El 5 de marzo a las 9 hs está previsto que comience en Esquel el juicio por venta de tierras fiscales en Corcovado.
La acusación planteará tres hechos ocurridos entre los años 2011 y 2012, en los que participan el entonces intendente de la localidad Héctor Raúl Diez, concejales y ciudadanos en la venta de dichas tierras fiscales.
Los delitos que intentarán probarse son los de Violación de deberes de funcionario público y Defraudación a la administración pública por administración fraudulenta.
El debate fue postergado por razones de salud de uno de los imputados, además de una presentación del defensor Gabalachis, quien cuestionó que el Tribunal fuera unipersonal, interpretando que debía ser colegiado.
El planteo fue rechazado.
Martín Zacchino será el juez del debate que debería empezar el mismo día que el ciclo lectivo.
La acusación plantea tres hechos.
El primero acusa a los concejales de dicha localidad de infrigir las disposiciones sobre tierra fiscal, sobre la que existía una disposición que prohibía su venta hasta la finalización del período electivo.
Los concejales Bustos, Austin, Pereyra, Ocampo, Díaz y Novella aprobaron la ordenanza por la que autorizaron primero al Departamento Ejecutivo Municipal a la venta de parcelas fiscales a la Sra. Larrea por a suma total de $ 1.513.177, y 13 días después, autorizaron a la adquirente -María Josefa Larrea-, a ceder, vender o transferir esos derechos a terceros, con el conocimiento de que existían irregularidades:
-Larrea no era ocupante actual de esas tierras, tenía otras propiedades en la localidad y no las adquiría con la finalidad de destinarla a vivienda única familiar ni en función de un proyecto productivo debidamente aprobado.
-Excedía el predio las dimensiones cuya transferencia se permite, se lo hacía por un precio que no se correspondía con los parámetros fijados por la reglamentación de tierras fiscales y por las circunstancias propias de la tierra (dimensión, ubicación, etc.),
-Se eliminaba de este modo el pacto de retroventa y no se había cancelado el pago.
En el segundo hecho y por la misma situación se imputa al intendente, quien administraba las tierras fiscales y promulgó las ordenanzas que fueron aprobados por los concejales.
En el tercer hecho se imputa al intendente, con participación de los concejales, a la misma ciudadana Larrea y se suman los señores Comerci y Torres , por la venta efectiva de las parcelas.
La fiscal, Fernanda Révori, encuadró los hechos en los delitos Violación de deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública por administración fraudulenta.