Es el caso que investiga maniobras con los hoteles de la ex presidente. El juez Daniel Rafecas se desligó de una parte clave del caso. Esa decisión espera una definición de la Cámara. Mientras, se siguen acumulando denuncias y pruebas.
La causa Hotesur es una de las que más compromete a la familia Kirchner y cuenta con una abundante cantidad de prueba colectada. Sin embargo, está prácticamente paralizada desde agosto del año pasado y en un virtual limbo jurídico por una decisión del juez federal Daniel Rafecas que aún no está firme. La velocidad que tomó el caso conocido como «ruta del dinero K» –tras la irrupción del video de SGI-La Rosadita y el «arrepentimiento» de Leonardo Fariña- contrasta con el estancamiento de la causa de los hoteles de la ex presidente.
Esta investigación se inició con una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer. En el escrito, la legisladora pide que se investiguen las irregularidades relacionadas con la declaración jurada de la ex presidente Cristina Kirchner y el incumplimiento por parte de Hotesur S.A. de normas de inscripción y publicación en la Inspección General de Justicia. La sociedad comercial –propiedad de los Kirchner- no presentaba balances desde 2011, no se conocía la conformación societaria ni quiénes integraban el directorio. Hotesur es la propietaria del Hotel Alto Calafate en la provincia de Santa Cruz. En su denuncia, Stolbizer menciona que existen sospechas de que se trata de un alojamiento «fantasma» que usó el ex matrimonio presidencial para hacer negocios de dudosa legalidad con el empresario más beneficiado con la obra pública: Lázaro Báez.
A través de una firma vinculada a Báez, Hotesur recibió en concepto de alquiler diez millones cien mil pesos entre 2010 y 2011. «Mientras conseguía contratos millonarios para realizar obras financiadas por la Nación, Báez les alquilaba cientos de habitaciones en hoteles a los Kirchner, plazas que casi nunca eran ocupadas», dice la denuncia. Valle Mitre, una firma de Lázaro Báez, se hizo cargo de la administración de los hoteles de los Kirchner, y alquiló durante años en el Alto Calafate más de 1.100 habitaciones por mes. Esos cuartos no siempre estaban ocupados, pese al millonario costo que representaba para la empresa de Báez, y que significaba una importante ganancia para la familia Kirchner.
Pese a esta última referencia, Stolbizer solicitó que se investigue sólo la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad cuando en el mismo escrito hacía mención además a supuestas maniobras de lavado de activos.
La causa recayó en el Juzgado Federal número 11 a cargo del juez Claudio Bonadio. El magistrado desde el comienzo orientó la pesquisa hacia una presunta maniobra de lavado de dinero. Con el objetivo de descubrir esa operatoria ordenó una pericia contable. Los peritos solicitaron acceder a documentación que les permitiera realizar esa tarea. Esto motivó que Bonadio ordene una serie de operativos en Río Gallegos, Comodoro Rivadavia y otros puntos del sur del país tendientes a obtener información para la causa que estaba investigando. El juez le encargó esa misión a efectivos de la Policía Metropolitana.
A partir de allí, los involucrados en la denuncia pusieron en marcha una batería de artilugios procesales que terminaron con la decisión de la Cámara Federal de apartar a Bonadio de la causa. Entre esas chicanas, hubo un intento por llevar la investigación a un juzgado patagónico más «amigable» que no prosperó.
Es así que la causa quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien le sacó la custodia de la prueba colectada a la Metropolitana. Discos rígidos, DVDs, pendrives y cajas con documentación están en el área de Delitos Económicos de la Prefectura desde hace meses. Ante una nueva denuncia de la propia Stolbizer, ese material probatorio, inesperadamente, podría volver a manos de Bonadio. Es que la diputada del GEN fue a la Justicia para denunciar una maniobra similar a las realizadas vía Hotesur, pero ahora con la sociedad Los Sauces: pago de alquileres exorbitantes a la familia presidencial. El caso se sorteó y cayó en el juzgado de Bonadio.
Pese a que el caso Hotesur ya contaba con las pruebas fiscales y legales de los alquileres de habitaciones, de que ese dinero terminaba en el patrimonio de la familia presidencial y de que constaban una serie de irregularidades e incompatibilidades, la actividad que ha tenido la causa desde que está en manos de Rafecas fue nula. En agosto del año pasado, el juez anuló la designación de peritos contadores, la realización de la pericia contable ordenada por Bonadio y validó los procedimientos realizados en el sur del país en los que se secuestró abundante documentación.
El 24 de febrero de este año, Rafecas se declaró incompetente en un tramo de la causa clave. Se quedó con la investigación referida a las irregularidades en la tramitación del legajo societario de Hotesur S.A. ante la IGJ y con las inconsistencias en las declaraciones juradas de Cristina Kirchner correspondientes a los años 2011-2013 y en la contratación de habitaciones por parte de Aerolíneas Argentinas. El magistrado declinó la parte del expediente relacionada con las presuntas maniobras de lavado de dinero en manos del juez federal Julián Ercolini. Rafecas entendió que se trata de parte de los mismos hechos que se investigan en la causa por asociación ilícita originada por la denuncia de la diputada Elisa Carrió hecha en 2008 contra Néstor Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros.
Esta decisión fue apelada por el fiscal Carlos Stornelli y será la Sala I de la Cámara Federal la que resolverá –en una audiencia prevista para este martes- si confirma el fallo de Rafecas de dividir la causa.
El fiscal general ante la Cámara Federal Diego Velazco mantuvo el recurso deducido por Stornelli. En su escrito, califica de prematura la decisión de Rafecas y advierte que lo que dijo Fariña en su declaración indagatoria ante el juez Casanello roza la causa Hotesur, razón por la cual se dispuso agregarlo como prueba. Velazco pide que antes de desmembrar la investigación se realice una valoración de la declaración de Fariña con relación a los hechos comprobados en la causa Hotesur. Solicita que el juez a cargo de la instrucción examine toda la prueba existente hasta el momento, incluidos los dichos de Fariña.
Sostiene el fiscal Velazco que «no es conveniente ni ayudará al esclarecimiento de los diversos hechos atrapados en un único y complejo objeto procesal que se parcialice la investigación». Además señala que de confirmarse la decisión de Rafecas «sólo se entorpecerán el ejercicio de la acción penal pública y el descubrimiento de la verdad, más de lo que viene haciendo la rémora que se advierte desde el 14 de agosto pasado (última medida de cierta trascendencia en la labor de investigación)».
Según la agencia Noticias Argentinas, Velazco cuestionó la «rémora» en la investigación desde hace ocho meses, aunque resaltó la única decisión trascendente realizada por Rafecas: haber convalidado la prueba que se incautó durante poco más de treinta allanamientos que había realizado en el sur del país el juez Claudio Bonadio antes de ser apartado de la investigación.
Infobae
