La ordenanza de “Trata Cero” en Trelew rige desde hace un par de años.
Su implementación, visto desde la Justicia, tiene fisuras: se obligó a todos los cabarets, whiskerías y clubes nocturnos a cambiar el rubro, pero les dieron un plazo de 6 meses para hacerlo.
Para el fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez, no se debió ser “tan tolerante” si realmente había situaciones de trata.
Además marcó fallas en los controles.
“Un inspector entra a un bar y se fija si cumple con la heladera y no ve si hay víctimas o personas que podrían serlo”.
Bajo jurisdicción de la Justicia Federal de Rawson hay 20 casos, algunos en investigación y otros esperando juicio oral.
Gélvez participó la semana pasada de una reunión en el Concejo Deliberante con funcionarios y ediles de la Comisión de Seguimiento de la ordenanza “Trata Cero”.
Cada vez que se denuncia este delito, la causa cae en sus manos.
“Es una normativa dictada por los concejales y me llamó la atención en su momento que el Estado municipal dio 6 meses a locales que funcionaban con determinada clase para que reconvirtieran ese funcionamiento.
Si se trata de que un delito no se cometa, está mal.
Y no afectaba la actividad comercial, porque si es delictiva no puede ser objeto de regulación de ningún tipo”, sintetizó.
Gélvez comparó la legislación vigente en Trelew con la de Esquel.
“La de Esquel es más atinada porque no da plazos y regula que en esos sitios no puede haber ninguna actividad que pueda propender a un delito de trata.
Los municipios deben estar en sincronía con Nación y legislaciones supranacionales.
Se trata de prevenir, sancionar y realizar actividades positivas para que no haya explotación de mujeres y niños”.
El fiscal puntualizó que “el Estado debe regular la prevención y tener en cuenta las directrices y fallos de la Corte Interamericana, la Corte Suprema o los tribunales de la Nación.
A lo que voy, es que la crítica que en su momento me pareció realizar fueron los 6 meses para cambiar el rubro”.
Recordó que a pocos días de aprobada la ordenanza en Trelew hubo protestas.
“Salió una persona a quejarse que había sido condenada y tuvo causas en trámite”.
Se trata del fallecido Cristóbal Barboza.
Opinó que para implementar la legislación en Trelew fallan los controles.
“Los inspectores van a ver lugares habilitados como restobar o confiterías.
Luego investigamos en esos sitios y en el ámbito público que puede entrar cualquier persona.
Se han observado circunstancias de 15 o 16 mujeres y un hombre, justo un día de semana.
Sabemos cómo es el tema pero el inspector no lo vio.
Se fijó en una heladera o en otra cuestión.
Cuando va algún investigador de policía provincial o federal observa otra cosa”.
Gélvez insistió con el control municipal “debe ser efectivo”.
Si se habla de confitería o restobar “se debe poner la lupa en lo que pasa con las actividades relacionadas a personas que pueden estar ejerciendo u obteniendo clientes para ejercer la prostitución ajena”.
Habló de “evitar que haya determinado tipo de espectáculo con mujeres semidesnudas o por ejemplo, bailes como el del caño.
Pareciera a veces que es una cuestión cultural, en contra de lo que han vivido esas personas o su experiencia.
Pero justamente estas normas están dentro de las competencias: deben propender a realizar tareas para prevenir en lugares de acceso al público, donde puede ir cualquiera a tomar algo”.
Consentimiento
“Para muchos penalistas para que esté presente el delito de trata, no importa el consentimiento de la víctima.
Los legisladores argentinos entendieron que es trata cuando la posible víctima dijera que quiere hacer esa tarea, quiere ser sometida o explotada con fines sexuales, laborales, matrimonio esclavizante, situación de servidumbre, que le extraigan un órgano, fluidos o tejidos.
Esos fines están prohibidos porque afectan la dignidad y la autodeterminación del ser humano.
Hay muchas personas en situación de vulnerabilidad y es un agravante”.
Según Gélvez, “por más que dé el consentimiento no se lo puede explotar laboralmente, sexualmente o con otros fines.
Hay delitos que pueden ser el antecedente de la trata o relacionados con ella.
El proxenetismo o quien se beneficia económicamente con la prostitución ajena.
O rufianerismo: quien promueve, facilita con determinados fines para beneficiarse.
Esto se reprime porque afectan bienes jurídicos: valores o intereses de los seres humanos”.
De lo que sí es delito, Gélvez explicó que “cuando una persona quiere ejercer la prostitución para beneficio propio no está reprimido.
Si lo hace en lo privado, como su domicilio no hay delito.
En esta línea sí existen contravenciones que tienden a resguardar a personas que son incitadas por otros o se benefician con la prostitución ajena”.
Advirtió el fiscal federal que “cuando son menores de 18 se agrava porque son menores.
Y niños.
Acá también se modificó la ley.
Dentro de los fines de explotación se mencionó la pornografía infantil como figura independiente en el Código Penal”.
Consideró fundamental que los municipios tengan su propia legislación para combatir la trata.
“Deben regular estos temas dentro de sus competencias.
Si el municipio con sus órganos de control realiza la tarea puede ayudar para que en esos ámbitos públicos donde puede ir cualquier persona se eviten estos comportamientos”.
Hizo especial hincapié en un caso de Trelew que espera juicio oral: las menores que en el barrio Planta de Gas fueron víctimas de la explotación sexual.
“Las pudieron rescatar de una villa de Buenos Aires. La explotación se consumó porque las hacía ejercer la prostitución en la plaza Miserere.
Chicas de muy corta edad.
Hay personas con prisión preventiva y las llevaban de Puerto Madryn a Buenos Aires”.
“Si bien eran causas diferentes los hechos eran parecidos.
Uno de los detenidos y acusados está en las dos causas como imputado.
Las niñas, de 11, 12 o 13 años, naturalizan esa vida.
Los autores las duplicaban en edad o más, y para ellas eran personas buenas.
Les regalaban cargas telefónicas o pegamento para drogarse. Hay una situación más grave: la falta de pautas culturales y la pobreza”.
Investigaciones
Hubo minuciosas investigaciones en lugares de Trelew donde funcionaban cabarets.
“Eran lugares públicos. Si el Estado controla bien, mucho esto no se va a realizar en esos sitios. Pero como cualquier actividad ilícita se puede realizar en un lugar clandestino. Si los municipios pueden hacer algo con control e inspección, es útil”.
El fiscal pidió a padres y menores estar atentos ya que también hay redes de trata virtuales.
“Puede existir descuido de menores en las redes. La pornografía infantil está también presente. O comunicaciones que se podrían encuadrar en algo penal o derivar en un secuestro, engaño, violencia o seducción de quien capta”.
Según el fiscal federal, “el tratante tiene que ganar la voluntad y la confianza. Una persona de corta edad no tiene la maduración suficiente ante esa vivencia y puede caer”.
Línea 134
En cuanto a la efectividad de la Línea 134 de denuncia que funciona en Trelew, dijo que es útil.
Fiscalía interviene si el denunciante explica bien el lugar, tiempo y modo del presunto delito.
“No vaguedades ni cuestiones generales. Se manda a hacer las tareas de inteligencia o se envía personal específico. Pero a veces no existe”.
“Aquel que conoce un hecho es muy bienvenido. Me lo acercan, hago el pedido de investigación, mandamos a la Policía a investigar y hacemos un trabajo de campo a ver si el lugar existe.
En algunos casos dio buenos resultados. Es una herramienta que sirve para investigación de delitos federales como droga y trata”.
