A más de diez años del salvaje asalto al cajero del Ministerio de Economía de Rawson, la Provincia deberá indemnizar por daño moral a Adela Guequén, concubina de Pablo Andrés Rearte, uno de los dos policías asesinados en ese episodio.
La compensación incluye al hijo de ambos, que hoy tiene 15 años.
El fallo del juez capitalino Carlos Tesi llega tras un largo recorrido procesal, que incluyó la negativa del Estado a reconocer su responsabilidad en la muerte de Rearte.
El otro uniformado acribillado fue Oscar Cruzado.
El magistrado decidió que la concubina tiene derecho a ser resarcida con un millón y medio de pesos. La Provincia pagará las costas.
Pablo Assin, abogado de Guequén, explicó que ya hubo un juicio laboral en el cual La Caja, como Aseguradora de Riesgos del Trabajo, indemnizó a Guequén y a su hijo.
El pago incluyó a una hija del primer matrimonio de Rearte. “La sumamos por una cuestión de trato humanitario y porque tenía el derecho”.
Pero el juicio por daño moral que empezó en 2008 tardó mucho más por la negativa estatal.
“Hay un dictamen vergonzoso que dice que ni mi cliente ni su hijo tenían ningún derecho de reclamo ya que el Estado no tenía responsabilidad”, recordó Assín.
Pero mientras a Guequén le decían que no, en paralelo prosperaba un reclamo similar de los padres de Rearte y de los familiares de Cruzado en el mismo Juzgado, con un acuerdo indemnizatorio.
“El obrar del Estado era contradictorio y desigual; por eso se agotó la instancia administrativa, se inició el juicio y realmente a la Provincia debería darle vergüenza frente a la sociedad haber litigado por más de diez años con esta causa; se llenó de bronce poniendo el nombre de Rearte a lugares públicos, cuando por otro lado el Estado cuando debe afrontar una obligación eraria, no lo hace”.
No hubo acuerdo, aunque era lo más lógico si se había logrado cerrar el caso con los demás parientes.
Assin aseguró que ninguna Gobernación le concedió audiencias a la viuda, que convivió 4 años y 3 meses con Rearte.
Le reclamó al exjefe de Policía, Juan Ale.
“Él tenía dos fallecidos y debía resolver este tema de mucha trascendencia social y muy costoso desde lo emocional.
Me dijo que había hablado pero que no tenía respuesta de ningún tipo; seguimos golpeando puertas hasta que llegó la sentencia”.
Hubo un principio de acuerdo cuando el fiscal de Estado era Diego Carmona, con sumas similares que para el resto.
“Pero tras reunirnos me dijo que Provincia iba a pagar la mitad de lo que había ofrecido; le dije que no porque mi cliente tiene todo el derecho a sospechar que me quedo con dinero, y no es así”.
Guequen recibe un subsidio para familiares de policías caídos en servicio y una pensión que equivale a un cargo policial.
Vive en Trelew y la pericia psicológica da cuenta de “un estado de vulnerabilidad, depresión, miedo y angustia que no logro superar y requerirá tratamiento terapéutico; está mal emocionalmente y recordar le produce mucho remordimiento”.
Por eso prefirió no estar en la charla con Jornada.
Tras el asalto ingresó a la Policía pero renunció a pedido de su hijo, temeroso de perder también a su madre.
La sentencia admite la “falta de seguridad que daba el Estado a los policías para el traslado de caudales”.
El Estado argumentó que Rearte y Cruzado contaban con medidas suficientes.
Y que el primero tenía un chaleco antibalas que no usó.
Tras el atraco “se cambiaron las condiciones de seguridad, hoy rige otro sistema y otros estándares que si hubiesen estado vigentes, esto no pasaba porque hubiese disuadido a la banda.
Era muy vulnerable por el sencillo hecho de que nunca había pasado nada”.
Se empezaron a usar blindados con más personal.
“Había un estado de indefensión y se bajó la guardia –consideró Assin-; iba una simple camioneta utilitaria que no era blindada, apoyada por un patrullero con dos policías, y se cargaban los cajeros”.
Rearte, que tenía 36 años, no integraba la división Seguridad de Caudales pero ese día igual le asignaron la custodia.
La camioneta sólo tenía equipo de comunicación y sirena.
Los dos blindados del Banco no estaban disponibles: pagaban sueldos en el interior.
El letrado consideró “un milagro” que ese 15 de junio de 2007 no haya habido más víctimas en la balacera: había muchos chicos de la Escuela 20, entrando y saliendo frente al Ministerio.
En su demanda advirtió que la vida de madre e hijo “se transformó en un calvario que no pudieron superar pese a los esfuerzos realizados”.
Definiciones
El juez Tesi consideró que la violencia de la banda que mató a los policías es parte del “riesgo propio de las tareas” que el Estado asignó a Rearte.
Los ladrones “no puede ser considerados como un tercero ajeno por el que la accionada no deba responder”.
Provincia no puede quedar eximida de las consecuencias.
“Resultó acreditado que, al ser asesinado, el trabajador actuaba en cumplimiento de su deber como agente policial, la posibilidad cierta de enfrentamientos armados como el que derivó en su muerte resulta un componente habitual de la actividad encomendada al dependiente, por lo que no representa una situación excepcional con aptitud para eximir de responsabilidad al empleador”.
