Noemí Ortiz, la mujer que mató a Pablo David Rúa, fue imputada ayer por homicidio agravado por ser cometido contra quien mantuvo una relación de pareja, aunque el fiscal adelantó que la calificación podría cambiar a homicidio preterintencional u homicidio con exceso en la legítima defensa, las cuales conllevan penas excarcelables. El fallecido tenía al menos tres denuncias, de distintas mujeres, por violencia de género y estaba a la espera de un juicio por tenencia y abuso de arma de fuego. La acusada permanecerá un mes con arresto domiciliario.
Se llevó a cabo ayer la audiencia de control de detención y apertura de la investigación contra Noemí Liliana Ortiz (30), a quien el fiscal general Adrián Cabral imputó como autora del delito de homicidio agravado por ser cometido contra quien mantuvo una relación de pareja, aunque aclaró que la misma es provisoria y que con el avance de la investigación podría mutar a homicidio preterintencional u homicidio con exceso en la legítima defensa.
La audiencia fue presidida por el juez penal Jorge Odorisio, mientras que la imputada fue asistida por la defensora pública María Cristina Sadino, quien cuestionó la calificación escogida y el agravante, tras lo cual hizo saber al tribunal que su asistida prestaría declaración.
EL HECHO
En base a la información que recabó el fiscal, el hecho ocurrió el 9 de abril entre las 2:30 y las 4:30 en el domicilio que Pablo Rúa ocupaba en Ostoich 1326 del barrio Abel Amaya. En ese lugar, según el acusador, se encontraba Rúa, Ortiz y Walter Mauricio Palacios compartiendo bebidas hasta que en un momento la pareja comenzó a discutir y luego Rúa le habría pedido a Palacios que los dejara solos porque necesitaba intimidad. La discusión pasó de lo verbal a la agresión física y en un momento dado la mujer le causó una lesión en el antebrazo con una botella rota, la cual provocó una herida de 11 centímetros que lo llevó a desangrarse.
El fiscal también hizo referencia a todas las denuncias que pesaban sobre Rúa por violencia de género desde 2010 y la última fue en febrero de este año por amenazas y lesiones. Todas realizadas por distintas mujeres que fueron pareja de Rúa. En tanto que el 7 de octubre de 2014 Ortiz lo denunció por na golpiza y amenazas de muerte, aunque esa investigación fue archivada por la Fiscalía. Rúa también tenía pendiente un juicio por tenencia de arma de fuego y abuso de arma.
«NO LO QUERIA LASTIMAR»
La mujer accedió a declarar y brindó un crudo relato sobre el calvario que vivió los últimos 7 años, 5 de los cuales convivió con Rúa. Ella es madre soltera y tiene dos hijos adolescentes que están escolarizados y que dependen de ella, cuyo mayor sustento lo obtiene de la compra venta de muebles y otros objetos.
En su declaración la mujer afirmó que el testigo Palacios nunca se fue y estuvo todo el tiempo hasta que vio sangre, recién allí desapareció. Ella le pidió ayuda para que le saque de encima al sujeto que la tenía en el suelo y tomándola de cuello. «Me estaba ahorcando, ya no podía hablar y le hacía señas a su amigo para que me lo saque. En un momento me soltó y traté de irme, pero me agarró de los pelos y se me tiró otra vez encima. Arriba de la mesa había una botella de cerveza. Yo lo quise asustar para que me deje de pegar, no lo quería lastimar», sostuvo.
La sangre que comenzó a salir del antebrazo de Rúa motivó a Palacios a dejar el lugar y la mujer trató de hacerle un torniquete con una campera, al tiempo que llamó a su hermana para que la ayudara a trasladarlo hasta el Hospital Regional.
«No sabía el número de la ambulancia. Yo le hablaba para que no se duerma y le pedía que aguante; todo el viaje le hablé pero cuando lo estaba reanimando en el Hospital me di cuenta que se había muerto», se lamentó.
El fiscal Cabral entendió que existe peligro de fuga pero no pidió prisión preventiva, porque entendió que el proceso se puede cautelar con una medida menos gravosa, como lo es el arresto domiciliario, para lo cual solicitó un mes.
No obstante, la defensora negó que hubiera peligro de fuga y exigió que Ortiz quede en libertad.
De todas maneras el juez resolvió formalizar la apertura de la investigación con la calificación propuesta por el acusador público y dictó un mes de arresto domiciliario.
Diario El Patagonico