La Cámara Federal ordenó que el Juzgado N°12 concentre las denuncias contra petroleras para resguardar la soberanía.
En una resolución de alta trascendencia institucional y estratégica para la política exterior argentina, la Cámara Federal de la Capital Federal determinó que dos de las principales denuncias promovidas por el Gobierno nacional por la explotación ilegal de petróleo en las Islas Malvinas tramiten de manera conjunta.
Acumulación de causas en el Juzgado N°12 para defender la soberanía
La decisión judicial busca unificar criterios procesales y evitar «pronunciamientos contradictorios» sobre un asunto clave que atañe de forma directa al reclamo histórico e irrenunciable de soberanía sobre el archipiélago atlántico.
A través de un fallo firmado por el juez Eduardo Farah se resolvió un conflicto de competencia, disponiendo que los expedientes identificados bajo las carátulas CFP 4493/2026 y CFP 4437/2026 queden concentrados en el Juzgado Federal N°12, actualmente subrogado por el magistrado Julián Ercolini.
La primera de las presentaciones fue radicada por la Cancillería argentina contra la firma petrolera británica Desire Petroleum a raíz de las maniobras de exploración y extracción hidrocarburífera en el yacimiento Sea Lion, mientras que la segunda acción judicial se dirige contra otra compañía por idénticas actividades clandestinas en la plataforma continental sin autorización estatal.
Los argumentos del juez Farah y el impacto en la política exterior
Aunque en un principio el juez Ercolini rechazó la competencia para absorber ambas actuaciones, el camarista Farah fundamentó que la «similitud esencial de los objetos procesales de ambas causas determina la pertinencia de su acumulación». En su dictamen, remarcó que las maniobras denunciadas en los dos expedientes constituyen distintas facetas de un mismo fenómeno: la puesta en marcha de emprendimientos económicos en áreas contiguas a las Islas Malvinas sobre la base de licencias que la Argentina considera absolutamente ilegítimas.
El magistrado hizo especial hincapié en la necesidad de blindar la posición del país en el fuero penal. Farah argumentó que, al estar en juego los derechos sobre el territorio insular, «siendo su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía en ellas un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, la necesidad de evitar pronunciamientos contradictorios cobra aquí una particular importancia, en virtud de las eventuales repercusiones de lo que se resuelva pueda tener en la política permanente del Estado argentino sobre el asunto».