El Gobierno nacional oficializó este lunes la destitución de Marta Elena Castañón, quien se desempeñaba como titular de dos registros automotores en la provincia de Buenos Aires, tras detectarse un millonario perjuicio al Estado que asciende a $117,2 millones.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Justicia a través de la resolución 551/2026, publicada en el Boletín Oficial, la cual también instruye el inicio de acciones legales para recuperar los fondos.
Castañón era la responsable jurídica del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Lomas de Zamora N° 5 y del Registro Seccional con Competencia Exclusiva en Motovehículos Letra A. De acuerdo con la investigación administrativa, las irregularidades se cometieron de manera sistemática entre julio de 2024 y febrero de 2025.
El origen de la deuda y el informe de la SIGEN
El sumario administrativo, iniciado en agosto de 2025 a partir de auditorías de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA), comprobó que la exfuncionaria incumplió con su obligación legal de transferir a la administración central los remanentes mensuales de recaudación correspondientes a las liquidaciones salariales.
El detalle de los saldos impagos acumulados mes a mes muestra los siguientes montos:
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Julio de 2024: $10.365.253,33
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Agosto de 2024: $18.994.258,14
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Septiembre de 2024: $10.000.000,00
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Octubre de 2024: $7.539.315,27
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Noviembre de 2024: $7.349.674,10
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Diciembre de 2024: $8.459.372,65
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Enero de 2025: $10.000.000,00
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1 al 17 de febrero de 2025: $858.587,17
Si bien el capital original retenido equivalía a $73.566.460,66, un informe complementario elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) actualizó la deuda patrimonial al 15 de septiembre de 2026, elevándola a más de $117,2 millones con más los intereses acumulados hasta su efectivo reintegro.
Acciones judiciales y causa penal
En paralelo a su desplazamiento como funcionaria, la resolución del Ministerio de Justicia ordena activar todos los mecanismos legales para embargar y recuperar el dinero defraudado.
Por otro lado, el caso tramita en la órbita de la Justicia Federal. La causa penal se encuentra radicada en el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° 2 (Secretaría Penal N° 6) bajo el Expediente N° FLP 3431/2025, caratulada preventivamente como delito de defraudación.
En el plano administrativo, la exresponsable de los registros cuenta con un plazo de 20 días hábiles para interponer un recurso de reconsideración, o bien de 30 días hábiles para presentar un recurso jerárquico.
