El presidente Mauricio Macri encabezó hoy en la Casa de Gobierno una reunión de la Comisión de Reforma del Código Penal, de la que participaron los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y cuyos integrantes informaron al jefe del Estado sobre los avances en los cambios propuestos en el cuerpo normativo vigente, que data de 1921.
El actual Código Penal comenzó a aplicarse en 1922, y a lo largo de su vigencia se le efectuaron más de 900 modificaciones y adaptaciones parciales que fueron incorporándose en los últimos 96 años en forma de legislación especial.
El anteproyecto que elabora la comisión, creada en febrero del año pasado, y que preside el juez federal de Casación Penal Mariano Borinsky, apunta a concentrar toda la legislación penal en un único cuerpo normativo coherente, sistemático e integral, con proporcionalidad en su penas.
Fuentes oficiales señalaron que la idea es elaborar un Código Penal ágil y moderno, que permita una aplicación efectiva de la ley penal y que tenga los consensos necesarios en los tipos penales que se incluirán en materia de inseguridad, narcotráfico, delitos de funcionarios públicos, delitos informáticos, corrupción, lesa humanidad, laboral, menores, libertad condicional, prescripción, entre otras cuestiones importantes.
El anteproyecto prevé limitar la discrecionalidad de los jueces en la determinación de la pena para los delitos más graves y complejos del ordenamiento penal, casos en los que el magistrado deberá aplicar el tercio superior de la pena que corresponda a cada delito, así como limitaciones a los beneficios carcelarios para los reincidentes y multirreincidentes.
En cuanto a la lucha contra el crimen organizado, eleva sustancialmente las escalas penales para los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos a fin de evitar la connivencia entre el poder político y el delito, y en esa misma línea se ampliará la responsabilidad penal para las personas jurídicas que podrán ser castigadas con altas multas y hasta la clausura en caso de comisión de delitos.
Respecto del narcotráfico, el código distinguirá entre aquellos que organicen, financien, dirijan o administren organizaciones dedicadas a a esta actividad, o que tengan conexiones con bandas internacionales y, por el otro, los integrantes de los escalones más bajos en las organizaciones ilícitas.
Con respecto a los siniestros viales, máxima causa de muertes en la Argentina, se prevé un aumento de penas para los homicidios cometidos en esos casos, así como la incorpora de la figura del delito de conducción imprudente que pena acciones peligrosas sin necesidad de que ningún hecho se produzca.
Este tipo penal se da cuando el conductor excede significativamente la velocidad permitida, consume estupefacientes o tiene un nivel del alcohol en sangre que duplica lo permitido, y para asegurar la eficacia de esta figura también se castiga con la misma pena la negativa a someterse al control de alcoholemia o de consumo de drogas.
Además, la comisión discutió hace poco un esquema legal en materia laboral, que contempla delitos contra los derechos de los trabajadores, penas de prisión por impulsar un lockout empresario, el acoso laboral y la pena de cárcel para quienes contraten mano de obra conocida como esclava.
Además de Borinsky, integran la Comisión Reformadora el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el fiscal Pablo Nicolás Turano, el camarista Carlos Alberto Mahiques, la jueza Patricia Marcela Llerena, y el procurador general de Salta, Pablo López Viñals.
La conforman también el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci y los secretarios letrados de la Procuración General de la Nación, Fernando Jorge Córdoba, y de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Susana Ziffer; los representantes de los ministerios de Desarrollo Social, Yael Bendel, y de Seguridad, Guillermo Soares Gache.
