina cuenta con herramientas operativas para combatir la pesca no declarada. Desde 2018 rige un protocolo específico para la Prefectura Naval Argentina frente a infracciones a la Ley Federal de Pesca. Dicho esquema establece una secuencia gradual basada en cinco principios rectores: legalidad, oportunidad, último recurso, gradualidad y proporcionalidad.
Cadena de mando, tipificación penal y reequipamiento para 2027
Uno de los puntos clave en discusión técnica es la delimitación de competencias entre la Prefectura Naval Argentina, la Armada Argentina y el Comando Conjunto Marítimo. El Ejecutivo evalúa definir con precisión en qué supuestos las intervenciones mantendrán un carácter estrictamente policial y en qué momento escalarán al ámbito de la Defensa Nacional.
En paralelo, en sectores navales se analiza la posibilidad de endurecer las sanciones jurídicas para que la pesca ilegal deje de ser tramitada de forma exclusiva como una falta administrativa e incorpore la tipificación como delito penal.
El debate normativo coincide con las proyecciones del Presupuesto 2027, que contempla una importante asignación de recursos para la vigilancia del Atlántico Sur:
-
Inversión en Defensa: Autorización para operaciones de crédito de hasta US$ 1.200 millones destinados a la adquisición de dos fragatas multimisión y US$ 2.300 millones para tres submarinos convencionales.
-
Presupuesto de Prefectura: Asignación de $1,038 billones enfocados en la modernización de medios navales, aéreos, tecnológicos y el fortalecimiento del Sistema Guardacostas.
Esta iniciativa de protección marítima avanzará en simultáneo con las gestiones para la desregulación del transporte y la actividad portuaria, un paquete que abarca cabotaje y practicaje y que genera atentos reparos en los gremios del sector marítimo.