Un empresario patagónico habría denunciado a dos diputados y al pariente del jefe de gabinete para presionarlo a que ceda su empresa de servicios petroleros.
El dueño de la firma OPS, Mario Cifuentes, habría denunciado ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que varias personas se reunieron con él para presionarlo: dos diputados enviados por un primo de Marcos Peña. El empresario había denunciado extorsión por parte de Marcelo D’Alessio, involucrando también al periodista Daniel Santoro.
A esto, un empresario de la construcción, con vínculos con el PRO, sería citado a indagatoria en Comodoro Py puesto que habría utilizado los servicios de D’Alessio para apretar a Cifuentes.
El periodista Juan Alonso adelantó a través de Twitter: “Es penoso que Marcos Peña Braun no haya explicado por qué un familiar suyo se habría reunido con el empresario patagónico Mario Cifuentes para apoderarse de su empresa de servicios petroleros en un claro accionar de extorsión entre D’Alessio y su banda de espías”.
Reitero: es penoso que Marcos Peña Braun no haya explicado por qué un familiar suyo se habría reunido con el empresario patagónico Mario Cifuentes para apoderarse de su empresa de servicios petroleros en un claro accionar de extorsión entre D’Alessio y su banda de espías.
A continuación, agregó: “El empresario Mario Cifuentes denunció ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que varias personas identificadas como X1, X2, X3, y X4 se reunieron con él. Dos serían diputados supuestamente enviados por un primo de Marcos Peña Braun”
#URGENTE El empresario Mario Cifuentes denunció ante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que varias personas identificadas como X1, X2, X3, y X4 se reunieron con él. Dos serían diputados supuestamente enviados por un primo de Marcos Peña Braun. Ampliaremos.
Según publica Urgente 24, el martes 26 de febrero, Mario Cifuentes, dueño de la firma OPS, se presentó a declarar en Dolores ante Ramos Padilla. El empresario sería el primero en ser extorsionado por el falso abogado y presunto espía Marcelo D’Alessio y habría presentado un pendrive con capturas de pantalla de chats entre D’Alessio y él.
A Cifuentes lo habría citado Ramos Padilla debido a que en la investigación que lleva al mando sobre el presunto espionaje, encontró documentos en los que había información de sus entradas y salidas del país, listados de llamadas telefónicas, datos sobre sus empresas y su familia.
Según su declaración, Cifuentes habría conocido a D’Alessio en el verano del 2018. En ese momento estaba buscando un comprador para su empresa, que tenía serios problemas financieros, y luego de varias negociaciones con supuestos empresarios que representaban a un inversor fue llevado a la casa de D’Alessio en el country Saint Thomas Este, de Canning.
“D Alessio fue parte de una maniobra para quedarse con OPS”, dijo Cifuentes a la prensa. La empresa de servicios petroleros decretó su quiebra. “(D’Alessio) Me extorsionó y me amenazó. Al final, me pidió US$1.2 millones para que mi empresa quedara ‘limpia’, pero yo nunca le había pedido nada porque no lo necesitaba.”, habría declarado entonces Cifuentes
Ahora estaría involucrando a cuatro personas más, entre ellas a dos legisladores aparentemente de Cambiemos enviados por un pariente del jefe de gabinete Marcos Peña. Una serie de maniobras que estarían destinadas a quedarse con OPS.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó ayer la postulaciones para las reelecciones de Mauricio Macri, para presidente, y de María Eugenia Vidal, en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, aclaró que no hay plan B de cara a las elecciones de octubre y reafirmó la alianza con el radicalismo y la Coalición Cívica, al remarcar que son ‘un solo equipo‘.
También admitió que el índice de inflación de marzo ‘va a seguir alto’ y que los continuos movimientos del dólar que lo llevaron a casi 45 pesos en la semana ‘no implican un motivo para alarmarse’.
‘Tanto Mauricio, como María Eugenia y Horacio (Rodríguez Larreta)‘ han expresado que quieren seguir trabajando en la posibilidad de conformar un equipo. Son tres personas con tanta confianza, y unidad de criterio y de valores‘, dijo Peña, al descartar la posibilidad de que la mandataria bonaerense se presente como candidata presidencial.
También negó supuestos enojos de Vidal con el Gobierno nacional por las presuntas maniobras de espionaje en su contra desde la Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Por otra parte, al referirse a la relación con la Unión Cívica Radical (UCR) , señaló que ‘la gran mayoría del radicalismo sigue creyendo y confiando en Cambiemos como proyecto más allá de la coyuntura‘, sostuvo que ‘somos un solo equipo‘ junto a la UCR y a la Coalición Cívica, y afirmó que ‘nunca hubo un planteo por cargos‘ de cara a las elecciones de octubre.
Sobre el dólar consideró que en los últimos 6 meses, con sus movimientos para arriba o para abajo, está por debajo de lo que subió la inflación. ‘Así que hay que tener la tranquilidad de que los movimientos del dólar no necesariamente implican un motivo para alarmarse‘, dijo Peña en diálogo con radio Mitre.
En ese marco, el funcionario sostuvo que ‘el tipo de cambio fijo ha sido un gran paliativo errado, que nos generaba tranquilidad en el corto plazo, pero un enorme problema a largo plazo‘, y defendió el tipo de cambio flotante. Al hablar de la inflación, aseguró que ‘el control de precios es una herramienta que ha fracasado en nuestra historia y en ningún lugar de mundo se usa‘ y consideró que tiene que haber ‘un control para que no haya abusos ni posiciones dominantes‘.
Durante su informe en el Senado, el jefe de Gabinete Nacional, Marcos Peña, le dedicó varios minutos a Chubut. El senador Juan Mario Pais (FPV), requirió información sobre avances de las obras de las autovías Trelew-Madryn y Comodoro-Caleta.
El funcionario nacional explicó la situación actual pero sin dejar de recordar los incumplimientos durante el kirchnerismo «con empresarios amigos». Llegó incluso a calificarlas como «el monumento a la corrupción».
Peña no dejó de reconocer que esas obras «están demoradas», pero «tratando de salir del entuerto de ser monumento a la corrupción y a la defraudación al Estado». Y en el caso puntual de la doble trocha entre Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, adelantó que en el segundo trimestre del año «la relicitaremos por diversos incumplimientos y los ya famosos desempeños de Lázaro Báez como empresa».
Fue en ese momento en que Peña hizo un paréntesis en su respuesta al senador de Chubut, «para contar un poco la historia» porque esa autovía «fue una obra prometida hace años y que debería estar hace décadas. La tenía a su cargo Lázaro Báez cuando asumimos la gestión; abandonó la obra». Entonces, continuó Peña, «la relicitamos y el adjudicatario fue Cristóbal López, y después pasó que incumplió los pasos de avance y retuvo los sueldos de los trabajadores y nos obligó nuevamente a rescindir el contrato».
Peña insistió en señalar que este tipo de situaciones como las obras inconclusas en Chubut «nos habla de lo que pasó en la década anterior en materia de obra pública y los empresarios amigos». Pese a ello, aseguró que las obras «las vamos a hacer». «Lo mismo con la autovía Trelew-Madryn, más de diez años prometida», continuó el Jefe de Gabinete, quien repasó que en la actualidad está en ejecución con movimientos de suelo y alcantarillados. Aunque reconoció que «un poco lento, si se quiere, ante la ansiedad de diez años que te prometen una obra y no está. Pero la vamos a hacer con los precios que corresponde y la transparencia adecuada».
Concluyó Peña, en su respuesta a Pais, preguntando: «¿Qué hacen las provincias con este 10% más de recursos que se ha dado, cuánta obra pública y proyectos de inversiones están haciendo en estos momentos?».
El actual Jefe de Gabinete de Ministros de la República Argentina se encuentra en nuestra provincia junto al diputado nacional por Cambiemos, Gustavo Menna.
El actual Jefe de Gabinete de Ministros de la República Argentina, Marcos Peña, se encuentra en nuestra provincia cumpliendo agenda con el diputado nacional por Cambiemos, Gustavo Menna.
Así lo mostró el propio candidato a gobernado a través de las redes sociales, al compartir una imagen de ambos junto al intendente de Rada Tilly, Luis Juncos, en su visita a la localidad.
«Junto al intendente Luis Juncos, compartimos un momento con Marcos Peña en Rada Tilly. Una buena oportunidad para conversar sobre la actualidad y futuro de Chubut», escribió Menna.
El presidente del PRO Chubut, Daniel Laudonio, indicó que la composición de la fórmula de Cambiemos para la Gobernación será objeto de debate en los próximos días. Afirmó que debe “ser equilibrada” en cuanto a la representación de los sectores que conforman la Alianza y confirmó que el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, quiere a Ignacio Torres en la boleta como vicegobernador.
La semana que viene iniciaría una ronda de encuentros entre Laudonio, el presidente de la UCR, César Herrera y el diputado nacional Gustavo Menna para comenzar a delinear la fórmula que presentará Cambiemos para la gobernación.
En diálogo con FM El Chubut, Laudonio reconoció que para el ministro Marcos Peña “Torres debería ser el vicegobernador de la fórmula”. La máxima autoridad del PRO en Chubut aclaró que este tema “también lo están analizando internamente y llegado el momento veremos qué decidimos”.
“Según los datos y las mediciones que hay en la provincia, Torres es quien más aportaría a la fórmula. Y también es un reflejo cabal de que es una parte de la renovación de la política en la provincia del Chubut”, sintetizó Laudonio.
Distinguió que Torres tiene detrás de él “a un sector muy joven que lo acompaña” y celebró esto porque forma parte de las “nuevas generaciones de la política” que en un corto plazo “serán quienes gobiernen o dirijan los destinos de la Provincia”.
Apartándose de los nombres, Laudonio fue analítico y dijo que el objetivo es “generar una muy buena fórmula” para que Cambiemos “tenga grandes oportunidades de gobernar Chubut”.
Una boleta equilibrada
Frente a la aparición del diputado radical Manuel Pagliaroni como potencial compañero de fórmula de Menna, el PRO tomó nota rápidamente y pidió por la confección de una boleta “federal”.
“En esta elección provincial lo que todos se están planteando desde el seno del partido más que nada, y también desde los afiliados, es que en la boleta se vea reflejada una participación equilibrada y con la integración de los partidos que hoy conforman Cambiemos en Chubut”, deslizó Laudonio, enviando un mensaje a la Unión Cívica Radical.
El dirigente madrynense precisó que “no estamos pensando en romper Cambiemos” en caso de que no se respete la participación del PRO en la fórmula a la gobernación y recordó que en 2017, el partido que preside tuvo el gesto de ceder el primer lugar para la diputación nacional a Gustavo Menna.
Por último, ratificó que la discusión del candidato a diputado nacional no está en la agenda, principalmente por el escenario electoral delineado en la provincia del Chubut, que contempla el adelantamiento para el 7 de abril y el 9 de junio de este año.
“Eso se trabajará en otra oportunidad, más adelante”, puntualizó Laudonio, en clara alusión que las candidaturas a diputado nacional va plegada a la elección nacional en agosto y octubre.
La Jefatura de Gabinete quedó a cargo del Sistema Contrat.AR, la plataforma para la contratación y seguimiento de ejecución de obras públicas, que estaba bajo la órbita del Ministerio del Interior.
La medida quedó establecida a través de un decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.
Interior controlaba ese Sistema a través de la Secretaría de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, y ahora fue transferido a la Oficina Nacional de Contrataciones, dependiente de la Secretaría de Gobierno de Modernización de la Jefatura de Gabinete.
«La Oficina Nacional de Contrataciones tendrá nivel de Subsecretaría y tendrá las funciones previstas en el Decreto N° 1023/01, y será el Organo Rector del Sistema de Contrataciones de Obras Públicas y Concesiones de Obras Públicas que lleven a cabo las jurisdicciones y entidades de la administración nacional», según el decreto.
Además, el Gobierno dispuso que las contrataciones de obra pública y concesiones de obra pública cuya ejecución se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 1336 del 29 de diciembre de 2016, «deberán ser incorporadas al sistema electrónico aprobado por dicho decreto, para el seguimiento de su ejecución, a cuyo fin la Oficina Nacional de Contrataciones, establecerá el cronograma correspondiente, cuyo plazo máximo de implementación no podrá extenderse más allá del 1° de septiembre de 2019».
El Sistema de Gestión Electrónica Contrat.AR fue diseñado para «la contratación y seguimiento de ejecución de las obras financiadas total o parcialmente con fondos del Tesoro Nacional que ejecuten las provincias y los municipios», recordó el Poder Ejecutivo.
Y justificó su creación al señalar que «por el enorme volumen de dinero que representa (la obra pública) -entre un 13 % y un 20 % del PBI en promedio, según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-, se trata de un sistema que se encuentra particularmente expuesto al riesgo de mala gestión, al fraude y a la corrupción».
«Respecto al costo económico de la corrupción, se estima que representa, en promedio, entre un 20% y un 25 % del valor de los contratos, derivando en impactos institucionales y macroeconómicos sustanciales para la República Argentina», añadió.
Por se motivo, subrayó que «resulta necesario adoptar medidas conforme a los estándares internacionales de transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas, entre los que se destacan los receptados por la Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública de la OCDE de 2015».
Hasta el momento, Contrat.AR tiene inscriptos a más de 21 mil proveedores y a través de su sistema se han realizado más de 11 mil procesos.
El ministro de Economía y Crédito Público de la Provincia, Alejandro Garzonio, se refirió a los dichos del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, que aseguró que Chubut es la provincia que más asistencia financiera recibió del Gobierno Nacional.
En esta línea, el funcionario provincial sostuvo que “la realidad es que hasta el mes de junio tuvimos un buen acompañamiento que fue de refinanciación de pasivos, fuimos cambiando los perfiles de deuda, salimos de los programas de letras que eran muy caros y a partir de ahí fuimos reprogramando con el Fondo Fiduciario para el desarrollo provincial”.
“A finales del mes de julio se cortó este esquema de refinanciación establecido, de lo cual tenemos que hacernos cargo de esta responsabilidad porque tardamos 45 días en sacar una ley que necesitábamos en Legislatura y después por cuestiones políticas se demoró otro poco”, señaló el Ministro.
Continuando agregó que “desde que el Gobernador planteó que las políticas nacionales nos estaban perjudicando, nos castigaron un poco, sufriendo descuentos muy importantes de fondos de coparticipación que estaban garantizados y préstamos que nos habían sido otorgados”.
Finalizando manifestó que “es decir que fue asistir financieramente solo con préstamos, como lo dijimos desde el principio, pero Chubut nunca recibió un ATN -Adelantos del Tesoro Nacional-, ningún aporte extrapresupuestario que no nos corresponda, y de algún modo con lo que nos prestaron cumplimos y pagamos los intereses”.
“Lo único en que en realidad hacen es refinanciar y darte nuevos créditos a mejores tasas y a mejores plazos que las letras, pero siempre esto fue a costo de la provincia”, concluyó.
Los datos oficial demuestran que la política impositiva de la coalición Cambiemos fue completamente a contramano de la promesa que Macri hizo en la campaña electoral de 2015 a la clase media: eliminar el impuesto.
Lejos de reducirse la base impositiva de este tributo, se amplió en un contexto en el que la inflación avanzó sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados y pensionados, con situaciones críticas como una fuerte devaluación y suba de tarifas superiores al 1.000%.
De acuerdo con un estudio del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET), integrado por la CGT y la CTA, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios alcanzó en septiembre el 14,7%, respecto de fines de 2015, lo que representó la caída más profunda desde 2002.
Actualmente, los trabajadores solteros que ganan más de 30.000 pesos mensuales netos (en mano) deben afrontar el tributo; y los asalariados que están casados y tienen dos hijos tienen que pagar si sus ingresos superan los 40.000 pesos.
Peña fue al Congreso el miércoles para brindar el tradicional informe de gestión. Allí, fue consultado sobre el impacto de Ganancias. Y su equipo de asesores elaboró la respuesta detallada que se conoció este jueves.
El funcionario respondió que en 2015 pagaban Ganancias 1.194.149 personas; en 2016, unas 1.688.141; en 2017, unas 1.990.349; y ahora, 1.939.994. La cantidad de personas afectadas creció un 62,5%.
Los datos oficiales indican que unas 745.845 personas que en 2015 no pagaban Ganancias tuvieron que pasar a tributar, independientemente de la erosión que hayan registrado sus ingresos por el impacto de la inflación.
De acuerdo con los datos brindados por Peña, del total de personas que abonan el impuesto 1.638.433 son trabajadores en relación de dependencia; es decir, pagan compulsivamente porque sus empleadores les retienen el porcentaje.
En el caso de los asalariados, son 85.000 menos que en 2017, pero 270.000 más que en 2016 y 560.000 más que en 2015.
Los números indican que el 20% de los 9 millones de asalariados del sector público y privado registrados pagan el impuesto a las Ganancias, es decir, uno de cada 5 trabajadores.
Al finalizar su discurso de este miércoles, la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, le entregó al jefe de Gabinete, Marcos Peña, un pormenorizado informe sobre el “troll-center” de Cambiemos, que trata sobre “la industria del escrache” y detalla con nombre y apellido quiénes manejarían ese entramado en Twitter.
“Cada vez que alguien critica al gobierno se convierte en víctima del troll-center. Los coordinadores definen una línea de escrache, los trolls preparan materiales y coinciden en una fecha y hora para salir todos juntos a destruir al objetivo en redes sociales”, arranca el documento que Camaño le dejó a Peña.
Allí se sostiene que en montar ese sistema “se gastan 205 millones de pesos por año, contratando trolls que inscriben formalmente como empleados públicos”.
Uno de los datos principales que se pretende denunciar es que “Marcos Peña es el cerebro de este gabinete en las sombras”, ya que “comanda al menos cuatro grandes estructuras creadas por funcionarios en campaña, que ahora le responden desde que son financiadas por el Gobierno nacional”.
Se identifica a Octavio Paulise como la persona que “se dedica a construir fakes para falsear la opinión pública con intenciones políticas”. Según el informe, Paulise responde al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y cobra “53 mil pesos” mensuales mediante un “convenio de cooperación”.
Otros de los operadores nombrados son “Lucho” Bugallo, Carlos Correa Arias y Nazareno Etchepare, “tres asesores de (Elisa) Carrió y también impulsores del #Cacerolazo convocado por las redes sociales contra el gobierno de Cristina Kirchner”, que cobrarían “60 mil pesos mensuales” provenientes de diferentes dependencias.
“A ellos se le suman Mariana Torres y Marcelo Moran, ambos trabajando originalmente bajo el mando de Patricia Bullrich y su partido porteño. Ambos administraban el perfil ‘El Anti K’ y desde ahí se encargaron de posicionar a Bullrich y a Carrió como las principales protagonistas de las marchas”, agrega el informe del Frente Renovador.
También se hace un detallado análisis del hashtag #MassaEsK, donde se concluye que los trolls combinaron “utilización de un mismo hashtag, concentración de menciones, coordinación horaria y elevado promedio de menciones” por cuenta participante.
Por último, se mencionan como ejemplos las campañas contra la vedette Pamela David, el papa Francisco y el conductor Marcelo Tinelli; y se cita un informe de Amnistía Internacional sobre ciberataques contra once reconocidos periodistas, como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni y Marcelo Longobardi.
Marcos Peña enfrentó reclamos por el uso de trolls en su informe ante la Cámara de Diputados y evitó responder las denuncias de la oposición sobre la vinculación del Gobierno con esa práctica cada vez más repudiada en la política y que en ese recinto simboliza el diputado Fernando Iglesias, que apenas entró el jefe de Gabinete se acercó presuroso a saludarlo.
El tema de manipular a la opinión pública a través de la combinación de noticias falsas y granjas de trolls es de una gravedad institucional imposible de minimizar, al punto que ya le mereció al Gobierno una condena de Amnistía Internacional y motivó este martes una reunión en el Senado con directivos de Twitter y Facebook, que intentaron despegarse de esas prácticas.
La diputada massista Graciela Camaño le presentó un informe de 80 páginas al jefe de gabinete titulado «Troll-Center Una mirada a la industria del escrache», en el que describe de una manera detallada el uso de cuentas en las redes sociales para hostigar a los dirigentes, periodistas y demás personalidades que osan cuestionar al Gobierno de Mauricio Macri.
«Cada vez que alguien critica al gobierno se convierte en víctima del troll-center. Los coordinadores definen una línea de escrache, los trolls preparan materiales y coinciden en una fecha y hora para salir todos juntos a destruir al objetivo en redes sociales», señala el documento que incluye no sólo una descripción del costo mensual, necesidades logísticas y tecnología para instrumentar los ataques troll, sino que incluso revela las conexiones de los usuarios reales más activos en Twitter en el ataque a críticos de Cambiemos, que en todos los casos están vinculados a dirigentes del oficialismo como Lilita Carrió, Patricia Bullrich, Marcos Peña y Guillermo Dietrich. En casi todos los casos estos «usuarios» cobran sueldos del Estado.
En el Frente Renovador tienen la información que ante la exposición del sistema de escrache digital, se decidió mover los servidores a la India.
Una dinámica similar a la que quedó expuesta en la fallida defensa que hizo el propio presidente Macri de dos jóvenes emprendedores de Escobar que crearon un pizzería y que «visitó» para grabar un spot para Facebook y luego se supo que eran empleados de la SRT y además al menos uno de ellos era un agresivo usuario de Twitter que atacaba a periodistas y políticos que criticaban al Gobierno.
Entre los punteros que responden a Cambiemos para generar tendencias en Twitter, el informe menciona a Lucho Bugallo, quien «maneja operativamente la red más importante de trolls del gobierno de Cambiemos, por lo que cobra 60 mil pesos mensuales del Senado Nacional» y «responde directamente a Elisa Carrió». También menciona a Nazareno Etchepare, vinculado a la oposición venezolana y cercano al experto en campañas sucias J.J. Rendón. Cobra 60 mil pesos como asesor del MInisterio de Justicia que conduce Germán Garavano.
Otro de los mencionados es Carlos Correa Arias, también vinculado a la oposición venezolana, cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y escritos de libros sobre como manipular a través de las redes sociales. Cobra 60 mil pesos de la TV Pública que conduce Hernán Lombardi, que también es mencionado en el informe por las cuentas de trolls que maneja.
El troll arrepentido Marcelo Morán, que confesó públicamente la mecánica de la que hoy Cambiemos intenta despegarse, también aparece en el informe. Así como su ex pareja Mariana Torres, que también trabaja con Patricia Bullrich. Muchos de estos «motivadores» según el informe están detrás de los escraches como los que sufrieron Sergio Massa, Marcello Tinelli, el Papa Francisco y hasta Pamela David.
En el informe también se menciona a Octavio Paulise como la persona que «se dedica a construir fakes para falsear la opinión pública con intenciones políticas». Lo hace creando cuentas que falsean la identidad de líderes de opinión como Jorge Lanata, magdalena Ruiz Guiñazú y Eduardo Van der Kooy, entre otros. Según el informe, Paulise responde al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y cobra «53 mil pesos» mensuales del Estado. Fue LPO quien reveló que Paulise en reuniones semi pública se jacta de «mover cuentas» en las redes sociales, para atacar a los que cuestionan políticas del gobierno.
Cuando LPO reveló al inicio del gobierno de Macri que el presidente había usado el helicóptero presidencial para acercar a su ministro a su country de fin de semana, sufrió un ataque durísimo de días en las redes sociales, que marcó un poco la tónica de lo que luego se convertiría en una política de Estado.
Por su parte, el diputado del FPV Juan Cabandié denunció que el gobierno pagó millones a Cambridge Analytics, la consultora acusada mundialmente de manipular datos para campañas electorales. Cabandié reveló que la vinculación de esa consultora con el gobierno de Macri se hizo a través de La Comunidad, la agencia del publicista Joaquín Mollá, colaborador durante años del propio Peña que trabajó en campañas electorales y que viene recibiendo pagos millonarios del Estado desde que Macri era jefe de gobierno porteño.
Cabandié tiene información de pagos a la agencia de Mollá -que a veces se presentaba con el sello de su controlante Sapiens Nitro-, por más de 2 millones de dólares del 2010 al 2015, a través de la Secretaría de Contenidos y Marcas del gobierno porteño que dependía de la Secretaría General que dirigía Marcos Peña. A los que se sumaron dos millones de pesos durante el 2015 en pleno período electoral.
Cabandié recordó que el propio Peña había admitido en su informe anterior en Diputados que el Gobierno había mantenido reuniones con Cambridge Analytica y volvió a preguntar por el contenido de esos encuentros. LPO habría revelado en su momento en exclusiva, los vínculos de esta polémica compañía inglesa de manipulación de la opinión pública con la campaña de Cambiemos. Se trata de una firma que en la superficie dirigía el presunto espía Alex Nix, pero que tenía como dueños reales al estratega de Trump, Steve Bannon y el millonario de ultraderecha Robert Mercer.
Pero Peña evitó responder esas preguntas, así como también esquivó las denuncias de Camaño por el uso de los trolls. No es la primera vez que el jefe de Gabinete es confrontado con esta práctica: En su anterior visita sufrió recriminaciones similares de Leopoldo Moreau.
Cabandié también hizo mención a la extinta Subsecretaría de Vínculo Ciudadano que supo encabezar Guillermo Riera y aseveró que esa área contaba con un presupuesto de 200 millones de pesos anuales y que controlaba unas 7500 cuentas de trolls. Desde el Gobierno respondieron a LPO que Riera, que dejó el Ejecutivo hace un año y medio, no contaba con ese presupuesto y que tenía a su cargo la «comunicación digital», esto es el control de las redes sociales del Gobierno y de Mauricio Macri.
Ahora esa subsecretaría no existe más, pero sus funciones fueron absorbidas por Julián Gallo, que es «Asesor de Estrategia Digital de la Presidencia de la Nación». Gallo quedó en el ojo de la tormenta en la última semana luego de que desde las redes sociales del propio Macri se utilizaran conceptos de Adolf Hitler como «veneno social» y «sociedad envilecida».
