El avance del juicio Hotesur-Los Sauces sumó este viernes un capítulo de alto voltaje judicial y político en los tribunales federales.
Al concluir la lectura de su requerimiento de elevación a juicio por la causa que investiga a la inmobiliaria familiar, la Unidad de Información Financiera (UIF) formuló severas imputaciones contra la expresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner, señalando el presunto montaje de una estructura destinada al reciclaje de fondos provenientes del Estado nacional.
La querella presentó el tramo final de su acusación centrada en las operaciones financieras vinculadas a la firma Los Sauces, la cual habría funcionado entre 2009 y 2016 como el engranaje principal para canalizar dinero proveniente de compañías pertenecientes a Lázaro Báez y al Grupo Indalo.
Contratos simulados, sobreprecios del 150% y casi $26 millones
Durante la audiencia realizada en Buenos Aires, la exposición detalló el rol desempeñado por las firmas Álcalis de la Patagonia y M&S, vinculadas a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa. Según la postura sostenida por la UIF, se emplearon “dos mecanismos simulados” a través de contratos de alquiler de inmuebles celebrados con Los Sauces que resultaban “injustificados” y presentaban sobreprecios de entre el 100% y el 150%.
“La locación no fue más que una simulación a los fines de dar justificativo a los fondos que eran canalizados hacia la sociedad de la familia Kirchner”, sostuvo el organismo querellante. En esa línea, la acusación describe una “ingeniería societaria y económica para legitimar los beneficios económicos de los ilícitos procedentes” mediante una cadena de movimientos bancarizados para blanquear el capital, permitiéndoles a Néstor y Cristina Kirchner, junto a sus hijos Máximo y Florencia, disponer de esos recursos.
Para la querella, este mecanismo generó un “crecimiento exponencial” del patrimonio de Los Sauces a partir de un flujo constante de casi $26 millones aportados por empresarios que previamente habían sido favorecidos con contratos estatales.
Roles imputados: asociación ilícita, lavado y dádivas
Al precisar las responsabilidades penales dentro de lo que calificó como “un esquema de corrupción sin precedentes”, la UIF imputó a Cristina Kirchner en calidad de jefa de una asociación ilícita, además de acusarla por haber aceptado dádivas de López y De Sousa.
En tanto, a Máximo Kirchner, quien presidió la firma inmobiliaria, se lo señaló como organizador de dicha estructura, sosteniendo que ambos diseñaron y dirigieron el reciclaje de dinero originado en la defraudación al Estado mediante la obra pública.
Por su parte, respecto a los empresarios involucrados en el expediente, la querella responsabilizó a Lázaro Báez como organizador de asociación ilícita y coautor de lavado de activos, mientras que a Cristóbal López y Fabián De Sousa les atribuyó esa misma calificación legal sumándole el delito de autores de ofrecimiento de dádivas, dejando planteadas las bases de la acusación en esta etapa del proceso oral.