La iniciativa contempla penas de hasta 15 años de prisión —que pueden elevarse a 25 en caso de muerte por daños ambientales severos— para incorporar los delitos contra el ambiente al Código Penal. Tras obtener dictamen en el Senado, la senadora nacional por Chubut Edith Terenzi aceptó revisar las definiciones técnicas ante los cuestionamientos de las industrias petrolera y agropecuaria.
La senadora nacional por Chubut Edith Terenzi salió al cruce de las advertencias planteadas por distintos sectores productivos y garantizó que revisará la redacción del proyecto que busca tipificar la figura de «ecocidio» en el Código Penal. La iniciativa, que prevé penas de hasta 15 años de cárcel (y hasta 25 años si se producen muertes como consecuencia de daños irreversibles en los ecosistemas), logró dictamen en un plenario de comisiones de la Cámara Alta tras dos años de trabajo técnico, pero generó reparos en la actividad energética y rural.
En declaraciones radiales a Actualidad 2.0, la legisladora explicó la necesidad de contar con una tipificación autónoma dentro de la legislación penal argentina:
«Lo que nosotros pretendemos es que exista un capítulo en el Código Penal de la Nación que se dedique pura y exclusivamente a delitos graves contra el ambiente.»
Actualmente, el ordenamiento jurídico sanciona faltas ambientales de manera indirecta o fragmentada a través de normas como la Ley de Residuos Peligrosos o contravenciones locales. El proyecto de Terenzi busca que el ambiente sea considerado en sí mismo como el bien jurídico protegido de forma directa.
Objeciones del sector petrolero y el debate por Vaca Muerta
Pese a contar con dictamen favorable, la senadora resolvió no llevar la iniciativa al recinto en la última sesión para abrir una instancia de diálogo con las Cámaras empresarias y legisladores de La Libertad Avanza que solicitaron revisar su acompañamiento.
El punto central del reclamo corporativo pasa por la ambigüedad en los términos legales de la iniciativa. Sectores del crudo y el agro manifestaron sus dudas sobre los alcances de nociones como «daño grave» o «daño trascendente», advirtiendo que la falta de precisión técnica podría derivar en inseguridad jurídica e inhibir inversiones de envergadura. El debate sumó repercusión pública tras la postura del exsecretario de Energía Daniel Montamat, quien advirtió que con una norma de este tipo Vaca Muerta no se habría desarrollado.
Ante estas objeciones, Terenzi se mostró abierta a introducir modificaciones en el articulado antes de someterlo a votación:
«No me interesa llevar de prepo un dictamen firmado al recinto si hay gente que cree que le va a perjudicar. Me estoy reuniendo con algunos sectores, con el sector del petróleo, para buscar una formulación sin llegar a ningún fundamentalismo, sin prohibir la producción.»
El impacto en los pasivos ambientales de Comodoro Rivadavia
Uno de los puntos clave para la provincia de Chubut es el impacto que la nueva ley tendría sobre los pasivos ambientales históricos generados por décadas de explotación petrolera en Comodoro Rivadavia.
Consultada sobre si las empresas u operadoras podrían ser perseguidas penalmente de forma automática por la existencia de pozos o piletas inactivas, la senadora aclaró que la mera existencia del pasivo no constituye delito:
«No tenemos visto de esa manera el pasivo ambiental, salvo que ese pasivo ambiental esté produciendo un daño grave en algún ecosistema, ya sea marino o terrestre.»
De esta manera, la discusión en el Senado quedará supeditada a fijar con precisión los límites jurídicos entre una falta contravencional o administrativa y una conducta con relevancia penal, evitando un impacto negativo en la previsibilidad de los contratos productivos de largo plazo.