Un estremecedor episodio de violencia de género ocurrido en el interior chubutense es investigado por la Justicia de Sarmiento, luego de que una mujer denunciara haber permanecido cautiva, amenazada y sometida a agresiones físicas y sexuales por parte de su expareja dentro de una estancia ubicada en la zona rural de Ricardo Rojas.
La pesadilla comenzó el pasado 24 de octubre, fecha en la que la víctima viajó desde Comodoro Rivadavia acompañada por el imputado, un hombre de 44 años sobre quien ya pesaba una medida judicial de prohibición de acercamiento vigente.
Cinco días después, el 29 de octubre, luego de mantener una fuerte discusión dentro del predio rural, la mujer tomó la decisión de escapar a pie y logró caminar alrededor de 8 kilómetros con la intención de alejarse del establecimiento. No obstante, según consta en la acusación fiscal, el agresor salió a buscarla en una camioneta, la interceptó en pleno camino y la obligó por la fuerza a regresar al campo.
Un llamado desesperado y el rescate policial en la Ruta 26
El desenlace de este calvario llegó recién al día siguiente, cuando la víctima consiguió comunicarse telefónicamente con su abogada en Comodoro Rivadavia para pedir auxilio de manera desesperada. Con esa alerta en marcha, la Policía desplegó un rápido operativo cerrojo sobre la Ruta Nacional 26 y logró interceptar la camioneta del sospechoso justo en el acceso a la localidad de Sarmiento. En ese instante, la mujer descendió del rodado y solicitó ayuda directa a los uniformados.
Cinco graves imputaciones y el debate por las perimetrales
Tras el rescate, el Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación penal preparatoria contra el acusado por cinco delitos: privación ilegítima de la libertad, desobediencia judicial, amenazas, abuso sexual simple y lesiones agravadas en contexto de violencia de género.
Por su parte, el juez Alejandro Rosales declaró legal la detención del hombre de 44 años y habilitó la apertura formal de la investigación judicial. El caso vuelve a encender las alarmas en la provincia sobre la urgencia de garantizar mecanismos reales de resguardo para las víctimas y el control efectivo sobre las órdenes de restricción.