Un sacudón institucional sin precedentes sacude al Poder Judicial de la provincia.
En un movimiento estratégico que tomó por sorpresa al ámbito político y jurídico, un cuestionado magistrado decidió dar un paso al costado en el momento más crítico de su carrera. La sorpresiva dimisión frenó de manera drástica el proceso institucional que amenazaba con destituirlo de su cargo, dejando al descubierto graves sospechas sobre su accionar y un tenso historial de enfrentamientos en los altos mandos de la provincia.
¡Portazo de último momento! El juez Claudio Petris evitó el juicio político
A solo 10 días de que comenzara el jury de destitución en su contra, el juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel, Claudio Petris, presentó su renuncia formal ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). El juzgamiento estaba programado para desarrollarse durante los días 16, 17 y 18 de noviembre en la ciudad de Rawson, donde el magistrado debía responder por graves acusaciones vinculadas a un presunto enriquecimiento injustificado, posibles irregularidades financieras, abuso de poder y conflicto de intereses.
Las fuertes sospechas se tradujeron en una denuncia impulsada ante el Consejo de la Magistratura por el fiscal de Estado de la provincia, Andrés Meiszner, luego de que trascendieran públicamente diversas versiones periodísticas sobre el controvertido desempeño del camarista durante los últimos años.
Abuso de poder y suspensión: el polémico trasfondo del camarista de Esquel
La figura de Claudio Petris ya había quedado sumergida en el centro del escarnio público a mediados de 2025. En aquel momento, mientras se desempeñaba como presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chubut, protagonizó un duro choque institucional al enfrentar decisiones directas del STJ e incluso amenazar con denunciar penalmente a sus ministros, acciones que posteriormente terminaron desestimadas por el Ministerio Público Fiscal.
Tras la denuncia formal en el Consejo de la Magistratura, el cuerpo abrió un sumario investigativo que derivó en la elevación de la causa a juicio político en octubre de 2025. Ante la gravedad de los cargos, el camarista que ya había solicitado una licencia fue suspendido preventivamente de sus funciones por el Tribunal de Enjuiciamiento en diciembre de ese mismo año, culminando ahora su ciclo con una renuncia que evita el veredicto destitutorio.