El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn respalda la iniciativa de juicio político impulsada por la Asociación de Magistrados y Funcionariado Judicial de la Provincia del Chubut ante la inédita crisis institucional generada por las decisiones discrecionales de sus órganos de gobierno.
Los integrantes del Superior Tribunal han socavado su credibilidad con medidas como la exención del impuesto a las ganancias a una de sus ministras por su condición de jueza municipal de faltas; la asignación de doce pasajes aéreos gratuitos por año; la duplicación de viáticos —que alcanzan los $ 320.000 diarios para traslados superiores a 300 km—; la implementación del teletrabajo para todo el personal; la omisión de la fundamentación individual exigida por el artículo 169 de la Constitución provincial; la introducción de la figura de “ministro referente”; la designación de secretarios privados; el otorgamiento de adicionales no remunerativos por “gastos de investidura” que elevan sus ingresos hasta un 60 %; la compra de vehículos de alta gama y el nombramiento de personal sin concurso previo. A esto se suma el trato despectivo a los operadores jurídicos, las contrataciones directas y las remociones arbitrarias, configurando un patrón de opacidad y privilegios incompatible con los principios de ética pública, transparencia, independencia judicial y respeto al orden constitucional.
Este escenario se agrava con el incumplimiento sistemático del deber de responder a los pedidos de acceso a la información pública presentados por este Colegio, y con el silencio institucional persistente frente a los legítimos reclamos de magistrados, trabajadores judiciales y operadores jurídicos.
En tales condiciones, poco puede esperarse de un cuerpo que ha optado por el aislamiento, el secretismo y el privilegio. La autoridad moral para dictar sentencias sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía está profundamente deteriorada.
No estamos sorprendidos ante esta realidad que afecta a todos los chubutenses ya que, cumpliendo con la Ley de colegiación, nos opusimos firmemente a cada una de las propuestas de los diferentes gobernadores para designar a los actuales integrantes del Superior Tribunal de Justicia, advirtiendo la falta de paridad de género, escasos o nulos antecedentes académicos, ausencia de procedencia regional y falta de idoneidad para tan alta investidura.
El descrédito alcanzado por sus actuales integrantes es irreparable. Es por lo que este Colegio considera necesaria una renovación integral, juntamente con el Procurador General y Defensor General como exigencia institucional fundada en la necesidad urgente de restablecer la credibilidad, la funcionalidad y la imparcialidad del Poder Judicial.
Necesitamos una Superior Tribunal que se legitime por sus fallos, integrado por mujeres y hombres con idoneidad, independencia, especialidad y arraigo regional, en paridad de género y con reconocimiento en el ámbito académico y ante la opinión pública. Construir un futuro para nuestra provincia exige, en primer lugar, restablecer el Estado de Derecho, un estricto respeto a la división de poderes, a la independencia judicial y a los derechos y garantías constitucionales.
Reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la ética pública y la defensa de los valores republicanos, y nos ponemos a disposición de los órganos competentes para colaborar en todo proceso orientado a recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia provincial.