Minutos antes del inicio de su declaración indagatoria de este lunes ante el juez Claudio Bonadio, Cristina Kirchner subió a las redes sociales tres escritos que presentará en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción. En este expediente, la actual senadora está acusada de ser jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos cuando era presidenta de la Nación.

Está señalada como la responsable, junto a Néstor Kirchner, de «comandar» una estructura que habría movido en coimas más de 200 millones de dólares.

Con duras críticas al juez Bonadio, la ex mandataria pidió que la investigación sea remitida al juzgado del juez Julián Ercolini, que la investiga por el direccionamiento de la obra pública, y en cuyo juzgado se encuentran otros expedientes que podrían estar vinculados a esta nueva acusación.

En su presentación, acusa además al presidente Mauricio Macri de perseguirla políticamente y solicita la nulidad de los cargos en su contra.

«A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como Presidente de la Nación he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional», inicia el escrito de Cristina Kirchner. No es la primera vez que acusa al actual Gobierno de estar atrás de las causas judiciales que la rodena.

Bajo esta línea argumentativa, requirió que el Presidente sea llamado a declaración testimonial, al igual que el presidente de Boca, Daniel Angelici, por su rol de «operador judicial», adjudicándole la negociación por la cual Ángelo Calcaterra -primo de Macri-  se convirtió en imputado colaborador (el ex dueño de Iecsa se convirtió en uno de los ocho empresarios arrepentidos en esta causa).

La asociación ilícita pudo cumplir con sus objetivos porque contó con «aportantes» de los «fondos indebidos» y según el fiscal Carlos Stornelli, fueron los directivos y ejecutivos de las principales compañías de la construcción y del sector energético. Entre ellos, el ex dueño de Iecsa, así como su ex CEO, Javier Sánchez Caballero, ambos imputados colaboradores como otros empresarios que asumieron haber hecho pagos al gobierno kirchnerista.

¿Qué dijo Cristina sobre esta situación? ,»Resulta absurdo intentar hacernos creer que en un país que preside Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra y hermano del alma de Nicolás “Nicky” Caputo, todos ellos quinta esencia de la patria contratista, haya sido Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo de 2003, quien organizó el supuesto sistema de cartelización de la obra pública, típico de la patria contratista durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los 80`!.

Así, arremetió contra los empresarios: «Mucho más insólito es que en esa situación puedan hacerse aparecer a los empresarios como las víctimas de tales prácticas».

En este sentido, Cristina Kirchner cuestionó que Calcaterra se haya convertido en «arrepentido» y se refirió a una frase adjudicada al fiscal Stornelli sobre las «pocas sortijas que hay» para quienes busquen avalar la tesis de la asociación ilícita. «Los hechos que sobrevinieron ya fueron anticipados: allanamientos y detenciones, a los que se sucedieron la presentación voluntaria de empresarios entre los que se encuentra Ángelo Calcaterra», y añadió: «quien resultó privilegiado con una de las sortijas que parece estar entregando el fiscal a aquellos arrepentidos que avalan la hipótesis delictiva de la asociación ilícita».

Dudas sobre los cuadernos

La causa se inició con los ocho cuadernos que escribió durante diez años, con una interrupción de tres, el ex chofer de Roberto Baratta, Oscar Centeno. Éste se convirtió en el primer «arrepentido» en la investigación. Según sus anotaciones, se había montado una estructura que recibía órdenes de Néstor y Cristina Kirchner para «la recaudación de fondos ilegales y así enriquecerse de manera ilícita».

De acuerdo al chofer, quienes recaudaban eran José Baratta, segundo del ex ministro de Planificación Julio de Vido, y otros ex funcionarios de esa dependencia. El dinero era llevado a la casa de los ex presidentes: sólo en cuatro años Baratta realizó 72 entregas por 60 millones de dólares en el departamento de Uruguay 1306, donde vive actualmente la ex mandataria.

En su presentación, la hoy senadora puso en duda la veracidad del actuar del ex chofer. «A raíz de la información que aparecía en unos supuestos cuadernos que habría confeccionado de manera harto llamativa Oscar Centeno, un ex militar que supuestamente venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le habría entregado este material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal Argentina, entre cuyas cualidades se destaca no solo tener un odio acérrimo hacia el peronismo, sino también la justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar», sostiene en el escrito Cristina.

Así, para la ex Presidenta ésta sexta acusación en su contra en la Justicia Federal sólo responde a «la caída abrupta de la imagen del gobierno de turno, el agravamiento de los problemas económicos y las denuncias de corrupción en contra de las máximas autoridades de la alianza gobernante».

En este punto se refirió, sin nombrarla, a María Eugenia Vidal, una de «sus figuras emblemáticas» por «haber recibido financiación para las campañas electorales de los años 2015 y 2017 a través de centenares de personas que negaron haber realizado dichos aportes se constituyó en la oportunidad perfecta».

Bonadio el «juez enemigo»

Junto a sus críticas sobre el inicio de la causa, la actual senadora también cuestionó el accionar del juez Bonadio de quien pidió su apartamiento y consideró que ya es investigada en otro expediente a cargo del juez Ercolini, donde se involucra el manejo de la obra pública.

«Estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo», sostuvo Cristina y añadió: «actor principal del Lawfare, doctrina que se despliega a nivel regional como una nueva forma de eliminación y/o supresión de todo aquel dirigente, fuerza o movimiento político que se considere pone en riesgo el status quo sudamericano, que ahora se caracteriza por un fuerte retroceso en materia de derechos, conquistas y avances sociales logrados en el continente durante la primera década y media del siglo XXI».

Sostuvo, en consecuencia, que se está ante una «causa armada» y remarcó: «Resulta inconcebible que Bonadio, colocándose nuevamente el traje de juez enemigo, me fabrique una nueva causa en la que se me imputa otra vez la conducta de asociación ilícita por la que se me persigue en los procesos que mencionara en el punto anterior».

Clarín