Marcela Pagano acudió a la Justicia Federal por la carpa VIP de 4.000 invitados y sospechas de corrupción en millonarios contratos.
Las repercusiones por la visita del Sumo Pontífice a la Argentina escalaron hacia un inesperado e hirviente terreno judicial.
Una diputada presentó una denuncia por el VIP en la misa del Papa León XIV
La diputada nacional Marcela Pagano presentó dos denuncias penales solicitando que la Justicia investigue a fondo las presuntas irregularidades en la organización y logística de las presentaciones oficiales del papa León XIV en el país.
El foco de la controversia está puesto en el escandaloso montaje de un sector VIP exclusivo habilitado para alrededor de 4.000 personas durante la masiva misa oficiada el pasado 9 de noviembre en el predio de Palermo, así como en la llamativa contratación directa de la empresa encargada del evento.
El primer escrito apunta de manera directa contra funcionarios del Gobierno nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la posible comisión del delito de abuso de autoridad. Pagano remarcó que dicho sector preferencial contaba con carpas especiales,catering de alta gama y acomodadores contratados dentro del pliego adjudicado a la firma DF Entertainment S.A. por un monto global de $8.690.000.000.
Según la presentación, se habría beneficiado indebidamente con fondos públicos a personas que no ejercían función pública ni integraban delegaciones diplomáticas o eclesiásticas, citando como testigos a figuras mediáticas como Pampita, Yanina Latorre, Valeria Mazza y Claudia Villafañe.
Contrataciones directas, vínculos con Martín Menem y la actuación de los juzgados
Más allá de la controversia por los privilegios en la carpa VIP, la legisladora presentó una segunda denuncia penal centrada en la modalidad de contratación de la productora DF Entertainment, adjudicada bajo el argumento de contratación directa por urgencia para la misa y la posterior vigilia.
En su presentación, Pagano remarcó que debe determinarse si la urgencia invocado obedeció a razones objetivas o a la propia inactividad y demora intencional de los funcionarios encargados del proceso de licitación, aclarando que una «urgencia creada por la inacción no habilita la excepción legal».
Asimismo, el escrito solicita que se investiguen los delitos de malversación de caudales públicos, peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Un punto neurálgico del reclamo exige auditar la subcontratación de la firma Tech Security para la seguridad privada del evento y de Purgato S.A. para las tareas de limpieza, dos compañías vinculadas a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para constatar si existieron influencias o tráfico de influencias por parte de funcionarios públicos. Las causas recayeron en el Juzgado Federal N° 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, y en el Juzgado Federal N° 7 del juez Sebastián Casanello.