“Cuando entran por primera vez, ya es difícil que salgan de la rueda”. El testimonio hace referencia a las personas que día a día caen presas en Argentina, y pertenece al ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, o sea, la persona que entre otras cosas tiene a su cargo la población carcelaria de la zona más poblada del país, la cual crece sin parar desde hace décadas. Ferrari reconoció el problema ante EL PAÍS hace casi un año, luego de publicarse el informe que todas las temporadas presenta la Comisión por la Memoria (CPM) y tras una visita a la cárcel de Olmos, una de las más pobladas, con pabellones abarrotados.
El nuevo informe de la CPM, que hace especial hincapié en la desaparición del artesano Santiago Maldonado y responsabiliza al Estado argentino, analiza la actividad judicial de 2016 y da cuenta de una sobrepoblación del 73,5% en los presidios del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB), seis puntos más que el período anterior.
“A fines de 2016, la población detenida a disposición del Poder Judicial (detenidos en comisarías, alcaidías judiciales y bajo arresto o prisión domiciliaria) fue de 38.681. A julio de 2017 alcanza los 41.729 (37.208 en cárceles y alcaidías, 2.944 en comisarías y 1.575 en monitoreo electrónico)”, precisa el escrito.
Consultado nuevamente por este diario, Ferrari sigue reconociendo el problema: “Efectivamente, hay más detenidos en la Provincia, y esto se debe a una eficiencia del trabajo que desarrolla el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo, que incide directamente en la cantidad de detenidos que tenemos en las cárceles”. “Hay detenidos por delitos de flagrancia y otros por investigaciones policiales y de la justicia, que permitió que muchos que estaban prófugos fueran detenidos y otros también a través de tareas de prevención”, amplió el cargo.
El año pasado el gobierno provincial anunció un ambicioso, pero lento programa de ampliación de espacios y puesta en valor de los espacios existentes. Fuentes del ministerio que comanda Ferrari precisaron que con los fondos aportados por el Ministerio de Justicia de la Nación, se construirán 432 plazas en la Cárcel de Campana y 324 en la alcaidía de Lomas de Zamora. Las obras no aliviarán el problema dado que, según lo investigado por la CPM a agosto de 2017, había un faltante de 17.464 plazas. Mientras tanto, el Servicio Penitenciario Federal, ha alcanzado en 2016, la tasa de muertes más baja de su historia, 30,09% y a la fecha, la tasa asciende a 24,58%.
Otros puntos en cuestión que se desprenden del informe son las 385 muertes de personas bajo custodia del estado o por acción policial durante todo 2016 y los maltratos y torturas que reciben algunos internos. Más de 150 de esas muertes fueron en cárceles (más de 3 muertes a la semana). El 71 % fueron por desatención de problemas de salud, a pesar de que en diciembre fue inaugurado el esperado hospital penitenciario sito en Olmos. Otras 109 personas fueron asesinadas por agentes de fuerzas de seguridad, según se desprende del escrito.
La CPM además relevó 16.403 hechos de agravamiento en las condiciones de detención, padecidos por 3.054 víctimas en todo el sistema de encierro (adultos y jóvenes). Estos hechos, que constituyen torturas y malos tratos, se registraron a partir de 6.905 entrevistas realizadas a personas privadas de su libertad y/o sus familiares. En resumen, el total de los asistidos padecieron, en promedio, cinco agravamientos simultáneos durante su detención.
El otro gran problema del distrito es la cantidad de personas detenidas en comisarías, algo ilegal en Argentina, que suman casi 3.000. En forma específica, 2.944 detenidos en las 432 dependencias policiales que existen actualmente, de los cuales sólo 1.039 tienen camastro. Es decir que dos de cada tres personas duermen sin cama o colchón. Desde el ministerio argumentaron que “desde hace algunos meses no se envía más presos a las comisarías y se está bajando progresivamente ese número”.
La Comisión Provincial por la Memoria está presidida por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y está integrada entre otros por la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas y el padre Pepe Di Paola. En el informe, señalan que “Los pilares de verdad, justicia y memoria siguen siendo vertebradores de nuestra sociedad, no solo en su mirada sobre el pasado sino en las disputas por el presente. Las violaciones a los derechos humanos que expondremos una vez más en este Informe (como la desaparición forzada de Santiago) no son resabios de la dictadura. Son continuidades que estructuran ciertas prácticas estatales que los distintos gobiernos sostuvieron y no transformaron en el proceso de democratización de la sociedad”.
