Las concursantes para el cargo de defensora civil para Puerto Madryn, María Esther Murphy y de asesora de Familia en Trelew, Carolina Van Domselar relataron frente a los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales sus ideas y los planes que tiene cada una para ocupar esos cargos. El presidente de dicha comisión, José Grazzini se mostró complacido por la preparación de ambas profesionales y felicitó a los integrantes del Consejo de la Magistratura por la selección que hicieron, “nosotros cumplimos con la función constitucional y la entrevista con Murphy y Van Domselar han sido positivas, debemos felicitar a los consejeros por el concurso y la elección que hicieron de las dos personas”.
Grazzini adelanto que se aprobará el pliego de las dos concursantes, “porque queremos que la justicia tenga profesionales idóneos y que siga funcionando bien y más con estas dos profesionales cuyos pliegos saldrán en la sesión del martes” indicando que el próximo miércoles estará en la comisión el Jefe de Policía, Juan Luis Ale para avanzar sobre varios temas de seguridad que se deben implementar en la provincia.
Sobre López
Al ser consultado sobre la situación del ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López dijo que se siente avergonzado, “estas cosas están fuera del alcance de un proyecto político, estas cosas no debe apartarnos de la doctrina justicialista y debemos seguir trabajando para el país, yo me siento avergonzado por esto pero no por mi concepción ideológica”.
Grazzini repudió el hecho y dijo que esconder la plata bajo tierra o tenerla fuera del país son situaciones graves, “la corrupción está instalada en todos los partidos y la justicia debe actuar firmemente para saber qué es lo que ocurrió y que si tienen que ir presos que vayan”.
Indicó que “esa acción implica la comisión de los delitos de evasión, defraudación a la administración pública, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por lo cual “resulta imprescindible que, ante el inminente tratamiento de una ley de blanqueo de fondos no declarados, propuesta por el Gobierno Nacional, se excluya también en forma taxativa y expresa, no solo a los funcionarios públicos, sino también, y especialmente, a los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad padres, hijos, hermanos, primos y cónyuge».
Grazzini recordó que “este hecho, sumado al escándalo internacional de los Panamá Papers y al de la denuncia también internacional de las cuentas del HSBC, exige que la transparencia no tenga color ni partido político, por lo que brego por el accionar autónomo e independiente del Poder Judicial, esperando que actúe con celeridad y sin privilegios de ningún tipo».