La Justicia federal sacudió a la Patagonia e interrumpió la calma en la provincia de Santa Cruz con una batería de más de 20 allanamientos simultáneos que incluyeron una propiedad clave del empresario Lázaro Báez en El Calafate.
Los procedimientos masivos, autorizados y dirigidos por el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez, se iniciaron el lunes en el marco de dos causas conexas de alta complejidad que entrelazan el tráfico sistemático de cocaína con maniobras sistemáticas de lavado de activos.
La conexión narco: camiones y entregas en un lavadero
La primera línea de investigación apunta a desarticular una red criminal dedicada al transporte y distribución de estupefacientes en territorio santacruceño. Las maniobras ilícitas se desarrollaban al menos desde diciembre de 2025 mediante la utilización de camiones pertenecientes a una firma de transportes.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal señala que la logística de acopio y logística final estaba conducida por dos hombres. Uno de los sospechosos operaba como responsable de un lavadero de vehículos, establecimiento que habría sido utilizado como fachada operativa para efectuar la entrega final de la droga.
El nexo con Lázaro Báez y las maniobras de lavado de dinero
El avance de las pesquisas sobre el tráfico de estupefacientes derivó en la apertura de un segundo expediente judicial que salpica en forma directa a Lázaro Báez, quien actualmente cumple condena en prisión. La Fiscalía Federal de Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) sostienen que una estructura encabezada por el empresario se dedicaba a administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito sustraídos del cumplimiento de sus condenas.
El nexo fundamental que une ambas expediciones judiciales radica en que uno de los presuntos integrantes clave de la estructura atribuida a Báez actuaría, en paralelo, como la cabeza de la organización delictiva dedicada al narcotráfico.
Despliegue en Santa Cruz y Buenos Aires con medidas patrimoniales
Los operativos abarcaron más de veinte registros en domicilios urbanos de Río Gallegos, El Calafate y emblemáticas estancias de la provincia de Santa Cruz tales como Alquinta y La Entrerriana, además de diversas propiedades situadas en la provincia de Buenos Aires. Del amplio despliegue participaron efectivos de la división Narcocriminalidad e Investigaciones de la Policía de Santa Cruz, personal de la Prefectura Naval Argentina y unidades de la Gendarmería Nacional.
Durante los procedimientos, los uniformados secuestraron estupefacientes, abundante documentación de interés para la causa y vehículos. Asimismo, la Justicia dictó estrictas medidas cautelares patrimoniales y dispuso el levantamiento del secreto bancario y fiscal de todos los investigados.