El Ejecutivo extendió por más de cuatro meses el contrato de operación de la central hidroeléctrica de Chubut. La medida alcanza a otras diez represas del país mientras se prepara una nueva licitación.
La central hidroeléctrica Futaleufú continuará siendo operada por la empresa que actualmente administra el complejo, luego de que el Gobierno nacional resolviera extender el plazo de concesión hasta el 30 de abril de 2027. La decisión posterga nuevamente la definición sobre quién estará a cargo de uno de los principales emprendimientos energéticos de Chubut.
La medida forma parte de una prórroga que alcanza a once centrales hidroeléctricas del país cuyos contratos se encuentran vencidos o atraviesan un proceso de renovación. El objetivo es garantizar la continuidad operativa de los complejos mientras se avanza con el esquema de licitaciones para seleccionar a los próximos concesionarios. La extensión fue establecida mediante el Decreto 1349/2026, firmado este miércoles por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. De esta manera, la Nación amplió por más de cuatro meses el período de transición que, en el caso de Futaleufú, tenía como fecha límite el próximo 15 de diciembre.
Futaleufú, la central de mayor potencia entre las alcanzadas
Dentro del conjunto de instalaciones incluidas en la disposición nacional, Futaleufú se destaca por su capacidad de generación. Con una potencia instalada de 560 megavatios, es la central de mayor capacidad entre las once alcanzadas por la prórroga y concentra cerca de la mitad de la potencia total comprendida en la medida.
Actualmente, la operación está en manos de Hidroeléctrica Futaleufú, cuyo paquete accionario se distribuye entre Aluar, que posee el 60,2%; la Provincia del Chubut, con el 33,51%, y otros accionistas, que reúnen el 6,29% restante.
Sin embargo, la extensión del contrato no implica que las empresas puedan continuar operando sin cumplir nuevas condiciones. El decreto establece que las actuales concesionarias deberán formalizar su adhesión a los términos fijados por el Estado nacional dentro de los siete días posteriores a la entrada en vigencia de la norma.
Entre las exigencias se encuentra la renuncia a reclamos administrativos y judiciales relacionados con el período de transición, además del compromiso de no iniciar nuevas acciones legales contra el Estado por situaciones que se produzcan durante la prórroga. Esta condición también comprende posibles presentaciones de los accionistas de las compañías. Asimismo, las empresas deberán conservar las garantías de cumplimiento contractual y mantener la prestación del servicio de acuerdo con las obligaciones establecidas en los contratos vigentes.
La Nación prepara una nueva licitación
En paralelo, el Gobierno nacional avanzará con el procedimiento para definir quiénes estarán a cargo de las centrales hidroeléctricas una vez finalizada esta etapa transitoria. La Secretaría de Energía tendrá la responsabilidad de elaborar los pliegos, convocar a licitaciones nacionales e internacionales, evaluar las propuestas, adjudicar las concesiones y concretar la firma de los nuevos contratos.
Por el momento, el decreto no establece fechas concretas para el lanzamiento de los concursos ni precisa cuáles serán las condiciones definitivas de los futuros acuerdos. Tampoco se detallaron los plazos de las próximas concesiones, las inversiones que deberán afrontar las empresas adjudicatarias o los cánones que tendrán que pagar al Estado.
De esta manera, Futaleufú continuará funcionando bajo la actual administración durante los próximos meses, mientras se mantiene abierta una discusión clave para Chubut: el futuro de la concesión de uno de sus principales activos energéticos.