El juez tiene cruces de llamadas de ex funcionarios K, imágenes de las entregas de coimas y declaraciones que implican a la ex presidenta.

Cristina Kirchner le leyó a su secretario de Obras Públicas, José López, uno de los cuadernos secretos de su gestión. Era marca “Arte” y contenía las anotaciones de los negocios “paralelos” que su ex marido, Néstor Kirchner, escribía con precisión obsesiva. Montos de dinero. Sector del Gobierno y funcionario que los recaudaban. A quién iban esos billetes. Por qué. Cuándo. El producto de ese sistema de recaudación le era entregado después a Kirchner. La plata se cargaba en bolsos y viajaba a la Patagonia en aviones oficiales. Sin control.

Néstor había muerto, pero el esquema para acumular dinero seguiría viviendo después de una suspensión de una cantidad de meses aún desconocida. Cristina tomaría la posta tras el fallecimiento de su marido.

“José, ¿vas a ser parte del problema o de la solución”, le preguntó la hoy senadora al ex funcionario, preso y bajo custodia del programa de protección de testigos. López le respondió que sería parte de la “solución”. Significaba que continuaría pidiendo sobornos bajo mandato de la Jefa, así como lo había hecho antes para su Jefe. Pero antes fue pedagógico con la Presidenta. “Entonces le conté cómo era todo”, declaró el ex secretario de Obras Públicas ante el fiscal Carlos Stornelli y su colega y ayudante en esta investigación de los “Cuadernos K”, Carlos Rívolo.

López es uno de los veinte “imputados arrepentidos” que Stornelli logró hacer “hablar”, un récord absoluto para una causa judicial por corrupción.

Esa declaración de López será el nudo central que usará el juez Claudio Bonadio para procesar a Cristina. El magistrado pediría también su prisión preventiva. El escrito que hace temblar a los empresarios más influyentes del país, a la oposición y al oficialismo, la prensa y la opinión pública informada, se conocería el lunes o el martes.

Además de las palabras de López, Bonadio se apoyará para dictar el procesamiento de Cristina y de otros cincuenta indagados en el expediente en otras pruebas aún no conocidas.

Entre ellas, en escuchas telefónicas a ex funcionarios de Planificación Federal, como las del teléfono que usó Roberto Baratta cuando salió de la cárcel. El chofer Oscar Centeno no solo escribió en sus cuadernos las escenas de cobro y reparto de la plata que tenía como destino final el departamento de los Kirchner en La Recoleta, o la propia residencia presidencial. El remisero hizo 46 filmaciones y fotos de momentos de lo que él llamó “la distribución de los bolsos con dinero”. Entre ellas, hay imágenes tomadas dentro de la Quinta de Olivos.

En un expediente de más de 38 cuerpos, Bonadio acusa a Cristina de haber liderado una “organización criminal” que usó medios del “Estado Nacional” para acumular sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública…”.

El organizador de esa asociación ilícita -según el magistrado- fue el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

El mismo rol le sería asignado al secretario de coordinación de ese organismo, Roberto Baratta, el juntador de los bolsos con plata en sus viajes delirantes por la Capital Federal a bordo del Toyota de su chofer, Oscar Centeno, el “arrepentido” que dio inicio a esta investigación.

La confesión de José López, que según fuentes que conocen el caso es rotunda por su nivel de veracidad y descripción de cómo funcionaba por dentro la matriz de la probable corrupción K, ayudó a los investigadores a conocer cómo sería el armado de la “organización criminal” que se extendería a otros ministerios y a otros recaudadores de los Kirchner.

Las escuchas telefónicas que ordenó realizar Bonadio incluyen a las comunicaciones que tuvieron antes del 1 de agosto algunos de los indagados.

Entre los escuchados se encuentran Baratta; Centeno; su ex mujer, Hilda Horowtiz; Walter Gayas, ex presidente del ente público Enarsa; y el ex secretario de Baratta, Nelson Lazarte.

Según pudo saber Clarín, en las conversaciones que mantuvo Baratta en el período que salió en libertad tras estar preso por la causa madre por sobreprecios en la compra de gas licuado, se comprueba que el vínculo laboral con Centeno se extendió hasta el día en que ambos cayeron presos.

Este diario pudo reconstruir, en base a fuentes que tuvieron acceso al expediente, que Baratta, por ejemplo, enviaba a su chofer a una casa que el ex funcionario usa como propia en el country Mapuche para que prendiera la calefacción.

Baratta también recibió llamados desde la cárcel de Claudio “El Mono” Minnicelli, cuñado de De Vido, preso en Marcos Paz por delitos de contrabando. “Hola Monito”, lo saluda Baratta, contento. Minnicelli le responde que se ilusiona con “recuperar el tiempo perdido”, después de hablarle en clave sobre posibles transacciones financieras.

En esas escuchas también se detectó que la ex esposa de Centeno, Horovitz, le enviaba a Baratta fotos de los bolsos que alguna vez había transportado su esposo con dinero. Serían mensajes de presión para conseguir alguna ayuda económica de parte del ex funcionario.

Hay escuchas que no trascendieron. ¿La Justicia tendrá interceptadas comunicaciones de Baratta con su jefe De Vido, también detenido en Marcos Paz? La respuesta estará en el escrito de Bonadio.

Hay más confesiones de hombres de negocios y ex funcionarios que tomó Stornelli, y que homologó Bonadio, que alimentan aun más el expediente.

Directivos de la más grande multinacional de la Argentina, Techint, aceptaron que pagaron dinero para destrabar negocios que les quitó en Venezuela el Gobierno de Hugo Chávez.

Enrique Pescarmona, el heredero y expansor de IMPSA, la constructora de turbinas hidroeléctricas más importante del país, también contó cómo pagó a Baratta y De Vido para que el presidente del país caribeño le liberara pagos frenados para la construcción de una represa.

El empresario Aldo Roggio reveló que pagó también a Baratta dinero en negro porque se vio presionado para hacerlo. Esa declaración provocó su renuncia a la dirección de sus empresas. Abonó, dijo también, el 5 por ciento de los subsidios que recibió como concesionario del subte de Buenos Aires.

Varios de estos “arrepentidos” coincidieron en que De Vido o sus funcionarios les pidieron en algún momento no sólo plata, sino también acciones de sus compañías para que puedan así seguir ganando contratos con el Estado.

El financista Ernesto Clarens, por ejemplo, ayudó a los investigadores a conocer cómo cobraban y cuánto pagaban los constructores de obra pública que se habían cartelizado para ganar obras que pagaba vialidad nacional.

Él mismo admitió que se encargaba, por orden de De Vido, López y del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, de transformar coimas que salían de los certificados de adelanto de pagos de Vialidad Nacional a alrededor de cuarenta empresas. Esa plata, dijo Clarens, era llevaba por él mismo al departamento de los Kirchner en La Recoleta. O era retirada por otro personaje clave de esta historia, el ex secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, ya fallecido, súbito multimillonario e inversor en propiedades en Miami.

Entre los ex funcionarios K que más complicaron a su ex jefa Cristina se encuentra también el ex titular del Organismo de Control de las Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, que confesó cómo y por qué los Kirchner le ordenaban recaudar cientos de miles de dólares de modo ilegal.

Hay pruebas que se encontraron en los allanamientos a las casas de la ex Presidenta que también será usados por el juez para determinar la situación procesal de la principal imputada.

La madrugada del 1 de agosto pasado, Bonadio ordenó detenciones y allanamientos que dieron a conocer a la sociedad que nacía un nuevo caso de corrupción gubernamental. En rigor, desde hacía cuatro meses que, bajo confidencialidad total con el fiscal Stornelli, seguían esa pesquisa recolectando información.

Cuando cayeron presos los primeros ex funcionarios y empresarios, la dirigencia K trató de instalar la idea de que hasta ese momento el caso solo contaba con una única prueba: “fotocopias” de los cuadernos de Centeno.

No era así. Bonadio había ordenado cruces de llamados de los protagonistas de la causa de la época en que el remisero escribió dónde cobraban sobornos y quién les pagaba. Las geolocacalizaciones de sus celulares coincidían con las anotaciones.

También se revisaron los registros de entrada y salida de la Quinta de Olivos durante toda la era K. Baratta es uno de los pocos personajes que visitó la residencia de los presidentes desde 2003 hasta el 2015. Solo comparte ese privilegio con De Vido, algo que tendrá en cuenta Bonadio para dictar el procesamiento a Cristina. Los otros que nunca dejaron de ir son amigos de los Kirchner o personajes que nada tienen que ver con esta trama, como la personal trainer de la ex presidenta o su peluquero.

Cuando el caso de los “cuadernos K” recién empezaba, Bonadio advirtió que podía transformarse en una avalancha. Ni él ni Stornelli tenían en cuenta a qué nivel podía llegar esa acertada metáfora del juez.

Clarín