El colectivo decidió llamarse «Historias desobedientes» y su denominación no es casual. Según ellos, la historia nació cuando entre 20 y 30 hijos de genocidas argentinos apostaron a romper el «mandato de silencio» impuesto por sus familias de origen. Pero, al hacerlo, rápidamente se encontraron con el impedimento de la ley: el Código Procesal Penal impide denunciar o declarar en contra de un familiar directo.
Al principio sólo eran dos. En poco tiempo fueron seis y, más tarde, se convirtieron en decenas. Su primera aparición pública fue en la marcha del Ni Una Menos y, a partir de allí, todo fue organización conjunta. «Hasta ese momento éramos personas que en forma solitaria veníamos viviendo esto de ser hijos de genocidas que repudian el accionar de su padre», dijo a ámbito.com Pablo Verna, hijo de Julio Alejandro Verna. Su padre, médico y excapitán del Ejército, está acusado de inyectar anestesia a las víctimas de los «vuelos de la muerte» (imputado por la querella pero libre y sin condena).
Verna (h.) es abogado y es el creador del proyecto de ley que apunta a reformar los artículos 178 y 242 del Código. La redacción actual del primer artículo es la siguiente: «Nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado». El otro, por su parte, enuncia: «No podrán testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el imputado».
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| Pablo Verna es abogado y es el creador del proyecto de ley que apunta a reformar los artículos 178 y 242 del Código
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La iniciativa del colectivo, presentada la semana pasada a la Cámara de Diputados, pretende que estas prohibiciones sean removidas cuando se trate de delitos de lesa humanidad, habilitando así a los hijos o familiares de genocidas que en forma voluntaria quieran dar su testimonio.
«Yo denuncié a mi padre en la Secretaría de Derechos Humanos en 2013, al tener la certeza de su participación, y me encontré enseguida con el impedimento de dos artículos del Código Procesal de la Nación», aseguró el letrado. «Nosotros queremos que estas prohibiciones no sean aplicables a los delitos de lesa humanidad, porque la nulidad hace caer todo lo que se derive de esa prueba», añadió.
Verna (h.) detalló la base del proyecto: «Uno de los fundamentos jurídicos es que el Estado argentino tiene la obligación internacional, de acuerdo a los tratados de derechos humanos suscriptos y de jerarquía internacional, de investigar, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad». Según el abogado, «la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación lo viene sosteniendo desde hace veinte años». Esta decisión, tal como reveló, fue «un proceso largo, doloroso, muy difícil y plagado de contradicciones; porque no deja de tratarse de mi padre». Por ello, desde 2013 no mantiene ningún vínculo con Julio Verna.
En el marco de los 30 mil desaparecidos por el terrorismo de Estado y de los más de 300 niños apropiados por la dictadura, Verna mencionó que si bien «puede haber mucho interés por el testimonio que podemos dar, no queremos generar falsas expectativas. Las pruebas que nosotros podemos llegar a aportar no van a dirimir el resultado de los juicios». A la vez, aclaró que «hay compañeros que han visto algún elemento producto de los llamados botines de guerra (que en realidad son robos a las víctimas); o han escuchado distintas cosas en su familia, lo cual puede llegar a ser alguna pieza para la reconstrucción de los hechos».
Según Pablo Verna, el ocultamiento que se dio en el núcleo familiar de los genocidas de la última dictadura cívico militar, se mantiene aún en los dos artículos que hoy estos hijos (la mayoría de ellos mujeres) quieren modificar. «Nosotros tenemos nuestra voz y queremos que no sea callada. En el colectivo hay una nota común, a pesar de la historia particular de cada uno, y es que todos vivimos un mandato de silencio impuesto en nuestras familias de origen, impuesto de forma explícita o implícita», aseguró. Y ratificó: «Una vez que transitamos un camino de conciencia y de posicionamiento ético frente a lo que nos toca, que es ser hijos de genocidas, vemos reflejado ese mismo mandato en la legislación. A nosotros en nuestras familias nos han impuesto un mandato de silencio que ahora es reflejado por la ley».
Ahora el proyecto -que aguarda ser tratado en comisión- debe seguir su camino formal. «Nosotros lo presentamos y ahora está en manos de los diputados. Pedimos el apoyo de todos los sectores políticos porque sentimos que la gravedad de los lo que implica un genocidio está por encima de cualquier diferencia partidaria», concluyó Verna.
