Tag

Abogados

Browsing

Dos abogados que investigaron al ex presidente Bill Clinton formarán parte de la defensa de Donald Trump en el juicio político en su contra por abuso de poder y obstrucción del Congreso.

Se trata de los abogados Kenneth Starr y Robert Ray: el primero investigó a Clinton durante más de cuatro años desde 1994 y acabó indagando en el tema que provocó un juicio político a ese mandatario; mientras que Ray fue el abogado que lo relevó en 1999.

Los dos letrados se sumaran al equipo encabezado por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, en el que también figura el abogado personal de Trump, Jay Sekulow, y el ex fiscal de derecho de la Universidad de Harvard Alan Dershowitz, informó la agencia de noticias EFE.

Las nuevas incorporaciones son importantes por la experiencia de los dos letrados en juicios políticos y en derecho constitucional.

La investigación de Starr sobre la relación entre el entonces presidente Clinton y la pasante de la Casa Blanca Monica Lewinsky ayudó a poner en marcha la acusación contra el ex mandatario demócrata en 1998.

Los intentos de Clinton de ocultar su relación con Lewinsky le valieron una investigación para determinar sí había mentido o si había obstruido la justicia y motivó un juicio político que acabó en la absolución del mandatario en el Senado.

En 1999, Ray tomó el relevo a Starr para seguir indagando en el caso Whitewater, pero finalmente anunció en 2002 que no había encontrado pruebas de que Bill y Hillary Clinton hubieran cometido irregularidades en lo que respecta a ese escándalo inmobiliario.

Dershowitz confirmó que se integraba al equipo legal con un mensaje en la red social Twitter.

«Participo para defender la integridad de la Constitución y para prevenir la creación de un precedente constitucional peligroso», escribió Dershowitz, quien aseguró que no es «partidista» y que en 2016 votó por la candidata demócrata, Hillary Clinton, además de oponerse en 1999 al proceso de destitución del esposo de ella.

Sin embargo, Dershowitz ha defendido frecuentemente a Trump a lo largo de su Presidencia en entrevistas con cadenas de televisión conservadoras.

Otro miembro de la defensa legal de Trump incluyen a Jane Raskin, que formó parte del equipo legal del presidente durante la investigación del Rusiagate encabezada por el fiscal especial Robert Mueller.

Trump fue acusado de cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso en una causa por presuntamente haber retenido fondos para Ucrania hasta que las autoridades de ese país investigaran a su rival demócrata más cercano, Joe Biden.

El Senado de los Estados Unidos abrió el juicio el jueves y el martes se iniciará formalmente el proceso.

Se debe “a la omisión, que es público y notorio, de asegurar el servicio de justicia a todos los abogados y justiciables que operan en las distintas Circunscripciones Judiciales de la Provincia; por ende su normal funcionamiento.»

El Colegio de Abogados presentó un recurso de amparo contra la Provincia del Chubut “con el objeto de que se reanude la actividad judicial, se normalice y se preste el servicio correspondiente”, de acuerdo con lo que dispone la Constitución Provincial, reza el texto firmado por el vicepresidente de la entidad, Miguel Medina Insúa.

El amparo, presentado ante el Juzgado de Familia de Rawson, se debe “a la omisión, que es público y notorio, de asegurar el servicio de justicia a todos los abogados y justiciables que operan en las distintas Circunscripciones Judiciales de la Provincia; por ende su normal funcionamiento y específicamente, el derecho a la tutela judicial efectiva, el acceso irrestricto a la justicia y el debido proceso que garantiza el art. 44 de la Constitución de la Provincia”.

“Es más que obvio que la omisión del servicio de justicia en la Provincia es violatorio de normas elementales respecto de los abogados en cuanto cercena el derecho al trabajo y la percepción de honorarios que tienen carácter alimentario, y en cuanto a los ciudadanos, su posibilidad de acceder a los Tribunales en defensa de sus derechos y garantías, lo cual es reconocido no sólo por la normativa mencionada de la Constitución provincial, sino además por el art. 14 de la Constitución Nacional”, agrega el amparo presentado por los abogados trelewense, así lo informó Diario Jornada.

“Desde hace dos meses que no existe un normal funcionamiento del Poder Judicial en ninguno de sus estamentos y organismos, y sólo es discontinuado en pocos días a partir del pago de los salarios el que se concreta en su totalidad casi a fin de cada mes y luego, el no pago en término hace que se renueve la medida”, agregan los abogados.

El Colegio de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn presentó a la Comisión de Reforma Procesal Civil y Comercial, de Familia, Laboral y Contencioso Administrativo un extenso documento donde afirman que, de aprobarse esta iniciativa propiciada por el Superior Tribunal de Justicia y el Poder Ejecutivo provincial, no mejorarán las condiciones del servicio de justicia. Por el contrario, los abogados sostienen que ellos empeorarán sustancialmente, generando a los chubutenses una grave inseguridad jurídica al contrariar las previsiones contenidas en los pactos internacionales y la Constitución nacional y provincial, desechando el aprovechamiento de largos años de doctrina y evolución jurisprudencial local en sintonía con la jurisdicción federal.

Se trata de una propuesta de cambio sustancial de la legislación procesal que resulta incompatible con el ordenamiento jurídico, no responde a la tradición jurídica argentina, tanto jurisprudencial como doctrinal, ni a la enseñanza del derecho y estudio de grado de las Ciencias Jurídicas.

El Colegio de Abogados de Puerto Madryn expresó no estar en desacuerdo con la reforma de las leyes procesales, necesaria para adecuarlas a la nueva legislación civil y comercial, de modo de hacerla compatible y útil al derecho sustancial, tampoco con la presencia física de los magistrados en las audiencias, ya establecida como obligatoria por la Ley procesal actual, ni con técnica de la oralidad, ya que la materialización del lenguaje humano a través de la palabra hablada, es la forma de comunicación más antigua del ser humano.

Sin embargo, para el éxito de la técnica de la oralidad se requiere una dotación de recursos humanos y de infraestructura muy altos, que en el contexto económico actual que afecta a la provincia, así como las carencias presupuestarias y desinversión del Poder Judicial, destinará al fracaso todo proyecto que pretenda implementar la oralidad en las causas civiles.

PMY

Por cinco votos, una mujer presidirá por primera vez el Colegio de Abogados de Trelew. Se trata de Mirta Haydée Antonena, que obtuvo 81 votos y se ganó ese derecho en los comicios realizados anoche en la ciudad valletana. Segundo terminó Guillermo Zamora, con 76 votos. Y tercero, Leandro Sechi, con 56 sufragios.

La Lista Azul, que se denominó «Gestión, compromiso y transparencia», fue encabezada por Antonena y secundada por Miguel Medina Insúa, Andrés Giacomone y Miguel Roldan en la Comisión Directiva. Mientras que las vocalías serán ocupadas por Florencia Góngora, Santiago Aguilera, Mabel Gómez, Cecilia Sendin, Alejandro Rey y Laura Martensen.

 

 

Diario Jornada

En una nota dirigida al presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, los Colegios Públicos de Abogados de las ciudades de Puerto Madryn, Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia, se expresaron en contra de la reforma de los Códigos Procesales no penales de la provincia.

Al carecer la reforma de un diagnóstico de la situación actual del servicio de justicia, del funcionamiento del Poder Judicial y de las falencias que se observan y si corresponden a la desactualización de las normas procesales vigentes, la pretensión de reforma nace viciada desde su origen porque no se advierte qué es lo que se pretende mejorar, expresaron los presidentes de los Colegios de Abogados de la provincia.

En la reunión celebrada en la ciudad de Puerto Madryn, de la que participaron la Dra. Natacha Legari presidente del Colegio de la ciudad de Comodoro Rivadavia y Nicolás Demitriou su vicepresidente, los Dres. Guillermo Zamora Vicepresidente y Leandro Sechi Tesorero del Colegio de Abogados de Trelew, José María Venancio, presidente del Colegio de Abogados de Esquel y por el Colegio de Puerto Madryn su presidente Sergio Fassio, el Vicepresidente Ricardo Gabilondo y los vocales Marisa Willatowski, Hipólito Giménez y Patricio Castillo Meisen, los representantes de los abogados afirmaron: “Se percibe que la iniciativa está destinada a aprobar algo novedoso, por el solo hecho de aprobarlo, sin siquiera analizar si la reforma procesal integral es efectivamente necesaria. La pretensión de reforma nace viciada desde su origen porque no se advierte qué es lo que se pretende mejorar y tiene la apariencia de una modificación hecha a la medida de un interés ajeno al objetivo primordial que debería ser la mejora en la prestación del servicio de justicia”.

Respecto del mecanismo participativo propuesto por los integrantes de la Comisión reformadora, cuestionaron que no funciona debidamente, poniendo de manifiesto los innumerables inconvenientes para acceder y hacer efectivos aportes desde cada una de las localidades, lo que generó cierta apatía en los abogados cuando fueron invitados a participar y efectuar contribuciones en el acotado marco propuesto.

Concluyeron que la implementación de un nuevo Código Procesal en el contexto actual es improcedente y que toda reforma debe ser paulatina, consensuada y con el presupuesto económico asegurado para su óptimo funcionamiento.

RECLAMAN DIFUSIÓN PÚBLICA DE LAS DECLARACIONES JURADAS PATRIMONIALES
En otro capítulo de la presentación efectuada ante el Superior Tribunal de Justicia, los Colegios de Abogados del Chubut, reclamaron la necesidad de hacer públicas las declaraciones juradas de bienes de los ministros integrantes del Superior Tribunal de Justicia y de todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Recordaron que en nuestra provincia la Ley I-231 que regula la ética en la función pública, obliga a todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial a presentar sus declaraciones juradas de bienes ante el Tribunal de Cuentas, estableciendo la publicidad del contenido solo a petición del interesado o en casos muy limitados.

Los Colegios de Abogados del Chubut entienden que esta legislación no cumple con los principios y preceptos constitucionales y convencionales de división de poderes y en consecuencia de independencia del Poder Judicial, ni asegura prevenir y detectar incompatibilidades, conflictos de intereses y eventuales enriquecimientos ilícitos por parte de los funcionarios públicos y, fundamentalmente, impide el análisis de la evolución patrimonial de los funcionarios declarantes en el ámbito del Poder Judicial.

Tampoco se compadece con la Declaración sobre Gobierno Abierto en la que nuestro país y otros comprometidos con los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y otros instrumentos internacionales relacionados con los derechos humanos y el buen gobierno, asumieron promover acciones en pos de la transparencia, la lucha contra la corrupción y aprovechar el poder de las tecnologías para una gestión más eficiente y eficaz, concluyeron los representantes de la abogacía organizada.

Defensor pidió que Miquelarena evalúe si Iturrioz debe seguir al frente de la causa

El abogado Omar López que patrocina a Micaela Cordero reflejó irregularidades en el proceso que desplegó el fiscal Héctor Iturrioz. Calificó como «ilegal» el accionar de la Fiscalía porque interrogó a su clienta para luego imputarla.

López cuestionó duramente el mecanismo utilizado por el Ministerio Público Fiscal para imputar a Cordero. Dijo que primero la indagaron en tres oportunidades, después la allanaron y le secuestraron su teléfono y posteriormente la imputaron.

«Posteriormente a las declaraciones de Cordero, se hizo un allanamiento y se le secuestró el teléfono celular», esbozó López, quien catalogó como «una actuación ilegal» la llevada a cabo por la fiscalía.

El abogado puntualizó que Cordero «dejó de ser un objeto de prueba para ser un sujeto de derecho. Por lo tanto no puede ser utilizada para solicitarle información».

En el mismo orden, graficó que esta situación «es claramente violatoria» porque «se la utilizó como sujeto de prueba». Cuestionó que el Ministerio Público Fiscal «cita a testigos para después imputarlos. Esto es una barbaridad».
Por estos motivos, exigió que «Miquelarena debe analizar si el fiscal Iturrioz debe continuar al frente de la causa».