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Así lo dio a conocer el Presidente del Colegio madrynense, Ricardo Gabilondo, quien cuestionó que se hayan reenviado los mismos pliegos a la Legislatura sin responder a la solicitud de información hecha. Apuntó que “los 5 colegios de Chubut se han manifestado en contra de las postulaciones”, señaló que desde el Ejecutivo “mintieron” y disparó: “Desde un comienzo, el procedimiento ha mostrado irregularidades inadmisibles”.

Ricardo Gabilondo, Presidente del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn, conversó con Radio 3 y transmitió que aún no han recibido la información requerida al Gobierno provincial respecto a los pliegos para cubrir vacantes en el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Esto lo manifestó ya que la semana pasada el Gobierno habría vuelto a enviar los mismos pliegos a la Legislatura.

“El 23 de septiembre, cuando entendimos que finalizaba el plazo de 15 días, pedimos tener acceso al expediente y mencionamos la Ley de Acceso a la Información Pública -para conocer- los expedientes que se labraron por el cumplimiento del trámite que inicialmente se habían obviado”, explicó.

Sin embargo, a la fecha, “no recibimos respuestas”, cuestionando que la semana pasada se hayan reenviado los pliegos a la Cámara de Diputados sin responder a la solicitud de información.

«En los términos de la Ley, entiendo que estaría cumpliendo los paso pero queremos ver oficialmente el expediente para saber si se cumplen con todas las exigencias de la Ley”, explicó Gabilondo al respecto.

El profesional subrayó que la Ley “no solo establece los 15 días para hacer observaciones y presentaciones, sino que enumera una serie de presentaciones que deben realizarse, una serie de documentación que debe ser parte del expediente y que hoy no sabemos si están o no”.

En este sentido, indicó en medios “se ha publicado un documento que sería la remisión de la documentación a la Legislatura pero no vemos que se cumpla con toda la información que exige la Ley”.

Si bien subrayó que esto no es información oficial y “la tomo con pinzas”, “he podido observar que la nota de elevación a la Legislatura que firma el Gobernador tiene una fecha y la resolución firmada por el Ministro de Gobierno tiene una fecha posterior. Es decir que no coinciden las fechas, es casi un error burdo”, expresó.

En este sentido, reiteró la oposición del Colegio a los 3 propuestos por el Ejecutivo para cubrir las vacantes del Superior Tribunal de Justicia, “los 5 colegios de Chubut se han manifestado en contra de las postulaciones”, remarcó.

Sobre el final, explicó que con la presentación hecha a la Legislatura “nos queda tratar de ver si nos responden a las observaciones hechas” ya que ahora “estamos en un terreno de decisión discrecional del Ejecutivo, que si quieren insistir puede insistir y queda en cabeza de los legisladores si le dan o no el acuerdo legislativo a los propuestos”.

Cerró apuntando que el Ministro de Gobierno “mintió” ya que “dijeron que nos habían remitido los antecedentes (de los postulados) y es mentira, no mandaron nada”.

Todo esto “llama mucho la atención, es una situación muy delicada, no es un tema menor. Tiene una trascendencia institucional notable y desde un comienzo el procedimiento ha mostrado irregularidades inadmisibles”.

“La Ley establece que dentro de los 30 días se debe llamar a sesión especial para tratar los pliegos”, finalizó.

Desde la institución le habían solicitado en septiembre al ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, acceder al expediente mediante el cual se concretan las postulaciones para cubrir los cargos de ministros vacantes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Dicha solicitud no recibió respuesta alguna y sostienen que se trata de «otra inconducta que va en desmedro de la transparencia con la cual debe obrar el Estado Provincial».

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn (CPAPM) realizó este martes un nuevo pronunciamiento respecto a la remisión de los pliegos para el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de parte del Poder Ejecutivo a la Legislatura.

«Con fecha 23 de septiembre de 2021 el CPAPM le solicitó al Sr. Ministro de Gobierno (José María Grazzini), poder acceder al expediente administrativo mediante el cual se concretan las postulaciones para cubrir los cargos de Ministros vacantes del STJCh y en el cual deberían cumplirse las exigencias de la Ley V Nº 152», indicaron desde la institución.

Asimismo, sostuvieron que «el pedido fue fundado en la facultad que confiere la ley I Nº 156 “Ley de Libre Acceso a la Fuentes Oficiales de Información Pública”«.

«Al día de la fecha, habiendo transcurrido el plazo de ley (10 días hábiles) e inclusive tomando estado público por medios periodísticos la remisión de los pliegos a la Legislatura Provincial, en nuestro Colegio Público no se ha recibido respuesta alguna al pedido formulado, lo que nuevamente implica un incumplimiento legal y otra inconducta que va en desmedro de la transparencia con la cual debe obrar el Estado Provincial», denunciaron.

Además, desde el CPAPM advirtieron que «tal actitud atenta contra la publicidad pretendida en el marco del procedimiento de la Ley V Nº 152 y violenta las disposiciones de la citada Ley I Nº 156, lo que nuevamente implica un incumplimiento legal y otra conducta que va en desmedro de la transparencia con la cual debe obrar el Estado Provincial, sobretodo en un procedimiento de semejante trascendencia institucional».

Los trabajadores judiciales están enardecidos por la notificación del ministro Mario Vivas en torno al descuento salarial por el paro de 48 horas. Dieron intervención a una Federación de abogados del sector para que analicen la legalidad del descuento por las medidas de fuerza. Desde la Corte Provincial señalaron que la medida fue «intempestiva» y que no respetó las 24 horas de antelación en la comunicación de la huelga.

En diálogo con Metadata, la dirigente del Sitrajuch, Gabriela Huenchual, señaló que la actitud del ministro Mario Vivas “es inentendible, porque no hemos faltado en ningún momento al compromiso que asumimos mediante un acuerdo en marzo de 202, que era cubrir las guardias mínimas”.

“Garantizamos las guardias mínimas en todas las dependencias”, aseguró Huenchual, molesta por la notificación de que le descontarán los días a los trabajadores que se acoplaron al paro de 48 horas para exigir una recomposición salarial y el cumplimiento con los aumentos otorgados por la Corte Suprema que en Chubut no se aplicaron.

“La actitud que ha tomado el ministro es muy reprochable y ya le dimos la intervención a los abogados de la Federación Judicial Argentina para que contesten sobre este tema de los descuentos de sueldos”, concluyó Huenchual.

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn presentó un extenso informe al Ministerio de Gobierno Provincial exponiendo su posicionamiento y ofreciendo observaciones sobre los tres pliegos enviados por el gobernador para ocupar el Superior Tribunal de Justicia. Apuntó que los mismos no garantizarían la independencia del Poder Judicial y detallaron numerosas observaciones en las carreras profesionales y académicas de Daniel Báez, Ricardo Napolitani y Silvia Bustos.

En primer lugar, el Colegio destacó que “la urgencia en cubrir las vacantes no puede traer aparejado un proceso de selección en donde prime la celeridad por encima de la importancia y trascendencia de las designaciones de que se tratan y que se ponga más énfasis en los acuerdos político-partidarios que en encarar con la responsabilidad que merece la elección de los profesionales más idóneos y probos para desempeñarse en la cabeza de la organización que tiene como objetivo, ni más ni menos, que impartir Justicia”.

Siguiendo estos lineamientos, advirtieron con preocupación que “las postulaciones (…) no parecen estar encaminadas a garantizar la necesaria independencia del Poder Judicial”.
En este marco, el Colegio de Abogados brindó sus apreciaciones respecto de los profesionales postulados:

DANIEL BAEZ

La detallada presentación, a la que accedió EL CHUBUT, tiene 12 hojas y buena parte de ellas están referidas al Jefe de Fiscales del MPF de Madryn, Daniel Báez.

En primer lugar, de la lectura del currículum vitae presentado por Báez, el Colegio de Abogados advierte no surge ningún antecedente que vincule al postulante con el Derecho Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería, tampoco Ambiental, ni Tributario, cuyas incumbencias son cotidianas en el Cimero provincial.

Lo mencionado “conlleva a sostener fundadamente la falta de idoneidad técnica y jurídica con la especialidad y especificidad que importa el cargo a cubrir”, esgrimió el Colegio.

Respecto a los antecedentes académicos del Fiscal Báez, apuntados en el CV presentado para su postulación, se menciona haber participado de la “Maestría de Postgrado en Derecho Penal y Ciencias Penales dictado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia, Sede Trelew” de la cual solo aprobó 4 materias. Ante esto, el Colegio agregó que desde el año 2002 a la fecha no demostró ninguna capacitación.

Asimismo, en cuanto a su formación académica, señalan que “no se advierte” capacitaciones referidas a cuestiones de género y derechos humanos.

En otro orden, respecto a la actuación judicial del Dr. Báez, el Colegio de Abogados señaló que “su desempeño profesional como Fiscal y/o Fiscal General de la ciudad de Puerto Madryn, genera dudas e inquietudes de parte de la comunidad jurídica”.

También señalaron que “merece ser destacado como antecedente negativo la actuación profesional que cumplió el Fiscal en una causa penal seguida contra el Sr. Héctor Omar Segundo”.

Al respecto del episodio, conforme surge de las publicaciones periodísticas del momento (septiembre de 2018), el Colegio señaló que “el juez Marcelo Nieto Di Biase dispuso el sobreseimiento de Omar Segundo por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, previsto en el artículo 146 del Código Procesal Penal y todo ello debido a la demora en el proceso a cargo del Fiscal Báez, lo que fue reconocido expresamente en la audiencia celebrada respecto a que se había sobrepasado el plazo de tres años que establece la norma procesal penal”.

Como conclusión, el informe del Colegio sentencia que “Baez ha evidenciado una preocupante desatención de los mecanismos de transparencia que promueve la Lay V Nº 152”. Asimismo, consideraron que “el currículum vitae del postulado no cumple con todos los requisitos previstos por la ley, debiendo desestimarse para la postulación al más alto cargo de la magistratura provincial”

Postulación de Silvia Bustos

Respecto de la postulación de la Dra. Bustos, el informe advierte que, si bien se estaría dando lugar a la presencia de la primera mujer en el seno del Superior Tribunal de Justicia, “no podemos dejar de señalar que la búsqueda de la paridad de género en la conformación del Máximo Tribunal Judicial no puede evitar reparar en que quien ocupe ese sitial cuente en primer término con idoneidad para tan transcendente función”.

Tal como fuera señalado para el caso del Dr. Baez, de la lectura detenida del currículum vitae presentado por la Dra. Bustos, “no surge ningún antecedente que vincule a la postulante con el Derecho Civil, Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Minería, tampoco Ambiental, ni Tributario, cuyas incumbencias son cotidianas en el Cimero provincial. Como así tampoco del ámbito del Derecho Penal”. Agregando que “su ámbito de actuación en los últimos años se ha vinculado a su actuación en la justicia municipal de faltas”.

Respecto a sus antecedentes, se remarca que “si bien en el curriculum de la postulante se destaca que ha asistido a numerosos cursos, en ninguno ha participado como expositora, coordinadora o moderadora. Sino simplemente como asistente. Tampoco registra ser autora de publicaciones jurídicas en autoría individual o colectiva”.

En otro orden, el Colegio señaló que su actividad presentada en el CV “no demuestra que haya tenido una trayectoria profesional destacable”

De esta manera, concluyeron que la necesidad de cumplir con la diversidad de género (…) parece ser el único aspecto positivo a destacar en la postulación de la Dra. Bustos y está más que claro que esa sola condición jamás puede alcanzar para el nombramiento en un cargo de semejante trascendencia institucional”.

Postulación del Dr. Ricardo Napolitani

En primer lugar, señala el Colegio, “el Dr. Napolitani no cumple con la exigencia de la diversidad regional que propugna la Ley V Nº 152 ya que no se trata de un vecino que resida en nuestra Provincia”.

El desempeño profesional “corresponde casi con exclusividad a designaciones de carácter político, sin que el postulado haya recorrido un concurso de antecedentes o haya sido evaluado por comisiones dispuestas para tal fin”,

Así, desde el Colegio Público de Abogados consideraron que “la ajenidad territorial del Dr. Napolitani sella la suerte negativa de su postulación frente a los claros preceptos de la Ley V Nº 152, y a mayor abundamiento, su postulación a la luz de su trayectoria profesional parece obedecer más a una cuestión de simpatías político partidarias que a su idoneidad y probidad para ejercer el cargo al que se lo postula, razón más que suficiente para que deba declinarse su postulación”.

CONCLUSIONES

Por las consideraciones expuestas, el Colegio de Abogados solicitó que se decline las postulaciones a la Honorable Legislatura del Chubut y “se procure postular a nuevas o nuevos postulantes que cumplan acabadamente con los requisitos previstos por el artículo 4º de la Ley V-152”.

Desde el Colegio Publico de Abogados de Puerto Madryn deseamos expresar nuevamente nuestra profunda preocupación por el absoluto desprecio a las instituciones legales que exhiben nuestras autoridades provinciales.

En esta oportunidad los ciudadanos de la Provincia del Chubut nos enteramos por los medios que el Sr. Gobernador de la Provincia, ingresó a la Legislatura Provincial los pliegos de tres postulantes para ocupar vacancias en el Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia.

La Constitución Provincial prevé en sus artículos 155 y 156 que corresponde al Poder Ejecutivo Provincial la postulación de los Ministros para su aprobación por la Legislatura y el referido procedimiento se encuentra reglado actualmente por la Ley V Nº 152.

La citada ley fue sancionada por la Legislatura Provincial en el mes de junio de 2016, cuando el actual Gobernador presidía como Vicegobernador el Parlamento Provincial.

Por la Ley V Nº 152 se estableció un mecanismo legal (de aplicación obligatoria tanto para el Gobernador como para los postulados) por el cual en forma previa a enviarse las propuestas la Legislatura, el Gobernador debe:

– Publicar en el Boletín Oficial y en al menos dos Diarios de Circulación Provincial, durante Tres días, nombres y antecedentes curriculares de las personas a considerar para postular. En simultáneo, se debe difundir en la página oficial de la red informática del Ministerio de Gobierno. ESTO NO HA SIDO CUMPLIDO.

– Presentación de certificados homologados por profesionales idóneos del Sistema de Salud Pública Provincial del Chubut que acrediten aptitud física y psíquica para el desempeño de la Magistratura por las personas consideradas. ESTO NO HA SIDO CUMPLIDO.

– Presentación por las personas propuestas de declaración jurada de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente y de hijos menores, en los términos y condiciones que establece la Ley de Ética de la Función Pública. ESTO NO HA SIDO CUMPLIDO.

– Conceder un plazo de QUINCE días a los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, luego de la publicación oficial para presentar al Ministerio de Gobierno, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones, y circunstancias que consideren de interés expresar en relación de los incluidos en el proceso de preselección. ESTO NO HA SIDO CUMPLIDO.

– Hacer mérito de las posturas u observaciones efectuadas antes de elevar la propuesta al Poder Legislativo. ESTO NO HA SIDO CUMPLIDO.

Claramente, no se ha seguido en absoluto el procedimiento legal establecido por la Ley V Nº 152.

Cualquier incumplimiento legal por parte de las Autoridades es sumamente grave, pero más grave es aún cuando la ilegalidad se comete en un proceso de semejante trascendencia institucional como es la designación de las máximas autoridades de la Justicia Provincial.

Desde el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn exhortamos al Sr. Gobernador a que respete la Ley y asimismo también les pedimos a las personas propuestas que, si su intención es formar parte de la más alta Magistratura Provincial, prediquen con el ejemplo, hagan respetar la Ley y exijan su cumplimiento o bien den un paso al costado para no ser cómplices de una ilegalidad y un nuevo atropello a las instituciones de nuestra Provincia.

La institución consiguió el apoyo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Aseveran que es imposible garantizar el servicio de justicia por el atraso salarial que en algunos momentos llegó hasta tres meses.

El Colegio de Abogados de Puerto Madryn envió una nota con fuerte acompañamiento de instituciones provinciales y nacionales, solicitando la intervención de la Organización de las Naciones Unidas ante la falta de pago de los haberes y la crisis que eso genera el Poder Judicial de Chubut.

Frente a la gravísima crisis institucional que atraviesa la Provincia del Chubut, con trabajadores estatales y jubilados que perciben sus haberes con notables retrasos y que al reclamarlos por las vías legales correspondientes no tienen una respuesta acorde del Poder Judicial, el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn, con el apoyo del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia, planteó esta situación critica a la Mesa Directiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), entidad que nuclea a todos los Colegios de Abogados del país.

“Es así, que con fecha 26 de febrero de 2021, la Mesa Directiva de FACA emitió su resolución, acompañando la petición de nuestro Colegio, expresando su preocupación por la crisis institucional que atraviesa nuestra Provincia y solicitando la intervención del Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de lo dispuesto por la Resolución 1994/41 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y asegurando la observación de los artículos 7, 8 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, sostiene el escrito al que tuvo acceso Metadata Noticias.

En el escrito, la FACA advierte “la preocupación” existente “por la grave crisis institucional que atraviesa el Poder provincial” y por esto “exhortan a que se arbitre los medios necesarios para garantizar el debido acceso a la justicia”.

“En vistas de los recurrentes atrasos salariales que sufren los funcionarios públicos, entre ellos los Magistrados del Poder Judicial del Chubut, se han iniciado distintas acciones judiciales para procurar garantizar el cobro en legal tiempo y forma de los haberes”, puntualiza el comunicado al que tuvo acceso este portal.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados remarca que “esto pone en evidencia una clara denegación de justicia, resultando atentatoria de la independencia de poderes y más aún contra la tutela judicial efectiva y oportuna”.

Con el fin de conocer los aspectos más relevantes del ejercicio de la abogacía, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) publica el informe “El ejercicio de la abogacía en América Latina: en la búsqueda de una agenda de trabajo”, realizada en el marco del Proyecto “Improving Access to Civil Justice in Latin America”, en conjunto con Global Affairs Canada (GAC).

El informe es resultado de una investigación empírica centrada en el diagnóstico de dos de los aspectos más cruciales en el ejercicio de la abogacía en las sociedades latinoamericanas: la formación académica universitaria que reciben los y las estudiantes de Derecho y las modalidades de control existentes sobre el ejercicio privado de la profesión.

El documento constituye una primera aproximación de CEJA en la materia y tiene como fin generar un foco de discusión sobre las responsabilidades de los colectivos profesionales, universidades y los Estados en la determinación de cuáles son los estándares que deben demandarse de quienes ejercen la abogacía, y qué tipo de profesionales requiere la sociedad para la concreción de sus legítimas aspiraciones.

El prólogo del informe está a cargo de Alberto Binder, quien elabora una propuesta de investigación empírica en la materia y establece las áreas más críticas a considerar en el ejercicio de la abogacía en las sociedades latinoamericanas contemporáneas.

“Fuera de los tópicos comunes, tales como el impacto de la tecnología —o ahora de la pandemia— la hipótesis es que no tenemos una práctica de proyección de las necesidades jurídicas de la sociedad y, por ende, poco podemos saber sobre el tipo de abogado que necesitará esa sociedad”, señala Binder.

Al respecto, Marco Fandiño, director de Estudios y Proyectos de CEJA, señala que el rol de abogados y abogadas no sólo debe contribuir al mantenimiento de la paz social, promoviendo el uso de los mecanismos adecuados para la solución de los conflictos, sino también a un ejercicio ético y responsable de las acciones judiciales al interior del sistema de justicia.

“Esa idea tan extendida de que los intereses de los abogados y abogadas se contraponen a los anhelos de la sociedad, es sumamente dañina y problemática. El ejercicio de la abogacía se fundamenta en la necesidad de limitar los excesos del poder y en la protección de los grupos sociales desfavorecidos a través del cumplimiento efectivo de la ley”, adelanta Fandiño.

Contenidos del estudio realizado por CEJA

El documento, aborda entre otras importantes temáticas, el ingreso de la mujer a la carrera jurídica universitaria, como una de las más trascendentales transformaciones que experimenta la educación universitaria y jurídica, así como el ejercicio de la abogacía en la región, a lo largo del siglo XX.

También, se analiza cómo se ha incorporado la problemática de género en la formación jurídica. La investigación de CEJA (2020) respecto de una muestra acotada de universidades en Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala y México, da cuenta de la escasa presencia de iniciativas orientadas a la incorporación de la temática de género en la formación jurídica, así como una mínima presencia en las mallas curriculares de cursos referidos a diversos grupos vulnerabilizados.

Control profesional

Respecto al control de la profesión, CEJA (2020) ha identificado tres escenarios en relación con el ejercicio de la abogacía. En Guatemala y Costa Rica, por ejemplo, se ha optado por delegar la regulación de la profesión a los colegios profesionales, que cuenta con texto legal en virtud del cual se justifica la obligatoriedad de la colegiación.

En Bolivia, en tanto, se ha optado por no delegar tal control, regulando aspectos importantes del ejercicio por medio de ley y una entidad gubernamental creada al efecto, dependiente del Ministerio de Justicia. Situación similar ocurre en Chile, con la importante diferencia que en este país no se ha dictado ninguna regulación normativa relativa a la abogacía, perpetuándose la aplicación de códigos y procedimientos disciplinarios transitorios. Por su parte, México no cuenta con regulación.

Fuente: CEJA

El dictado del decreto Nº 196 del pasado 29 de Marzo, que suspende los efectos de las medida cautelares, sentencias y medidas de ejecución que ordenen al Estado provincial al pago de los haberes adeudados, merece el repudio del Colegio de Abogados de la ciudad de Puerto Madryn, al considerar a dicha medida como burdamente inconstitucional.

La falta de pago en tiempo y forma de los salarios y haberes jubilatorios en la provincia del Chubut ha llevado a que empleados provinciales y jubilados del Instituto de Seguridad Social y Seguros, ejerciendo sus derechos constitucionales de peticionar ante las autoridades, acceder a la justicia y en defensa de la propiedad privada, iniciaran diversas acciones judiciales en las cuales la justicia ha reconocido la legitimidad de los reclamos e intimado al gobierno provincial o entidades autárquicas al pago de las sumas devengadas y no abonadas, como al pago en término de las que se devenguen en el futuro.

El decreto cuestionado no respeta la forma republicana de gobierno, desnaturaliza el principio de administración de justicia, pretendiendo impedir que poder judicial ejerza las funciones que le son propias, y sólo tiene por objetivo evitar cumplir con una de las principales obligaciones del Estado como es el pago de los salarios adeudados en razón de la crisis provincial, que no tiene otro origen que la impericia de los que tienen a su cargo la gestión pública.

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, ratificada recientemente por la Cámara de Apelaciones de nuestra ciudad, ha sostenido que la emergencia económica invocada por el gobierno provincial no es de aplicación a estas cuestiones de carácter alimentario, en tanto las relaciones entre acreedores y deudores son de la exclusiva competencia del Congreso Nacional y el ejercicio de la jurisdicción originaria no puede ser limitada ni restringida por normas provinciales.

Por último, señalaron los representantes de los abogados madrynenses, el dictado de esta norma cuestionada coloca al gobernador Mariano Arcioni ante la posible comisión del delito de Abuso de Autoridad, previsto y reprimido por el artículo 248 del Código Penal y a los ministros que han suscripto el decreto como partícipes necesarios de la conducta ilícita.

Los abogados que representan a la familia de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que fue asesinado a golpes el 18 de enero pasado en Villa Gesell, pidieron que nueve de los rugbiersvayan a juicio por el crimen. Para uno de ellos, la fiscal del caso había solicitado el sobreseimiento, y los abogados pidieron que sea juzgado junto a los otros ocho acusados por su muerte.

Según consignó Télam con información de fuentes judiciales, Fernando Burlando y Fabián Améndola, abogados de la querella, solicitaron a David Mancinelli, juez de Garantías de la localidad balnearia que Alejo Milanesi, de 19 años, también vaya a juicio oral por el crimen.

Actualmente el joven se encuentra en libertad y es uno de los dos imputados para los que la fiscal de la causa, Verónica Zamboni, había pedido el sobreseimiento al requerir la elevación a juicio. Milanesi está acusado como partícipe necesario, al igual que Juan Pedro Guarino (19), y la fiscal había pedido el sobreseimiento de ambos.

Los abogados de la familia de Fernando, mediante una presentación en el Juzgado, compartieron lo expuesto por Zamboni, titular de la Unidad Funcional de Instrucción 6, pero consideraron que en el caso de Milanesi el pedido de sobreseimiento es «prematuro», y que no se puede «descartar la participación» en el crimen ocurrido esa madrugada frente al boliche Le Brique.

«Si bien no hay videos en los que se lo muestre pegándole a Fernando, ello no demuestra con el grado de certeza requerido para un sobreseimiento que no participó en un principio de la golpiza o inclusive del plan para darle muerte», indicaron los letrados.

Apuntaron a que, si bien esa circunstancia fue la que generó que no se su prisión preventiva, “de ninguna forma alcanza para beneficiarlo con una medida de carácter definitivo». En ese marco, consideraron que la situación de Milanesi «corresponde sea evaluada con la amplitud del debate oral», junto a la de los ocho rugbiers que cumplen prisión preventiva en la Alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, en La Plata, imputados como coautores del delito de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas».

Se trata de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21).

Por otro lado, los abogados de los padres de Fernando señalaron además que se debe seguir investigando la posible intervención del denominado «sospechoso número 11», identificado en el expediente como Tomás Colazzo. Pidieron que el joven, quien no fue imputado por la fiscal, sea indagado antes de que se resuelva la elevación a juicio.

La noche del crimen

Los abogados consideraron probado durante la instrucción que «entre las 4.41 y las 5» del 18 de enero, Fernando fue asesinado a golpes frente al boliche ubicado en Avenida 3 y Paseo 102, en línea con lo que estableció la fiscal.

Los rugbiers que aún están detenidos, detallaron, «acordaron darle muerte» al joven estudiante de derecho, «para lo cual previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles luego de que minutos antes, al encontrarse en el interior de Le Brique tuvieran un altercado» con Fernando, quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos.

Luego de que personal de seguridad del local expulsara a ambos grupos del lugar, los acusados «abordan por detrás a Fernando, aprovechándose de que estaba de espaldas e indefenso, y de ésta manera, actuando sobre seguro en virtud de la superioridad numérica y física, lo rodean, se abalanzan sobre él y comienzan a propinarle golpes de puño en su rostro y cuerpo».

Al quedar Báez Sosa inconsciente, «con el fin de darle muerte y cumplir con el plan acordado, le propinaron allí en el suelo, varias patadas en su rostro y cabeza, causándole lesiones corporales internas y externas, las cuales provocaron su deceso en forma casi inmediata, al causarle un paro cardíaco producido por shock neurogénico debido a un traumatismo grave de cráneo».

Asimismo, detallaron que agredieron a los amigos de Fernando, «posibilitando fundamentalmente la comisión del hecho e impidiendo de ésa forma que pudiese defenderse por sí solo e incluso recibir defensa» de ellos.

Fuente: Perfil

“No lo puedo creer, lo veo y no lo puedo creer… Estoy arruinado”. Las lágrimas de Miguel Di Lorenzo, más conocido como Galíndez, son las de una persona que acaba de perder a un amigo que era casi un hermano. Histórico utilero y masajista de la Selección Argentina, compartió momentos inolvidables con Diego Maradona y a pesar del paso del tiempo su entrañable relación nunca se rompió.

Galíndez estuvo invitado el sábado pasado a PH, Podemos Hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, y recordó historias con el astro del fútbol. El ex utilero se emocionó al hablar de su gran amigo, aseguró que en el último tiempo era difícil acceder a él y arremetió contra su entorno: “Lo dejaron morir”.

Contó que se enteró de la noticia el miércoles cerca de las “diez o las once de la mañana”, cuando lo llamaron de una radio y se la comunicaron al aire. “Fue una bomba, como pasó en el ’94. Dije ‘bueno, chau’ y rápido empezamos con los muchachos a llamarnos unos a otros y después fuimos a velarlo”.

Respecto al velatorio del Diez, reveló que estuvo presente en la despedida íntima junto a los más cercanos al astro del fútbol: “Me pude despedir, estuve con él haciéndole masajes. Estaba ahí en el cajón y yo le decía: ‘Maestro, ¿cómo estás? Cuántas cosas vivimos…’ Le acariciaba la cara, le masajeaba los gemelos…”

Muy emocionado, con lágrimas en los ojos, Galíndez arremetió contra el “círculo íntimo” de Maradona durante este último tiempo y contó: “Hubo un contorno (sic), que nadie se le podía acercar (a Diego). Cuando alguien lo quería llamar por teléfono, o cuando los muchachos del Mundial ’86 lo quería contactar, nadie se podía acercar o mandarle algo”.

“Es tanto el poder que ellos tenían y que Diego no sabía dar, pobre… La pudrición que había ahí adentro, esa es la bronca que yo tengo. Por eso a Claudia le dije: ‘Ahora empezá a mandar vos, eh’. Es un contorno (sic) que estaba ahí metido, con abogados, doctores y todos los que estaban ahí. Cuando iba a ver a Diego me decían: ‘Galíndez, él está durmiendo, no se puede’. Cuando lo operaron de la rodilla en la Clínica Olivos también me dijeron: ‘Diego está durmiendo’. El único que pudo entrar es el que trabaja con vos, Arévalo”, le dijo el ex utilero al periodista Diego Díaz, también presente en el programa.

Mirando a cámara, con mucha bronca, se dirigió directamente al entorno de Diego y se refirió específicamente a las últimas horas del Diez: “¿Cómo lo van a dejar solo? Kinesiólogos, doctores, abogados… Delincuentes. Todos los que estaban, delincuentes. Por más que él no quiera, le tenían que decir ‘usted, venga acá, soy la doctora, tome la pastilla’. ¿Cómo puede ser que no le dieran la pastilla? No me jodas, lo dejaron morir. Se fue a la cama solo. Dijo ‘bueno, me voy a acostar’. ‘¿Por qué se va a acostar? Dígame porque vamos a acompañarlo’. Y ahí le tenían que dar la pastilla”.

“El contorno (sic) que estuvo con él… Escúchenme bien: ahora vienen Claudia y las hijas, Dalma y Gianinna, y agárrense, van a bailar, eh”, aseguró, amenazante y con lágrimas en los ojos.