Ayer comenzó el juicio por “sobresueldos”, con la imputación a 11 funcionarios del exgobernador Miguel Saiz acusados por el “Desvío de fondos públicos” rionegrinos que se destinaron a la asignación de adicionales entre el 2004 y el 2010, “separadas de la esfera de control” y usadas en forma “arbitraria, solapadamente y con apariencia de legalidad”. El monto manejado es de más de $ 26,8 millones para el pago de los adicionales sin control ni criterio de asignación.
Estos son los 11 funcionarios que se sentaron ayer en el banquillo:
Alfrego Pega era ministro de Desarrollo Social y recibía la participación de la cartera, que reasignaba entre sus funcionarios. Fue legislador entre el 2011-2015. Se tramitaron otras causas, pero quedó liberado de las más complicada: Flavors. En noviembre pasado, la fiscalía no acusó a los ex ministros imputados
Hernández ocupó el cargo de secretario de Coordinación de la Secretaria General, que conducía González. Esa cartera cobraba cheques totales de sobresueldos y repartían entre los ministerios. Actualmente, Hernández es el presidente de la UCR de Bariloche.
César Barbeito fue el ministro de Coordinación, que firmó la resolución de distribución de los adicionales. Los cheques eran cobrados por sus funcionarios y se repartían entre otros ministros. En julio del 2005 asume en Educación y, en el 2011, es el candidato a la gobernación por la UCR. Ya tiene una condena de tres años en suspenso por peculado.
Uria llegó a la titularidad de Salud en abril del 2005 y se la responsabilidad también de haber cobrado y repartido sobresueldos en ese ministerio. Luego fue legisladora entre el 2011 y 2015. A fines del año pasado quedó liberada totalmente de la carga penal por Flavors después que el fiscal no acusara a los imputados.
La misma participación desde su asunción en septiembre del 2008 en el ministerio de Gobierno de Saiz y, luego de diciembre del 2011, retomó su gestión al frente de su escribania en Roca.
Diego Larreguy afrontó algunas causas penales, entre ellas, un procesamiento por una contratación publicitaria pero, luego, fue sobreseido en esa causa.
Gustavo Picchi figura en la causa por su labor como Contador General al que accedió en julio del 2006, reemplazando a Daniel Bossero (también enjuiciado pero, ahora, excluido por motivos de salud). A ellos no se los acusa por peculado sino por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por su falta de control de las ejecuciones.
José Ongano fue Tesorero General de la provincia y libró los cheques en favor de Coordinación o de Secretaría General, que se cambiaban por ventanillas en el banco Patagonia, previa presentación de una nota gubernamental para retirar el efectivo, en forma excepcional, por el volumen de las cifras.
Juan Acatino, ex ministro de la Producción y recibía la cuotaparte de su cartera con su sobresueldo y el monto para sus subordinados. En octubre del 2011 fue candidato a diputado nacional por la UCR, pero perdió. Quedó liberado en el 2017 de la investigación penal por la adjudicación de tierras fiscales en su gestión
Ex ministro de Turismo, Omar Contreras cargo que ocupó desde abril del 2005. En esa función cobró y distribuyó esos adicionales. Su situación penal es complicada ya que además tiene una condena de tres años en suspenso por administración fraudulenta, y se tramita otro expediente por manejo irregular de fondos públicos
Francisco González era ministro de Desarrollo Social y recibía la participación de la cartera, que reasignaba entre sus funcionarios. Fue legislador entre el 2011-2015. Se tramitaron otras causas, pero quedó liberado de las más complicada: Flavors. En noviembre pasado, la fiscalía no acusó a los ex ministros imputados
Pendas fue secretario Administrativo de la Secretaria General y, desde esa función, hizo operativo el mecanismo de sobresueldos.
Río Negro