Los bloques opositores de la Cámara de Diputados convocaron a una sesión especial para pedir la eliminación del decreto 683 que habilita a las fuerzas armadas a actuar en la seguridad interior. La solicitaron los diputados del Frente Renovador y Diego Bossio, de Argentina Federal (el interbloque de los gobernadores), pero incluyeron en el temario el proyecto de ley de Agustín Rossi que propone derogar el decreto.
El resto de la oposición fue más mesurada y presentó proyectos de resolución que solicitan tratar una nueva ley de seguridad interior y dotar de mayores herramientas al ejército para proteger las fronteras.
El salteño Pablo Kosiner, jefe de Argentina Federal, exigió llamar al Consejo de Seguridad Interior y redistribuir los efectivos de la gendarmería para cubrir las fronteras y combatir con más fuerza el narcotráfico.
“Lejos de constituir un plexo reglamentario de la ley de Seguridad Interior y demás normas, el decreto constituye claramente la modificación de leyes de fondo. Queremos que se promueva un debate participativo sobre el sistema de Seguridad Interior con participación de este Congreso nacional”, exigió Kosiner.
En su bloque volvieron a poner el ojo en las preferencias de Macri con Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. “Hay más de 14 mil efectivos de gendarmería en la Ciudad y la Provincia. Desde 2016 sumaron 8000, menos de los que hay en las provincias del norte”, señalan.
Los renovadores piden tratar un viejo proyecto de Sergio Massa para reforzar las zonas limítrofes que nunca fue tratado por Cambiemos. Pero los tres interbloques coinciden en que las fuerzas armadas no deben patrullar las calles.
Unidos, suman 119 votos y pueden captar los 10 que le faltan para el quórum con los 5 del Movimiento Evita, los 3 de izquierda, los 4 puntanos y aliados del FpV como Alejandro Ramos y Alejandra Rodenas.
O sea, podrían sesionar, pero como ningún proyecto tiene dictamen necesitarían dos tercios para tratarlos. Cambiemos puede frenarlos pero si se empeña en no negociar nunca debería cerrar las comisiones para siempre.
El primer signo de unidad opositora fue ayer cuando los legisladores kirchneristas que integran la bicameral de control de organismos de seguridad interior pidieron por nota citar a los ministros de Seguridad (Patricia Bullrich), Defensa (Oscar Aguad) y Justicia (Germán Garavano). La firmó la senadora Sigrid Kunath, del bloque de Miguel Pichetto.
Cambiemos se prepara para un debate sobre la operatividad de las fuerzas armadas y también legal, porque algunas de sus exponentes jurídicos creen que un decreto simple no puede ser derogado.
“El control de constitucionalidad lo hace la justicia, no el Congreso”, repiten por estas horas. Pero la discusión fuerte será sobre el rol de las fuerzas armadas en la seguridad interior.
El polémico decreto abre zonas grises al derogar el artículo 1 del decreto 727 de 2006, con el que Néstor Kirchner reglamentó la vieja ley de seguridad interior y delegó la función de las fuerzas armadas a la defensa de otros Estados.
En la nueva versión se habilita a emplear el ejército ante “cualquier agresión externa” y que afecten “la soberanía” pero también “la vida y la libertad de sus habitantes”. Macri dijo que era un instrumento para usar el ejército en tareas de seguridad interior. La oposición quiere debatirlo mejor.
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