El intendente de la ciudad de Trelew, Adrián Maderna, se refirió a la situación de los becarios del SEM (Servicio de Estacionamiento Medido) al señalar que “hay gente que está trabajando normalmente y lo hacen convencidos de que ni la violencia es el camino para manifestar, ni reclamar cuestiones que no corresponden”.
Desde la Municipalidad de Trelew se aclaró con firmeza que efectivamente una gran parte de los becarios del SEM están trabajando porque no se prestan al juego de quienes intentan utilizar a los trabajadores para beneficio personal. “Es absolutamente una mentira que están trabajando porque están bajo amenaza”, aseguró el mandatario para finalizar.
El oportunismo político de Almirón un personaje que ya demuestra que va más por la senda de las mafias que por la senda de un servidor público.
Esperamos aún el pronunciamiento y las disculpas de parte del Partido de la Educación, Cultura y Trabajo”, dijo Guillermo Almirón, el actual concejal y precandidato a intendente de Comodoro Rivadavia que sin verguenza dijo semejante barbaridad cuando él es parte de esta violencia ya que su patovica Néstor «Hacha» Hourcade con su banda fueron los que provocaron a los camioneros quienes también deber ser repudiados porque no es la manera de reaccionar.
Almirón pretende ser intendente de Comodoro Rivadavia acompañado por las patotas, por Hourcade denunciado por el ex Gobernador Mario Das Neves por sus vínculos con el narcotráfico y la prostitución. ¿Qué hacía Hourcade en el cierre de listas del sábado por la noche en la sede del Partido Justicialista en Rawson? ¿En calidad de qué estaba atrás de las espaldas de Almirón?
Almirón se manifestó a través de su cuenta de Twitter, responsabilizando al partido que dirige el líder del Sindicato de Camioneros, Jorge Taboada, pero también apuntando contra la conducción partidaria: “Así como el repudio público del más alto nivel institucional de nuestro Partido Justicialista que tampoco se expresó aún ante este injustificado y salvaje ataque. Lo mismo esperamos de los principales dirigentes, o quienes pretenden serlo. Toda forma de violencia es repudiable e injustificable”, advirtió quién utilizó este barbarie de la que fue parte para realizar política barata dejando ver sus verdaderas intenciones de manchar al partido justicialista y posicionarse en el partido. Lamentable lo que hace este pobre dirigente que ya comenzó mal su carrera política incorporando a sus filas a lo peor de la política. Al delincuente de Néstor «Hacha» Hourcade un mafioso que manda apretar y amenazar de muerte a la prensa.
La jueza Moreno además levantó la prohibición de ingreso a la ciudad de Rawson que pesaba sobre los manifestantes, como medida de coerción. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Osvaldo Heiber y los funcionarios de fiscalía Leonardo Cheuquemán y Patricia Cárcamo.
La audiencia se realizó este viernes en la Oficina Judicial de Rawson luego de cumplido el plazo de un mes que había dado la magistrada para que desde la Fiscalía de Rawson se profundice la investigación sobre los ocurrido el pasado 20 de mayo en inmediaciones de la Casa de Gobierno en la capital provincial en donde además de producirse las detenciones de los manifestantes, una importante cantidad de policías resultaron lesionados.
En la audiencia, nueve de los imputados hablaron ante la jueza Moreno y respondieron preguntas de las partes. En general dijeron que los hechos violencia fueron provocados por la represión de la policía provincial. También denunciaron golpes durante las detenciones y posteriormente en distintas dependencias policiales. Puntualizaron que la Policía les borró fotografías y filmaciones de lo que ellos consideran la represión policial. Para los defensores Damián D’Antonio y Pedro Contreras, esos registros hoy podrían haber sido de mucha utilidad “para que se conozca la verdad de lo que pasó, que al fin y al cabo es el objetivo que tenemos desde la Justicia”.
Ante preguntas puntuales a cada uno de los declarantes acerca de si realizaron la oportuna denuncia formal sobre lo que les ocurrió, se expresaron negativamente. Argumentaron haber tenido miedo, situación que algunos de ellos dicen estar padeciendo aún.
Lo manifestados por los imputados en la audiencia, obligó a los fiscales actuar de oficio y abrir una investigación respecto de los presuntos apremios físicos y psicológicos originados en la Policía, además del supuesto borrado de filmaciones y fotos del accionar policial.
Un sujeto que ahora es investigado por la Policía, atacó con un caño a otro automovilista que en una esquina le había tocado bocina.
El sujeto lo siguió y en la esquina de Cangallo y AP Bell, muñido de un hierro, golpeó el automóvil de la víctima y luego lo golpeó en la cabeza.
Según consignó la Policía, el atacante antes de bajar a agredir al automovilista, le dio al menos tres golpes de puño en el rostro a su mujer, frente a sus hijos menores. Así lo reafirmaron testigos oculares del hecho.
Efectivos de la Comisaría Cuarte procedieron ante el episodio que derivó en lesiones en el rostro de la víctima y daños en su rodado. El autor está siendo investigado y sus iniciales son D. A. Lo localizaron en su vivienda del barrio Comercio, donde se procedió al secuestro del hierro usado en el ataque.
El auto de la víctima, un Toyota Etios sufrió daños en su estructura exterior. Al autor lo identificaron para la imputación por daños y amenazas agravadas.
Fue organizado por el área de la Mujer de la Municipalidad de Trelew. Disertaron el Juez Laboral Paulo Köing y la abogada Paula Farías. Estuvo dirigida a empleadas municipales, público en general y participaron organizaciones que luchan en contra de la violencia y las desigualdad contra las mujeres.
Organizado por el área de la Mujer de la Municipalidad de Trelew, en el marco de la celebración del Día del Trabajador, se desarrolló este viernes por la tarde en el Salón Histórico del Palacio Municipal, una charla panel sobre los alcances de la Ley Provincial N° X-60 de Violencia Laboral en el ámbito público, la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres y la implementación de la Ley Micaela, en la que el municipio viene avanzando.
El Panel estuvo integrado por el Juez Laboral Paulo Koïng y la Abogada del área de la Mujer, Paula Farías, y participaron de la actividad diferentes organizaciones que llevan adelante diferentes reclamos de mujeres que hay sufrido violencia en el ámbito laboral, como la Asociación Trabajadores del Estado,
“Como Municipio atendemos y escuchamos a las diferentes organizaciones y trabajamos juntos para ocupar espacios que estén libres de violencia”, explicó Priscila Llancafil, titular del área de la Mujer de la Municipalidad de Trelew. Además aseguró que “la única manera de parar prácticas y abusos es el conocimiento de la ley”.
El magistrado Paulo Köing se refirió “al efecto real que tiene la norma, la ley, en relación a la situación de la mujer y a la desigualdad que evidentemente sufre en forma cotidiana, en la vida y en el trabajo”.
“La ley es un instrumento que es plausible que esté, que tienda a lograr la igualdad o desarmar las injusticias, pero en general se la sobreestima, se piensa que sancionando una ley se soluciona el problema, pero la verdad que no es así, hay todo un sustrato social, una determinada correlación de fuerzas que no cambia a partir de la sanción de la ley”, explicó Köing.
La abogada Paula Farías presentó la Ordenanza N°12886/19, promulgada recientemente por el Intendente Adrián Maderna, en el marco de la adhesión provincial a la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en temática de género y violencia contra las mujeres para todo el personal que se desempeña en la función pública.
“Hablamos sobre los mecanismos para la puesta en marcha de la ordenanza, para que sean conocidos los distintos casos de violencia que sufren las mujeres a nivel laboral. El poder tener un vocabulario común nos va a permitir también visualizar y desnaturalizar situaciones de violencia que son vividas en forma cotidiana”, explicó Farías.
Farías realizó durante su presentación una reseña del Informe de Violencia Laboral Bi-anual del año 2017/18, que fue realizado por el Observatorio Nacional de Violencia Contra las Mujeres.
El hecho habría ocurrido a fines de abril y la víctima es pareja de un subalterno del denunciado. La mujer asegura que la siguió en el móvil, le cruzó el auto y la increpó. En 2015 lo había separado del cargo por un episodio similar en Tecka.
El jefe policial de Paso de Indios fue denunciado en el Juzgado de Paz y en la Comisaria de la Mujer, además de un amplio repudio en las redes sociales, a raíz de un incidente violento contra una mujer ocurrido a fines del mes de abril último.
Según los hechos que relató la víctima y del cual se hicieron eco desde la Comisión “Ni Una Menos” de esa localidad, el jefe policial habría seguido con un móvil de la fuerza y tras cruzar el auto delante de la mujer, la habría increpado de forma verbal y emocional, delante del pequeño hijo que acompañaba a la mujer en ese momento.
Por un reclamo
Los hechos tendrían directa relación por el reclamo de una vivienda en la que vive la mujer con un integrante de la fuerza policial, subordinado de Pailacura y a quien habrían trasladado en las últimas semanas a Comodoro Rivadavia.
En diálogo con Cadena Tiempo, la integrante de “Ni Una Menos” de Paso de Indios Flavia Calvo, dijo que observan con preocupación lo ocurrido y que se encuentran acompañando a la víctima ante el temor de un nuevo episodio por parte del jefe policial sobre quien habrían pedido ya a la justicia que dicte una orden de prohibición de acercamiento.
La víctima del hecho, quien se identificó como Evelyn Muñoz, relató a la radio que “todo ocurrió cuando llevé a mi nene al jardín y el móvil anduvo siguiéndome un par de cuadras. Cuando volvía a casa me cruzó el móvil y me habló Pailacura, con un tono muy fuerte, que teníamos que dejar la casa en ese momento”.
“Le dije que tenía el tema de los nenes, que no habíamos conseguido lugar donde ir, pero siguió diciendo que a él no le importaba, que no era su problema y entonces yo le dije que eso lo tendría que haber hablado con mi marido y no conmigo”.
La mujer es pareja de un empleado policial que en las últimas semanas habría sido apartado de la comisaría de Paso de Indios y habría sido trasladado al sur de la provincia.
La víctima relató que tras ese episodio “fue siguiéndome hasta que volví a casa y después vino acá de nuevo” y reiteró que fue una situación muy violenta, “porque me cruzó el móvil y empezó a hablarme como si fuera un delincuente, yo iba con mi nene”.
La mujer radicó la denuncia en el Juzgado de Paz de esa localidad y de acuerdo a los datos conocidos en los últimos días también se habría hecho una presentación formal en la Comisaría de la Mujer en Trelew, desde donde requeriría una orden de prohibición de acercamiento para Pailacura.
Hechos anteriores
“Mi marido se fue a Comodoro y yo me quedé sola acá, no tengo donde ir con los nenes y el tema es que tengo temor hacia su persona que pueda atacarme en la calle, estoy sola en el pueblo” dijo la mujer, quien agradeció el acompañamiento del colectivo de mujeres de “Ni Una Menos”.
Tanto la víctima, como el resto de las integrantes, afirmaron que el policía denunciado tiene antecedentes por hechos de violencia.
De acuerdo a las crónicas de Jornada del mes de noviembre del año 2015, Pailacura se desempeñaba en ese entonces como comisario de la localidad de Tecka, cuando fue pasado a disponibilidad por disposición de la Secretaría de Seguridad de Chubut a raíz de un episodio de presunta agresión que el jefe policial habría cometido contra su esposa, en un episodio que habría ocurrido en ese momento en la vía pública.
Dar seguridad
Flavia Calvo, de “Ni Una Menos” Paso de Indios, expresó en diálogo con Cadena Tiempo que en esa localidad no están dispuestos “a tolerar un accionar de parte de un funcionario hacia nadie; se supone que nos tiene que dar seguridad”.
Por otra parte, y en relación a las promesas de habilitar una Comisaría de la Mujer en esa localidad del interior, indicó que “hemos enviado notas, nos hemos acercado y no recibimos ninguna respuesta por parte del Ministro de Seguridad Federico Massoni”.
“Necesitamos que pueda estar presente en el pueblo, el pueblo no está seguro, pedimos nuevamente la Comisaría de la Mujer porque no tenemos respuestas” indicó la mujer.
La apuesta de la disidencia con la marcha de ayer fue intentar consolidar su fuerza movilizadora. El lunes el llamado a un levantamiento militar fracasó. Dudas sobre la convocatoria a una huelga.
Mientras Juan Guaidó pedía a sus seguidores no enfriar la calle, en el célebre distribuidor Altamira un puñado de militantes de la “Resistencia” se enfrentaba con piedras y gritos a militares que les disparaban perdigones y bombas lacrimógenas desde la base aérea Francisco de Miranda.
Poco más allá, la diputada Manuela Bolívar tomaba un megáfono para intentar convencerlos de dejar esa estrategia e ir a escuchar uno de los inminentes discursos de Guaidó, en los que hablaría de la hoja de ruta en esta cruzada para intentar desalojar del poder a Nicolás Maduro.
Mantener viva la calle es la estrategia del movimiento opositor encabezado por Guaidó, que reclama unas elecciones libres y competitivas, para propiciar cambios en un país arruinado y sin posibilidades de levantarse bajo el régimen chavista actual.
La tenaza de presiones que esgrime Guaidó tienes tres brazos: el apoyo internacional y las sanciones contra figuras del régimen; búsqueda de apoyo militar que le de fuerza física al movimiento; y el respaldo en la calle de los venezolanos comunes, los que padecen la mayor tragedia económica documentada en un país americano en tiempos de paz y sin huracanes, terremotos ni tsunamis.
El apoyo internacional es sólido en el mundo libre occidental, pero aparte de expresiones diplomáticas y fanfarronadas de EEUU, y de la promesa de liberar miles de millones de dólares desde el FMI, el BID y el Banco Mundial para la reconstrucción de un país en default, no está claro si ese respaldo alcanza para sacar al chavismo.
El apoyo militar no ocurrió, al menos este 30 de abril, cuando Guaidó apareció rodeado de un puñado de guardias nacionales –irónicamente la Guardia Nacional es el cuerpo que reprime con más saña, a sangre y fuego a los disidentes-. Ninguna guarnición militar se sumó, tampoco un general con poder de mando sobre las tropas.
En Venezuela es muy difícil conspirar, ha revelado una fuente con conocimiento del caso, pues la estructura blindada creada en su momento por Hugo Chávez con la asesoría de Fidel Castro, para protegerse de golpes, eleva los riesgos de ser descubierto ante de que un militar llegue a negociar ofertas de amnistía, o de una vida tranquila con la familia en el exterior. Por ejemplo, componentes militares están repartidos entre las Zodis (Zonas Operativas) y las Redis (Regiones Estratégicas) y oficiales de rangos similares están en posiciones parecidas, de modo que la mano izquierda suele saber en qué anda la mano derecha.
Hay más de 2.000 generales venezolanos, más que todos los de los países de la Otan juntos, según datos del Comando Sur de EE.UU. La mayoría son millonarios hombres de negocios sin incentivos para abandonar a Maduro. En ese mundo es sabido que las traiciones se pagan claras. Hay denuncias de torturas con especial alevosía contra los más de 200 militares que están siendo procesados por conspiradores o por sospechas de serlo.
“Nos vamos a poner de pie una y otra vez, así duela, así sea difícil, pero les juro que lo vamos a lograr, claro que sí se puede”, dijo Guaidó a sus seguidores, en una aparente alusión al fracaso de la víspera. “Mientras mantengamos la presión en las calles estaremos cada día más cerca”, de derrocar a Maduro, reafirmó.
Allí anunció la estrategia de paros escalonados hasta llegar a una huelga general. Pero, es otra jugada delicada, en un país que ya está postrado por una depresión económica que en cinco años pulverizó la mitad del tamaño de la economía y que este 2019 derrumbará entre 25 y 30% más, según el FMI y economistas privados. El comercio, los servicios, la manufactura y la industria petrolera están trabajando a menos de la mitad de su capacidad instalada; los sistemas de transporte público, electricidad, agua y gas natural están colapsados; el salario mensual mínimo equivale hoy a 7,6 dólares; y la gente necesita dos y tres empleos en la informalidad para mal comer.
El Estado es el principal empleador y expresar apoyo a Guaidó o gritar contra Maduro desde una ventana puede significar que los comités del partido le quiten a un menesteroso la cesta mensual de comida racionada, vendida por el partido de gobierno.
La oposición se esfuerza por seguir en las calles, por dar la cara y por demostrar que tiene planes para salir de Maduro y reconstruir el país. Pero líderes como Guaidó enfrentan el cansancio y el desespero de la gente.
“Señor, tiene una galleta o agua, algo de energía para seguir peleando”, pedía en Altamira un adolescente esmirriado, con el rostro cubierto. Recogía piedras para lanzárselas a los militares represores de una manifestación que había comenzado de forma pacífica.
“Ojalá haya un cambio amigo, pero no sabemos”, dice su acompañante, también encapuchado para distraer el efecto de las bombas lacrimógenas.
Decenas de personas que querían ocupar esta arteria clave de las marchas del pasado, cuando en 2017 fuerzas de Maduro asesinaron a más de 120 manifestantes en todo el país. Restos de motocicletas quemadas, concertinas de alambre de púas arrancadas de la cerca de la base aérea y neumáticos a medio arder, recordaban la pequeña batalla del martes, cuando Guaidó intentó levantar una rebelión militar.
Era medio día bajo el ardiente sol tropical. “La fuerza y la voluntad prevalece. Queremos volver a tener el país que teníamos”, dice el jubilado Elio Arismendi, de 65 años, mientras caminaba, llorando de rabia y de gases. Gana el equivalente a tres dólares por quincena, y recuerda con nostalgia los buenos tiempos en que recibía US$ 800 mensuales y le alcanzaba hasta para llevar a la familia de vacaciones.
Las fuerzas de seguridad y los «black blocs», que defienden el uso de la violencia en las protestas, se enfrentaron este sábado en París pasado el mediodía, antes de que empezara oficialmente la manifestación por el 1 de mayo
En un ambiente tenso, los agentes recurrieron a granadas de dispersión y lacrimógenas contra cientos de militantes anticapitalistas, en medio de una columna de «chalecos amarillos» en el sur de la capital, mientras que algunos manifestantes les respondían lanzándoles proyectiles.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha organizado 199 manifestaciones en toda Francia con ocasión del Día del Trabajo, aunque la que suscita la mayor atención es la de París, que está programada a partir de las 14.30 locales (12.30 GMT) entre la estación de Montparnasse y la plaza de Italia.
Ya un total de 88 personas habían sido detenidas en París esta mañana y se habían producido 3.700 controles de identidad en toda la ciudad dentro de esa misma estrategia, indicó a Efe un portavoz de la Prefectura de Policía.
Las fuerzas de seguridad utilizan nuevos dispositivos legales que les permiten realizar controles de identidad en lugares incluso alejados de los puntos de concentración para registrar a las personas. Detienen así a los que llevan todo tipo de artefactos incendiarios, objetos que podrían utilizarse como armas u otros instrumentos o prendas para ocultar su propia identidad.
El ministro francés de Interior, Christophe Castaner, calculó este martes que entre 1.000 y 2.000 «activistas radicales», entre los que puede haber algunos llegados de los países vecinos, así como grupos de «chalecos amarillos» también radicalizados.
En la tarde de ayer, personal policial de la Subcomisaría del barrio INTA de Trelew intervino en un muy violento hecho. Fue en el seno de una familia de ese populoso sector donde un hombre de 41 años fue detenido luego de atacar a golpes a su esposa y lastimar en la cara al bebé de ambos. La criatura tiene 3 meses y fue hospitalizada con lesiones en el rostro.
El hecho se produjo pasadas las 18 y fue la hermanita del bebé la que corrió en pedido de auxilio. De inmediato tomó conocimiento la guardia de la dependencia policial de ese barrio a cargo del comisario Walter Ibarra. En el Hospital Adolfo Margara, el pequeño fue contenido por el equipo de Enfermería que le efectuó curaciones faciales. Intervinieron la Justicia de Menores y personal de la Comisaría de la Mujer.
Una comitiva policial rodeó el domicilio donde el sujeto, en estado violento, fue reducido por la fuerza, ya que ofreció una ruda resistencia ante la intervención del cabo primero Rojas, el cabo León, y los agentes Ríos y Cheuqueman. Los servidores públicos, paralelamente, tomaron al bebé y lo asistieron junto a su madre que se la notó en estado de shock por el contexto.
El hecho fue en la calle Gobernador Costa al 914, esquina Tecka a las 18.20. En cuanto al bebé, se informó que está fuera de peligro.
La ministro de Educación de Chubut, presentó una denuncia contra diputados y diputadas que la hostigaron con el pedido de interpelación y las críticas a la presentación de un certificado médico.
La ministro de Educación de la provincia del Chubut, Graciela Cigudosa adujo problemas de salud ante su ausencia en la interpelación dispuesta en la Legislatura, el argumento fue atacado por legisladores de la oposición quienes advirtieron que la podrían llevar a juicio político. Frente a la crítica de dirigentes además de los comentarios en redes sociales, la funcionaria denunció violencia de género.
Una carta dirigida al Tribunal Electoral Provincial advierte sobre las agresiones que sufrió en los últimos días la ministro Graciela Cigudosa. El texto tiene como objeto la denuncia de violencia y acoso político por razones de género. “en el marco del proceso electoral PASO en los términos de los art. 8, inciso 6 y 9 y concordantes con la Ley XV número 26 de Protección Integral, Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género, efectuado en el marco de incumplimiento por parte del cuerpo de Diputadas y Diputados, en especial del diputado Eduardo Conde quien presentó un pedido de interpelación y efectuó acciones desde un accionar misógino quienes han contribuido y acompañado desde sus bancas, vulnerando derechos fundamentales”.
