El gobierno piensa que ahorraría 140 mil millones. Desde Nación analizan la posibilidad de cortar las transferencias de dinero a las provincias de la Patagonia. Fue una propuesta que plantearon Rogelio Frigerio y Marcos Peña en una reunión con Miguel Angel Pichetto y Juan Schiaretti, entre otros.
Mauricio Macri presiona a los gobernadores peronistas para compartir el costo del ajuste fiscal que exige el FMI, pero ya recibió una respuesta clara: “Presentá el presupuesto con tu propuesta de ajuste y discutimos sobre eso”, repitieron, palabras más palabras menos, los interlocutores del peronismo.
El acuerdo con el FMI obliga al gobierno a una baja del gasto público entre los 200 mil y los 270 mil millones de pesos, para que el déficit primario pase de 2.7% a 1.3% del PBI, como se comprometió Nicolás Dujovne ante Christine Lagarde.
Este recorte necesita el acuerdo al menos con una parte del peronismo. Hasta ahora lo único concreto fue un encuentro de Rogelio Frigerio y Marcos Peña con Miguel Angel Pichetto y Juan Schiaretti, entre otros. En esa reunión, los funcionarios sugirieron cortar todas las transferencias a la Patagonia, lo que implicaría un ahorro de unos 140 mil millones, según los cálculos de los funcionarios de Macri.
La propuesta del gobierno es cortar a cero la asistencia al régimen de promoción de la industria electrónica de Tierra del Fuego, todo tipo de compensaciones a puertos patagónicos y hasta los plus que se pagan en planes sociales, jubilaciones y asignaciones familiares a los que vivimos en la Patagonia, por las más duras condiciones de vida que implica instalarse en nuestra región.
Hace tiempo que el Gobierno nacional busca la manera de cortar todas las transferencias no automáticas a las provincias. Es una de las tres patas del diseño del ajuste que tantea la Casa Rosada. Nicolás Dujovne ya le anticipó a los legisladores de Cambiemos que el ajuste se completará con recortes a los subsidios a energía y transporte y a la obra pública. Esto contradice las declaraciones de Rogelio Frigerio y Guillermo Dietrich sobre la continuidad de la obra pública y del flamante ministro de Energía, Javier Iguacel, sobre el freno al recorte de subsidios.
En los próximos días Iguacel anunciaría otra reducción de los subsidios a la energía, para paliar los efectos de la devaluación y hasta analiza la posibilidad de imponer una suerte de tarifa plana para darle “certidumbre” a los usuarios.
Los giros que se quieren cortar son programas de salud, educación, empleo o producción que la Nación ejecuta en el país y se hacen sentir en provincias chicas. En algunas representan hasta 15% del presupuesto local y no será fácil recortarlos, por las consecuencias políticas obvias, pero “Tampoco podemos tener déficit y las provincias superávits”, repiten los referentes de la mesa económica.
El presidente promete reemplazar las obras públicas con Programas de Participación Pública Privada (PPP) pero esto no convence a los empresarios, por lo menos hasta el momento.
Esta semana comenzarán las reuniones entre los ministros de economías de las provincias para coordinar estrategias conjuntas, porque los gobernadores no quieren ser abordados de a uno por la Casa Rosada. La propuesta de los funcionarios de Macri generó alarma en los máximos dirigentes provinciales, que comprenden que en sus respectivos territorios serán los que pagarán el enorme costo político que ocasionaría una medida de tal magnitud