Dirigentes de primer nivel de la oposición se reunieron para trazar una estrategia de emergencia con la mira en 2027. La propuesta contempla recomposición salarial, reactivación masiva de la obra pública y un plan estatal para la compra y refinanciación de deudas familiares.
De cara a los próximos desafíos electorales y ante la mirada puesta en un eventual retorno al Poder Ejecutivo en 2027, los principales referentes del peronismo comenzaron a delinear un plan de emergencia económica diseñado para aplicarse durante los primeros tres meses de gestión en caso de imponerse al presidente Javier Milei.
El proyecto de medidas de shock comenzó a articularse en un encuentro de alto nivel político que reunió al exministro de Economía Sergio Massa, al gobernador bonaerense Axel Kicillof, al diputado Máximo Kirchner, junto a gobernadores provinciales y los titulares de los bloques parlamentarios del Congreso de la Nación.
«Una respuesta inmediata»: el diagnóstico de la mesa política
Durante el cónclave, los armadores del espacio coincidieron en la urgencia de contar con un programa técnico listo para ejecutar sin dilaciones desde el primer día de mandato.
«La gente nos va a exigir que demos una respuesta inmediata si le ganamos a Milei y llegamos al gobierno», advirtió a LPO uno de los dirigentes presentes en la cumbre.
Bajo esa premisa, el arco opositor apunta a la confección de un plan de shock enfocado en la contención social y el consumo interno. «Tenemos que tener un plan de emergencia», sintetizaron en los pasillos de la dirigencia para justificar el desarrollo del programa de los «primeros cien días».
Los tres ejes clave: ingresos, obra pública y desendeudamiento
El borrador en discusión articula medidas concretas estructuradas en tres pilares fundamentales:
-
Recomposición de ingresos y pacto de precios: El plan contempla subas extraordinarias para salarios, jubilaciones y pensiones por discapacidad. Esta inyección de liquidez estaría sujeta a un acuerdo amplio con sectores empresariales para frenar la remarcación de precios y evitar un rebrote inflacionario.
-
Reactivación de la obra pública: Se proyecta un plan nacional que abarque la terminación de entre 8.000 y 9.000 obras públicas paralizadas por la administración central. El programa tendría una impronta descentralizada, priorizando obras pequeñas a nivel municipal para dinamizar el empleo local.
-
Rescate estatal de deudas familiares: Frente a la problemática de morosidad, se analizó una iniciativa económica basada en que el Estado compre a las entidades bancarias las deudas familiares catalogadas en situación 4 y 5 (riesgo alto e incobrables), con opción de extender el beneficio a la categoría 3 (riesgo medio).
Según fundamentaron economistas consultados por los dirigentes, estas carteras podrían adquirirse a un valor cercano al 40% de su monto nominal, lo que permitiría al Estado refinanciar los saldos a largo plazo y a tasa cero sin demandar una erogación presupuestaria desmedida.