La legisladora provincial del bloque Juntos por Chubut, Cecilia Torres Otarola presentó un proyecto de declaración a fin de expresar el repudio del Poder Legislativo del Chubut por la intención del Gobierno Nacional de desmantelar la Secretaría de Agricultura Familiar.
El proyecto, enviado a comisión parlamentaria para su tratamiento y dictamen, propicia “declarar el repudio de la Legislatura a toda intención del Estado Nacional tendiente a desmantelar la Secretaria de Agricultura Familiar, así como también repudiar los posible nuevos despidos de los trabajadores del área en todo el territorio argentino”.
Preocupación en las provincias
En la fundamentación de esta iniciativa parlamentaria, la diputada Torres Otarola aludió a “los dichos del Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, en los que confirmó a representantes gremiales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que despedirá a 600 personas de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF). Lo cual ha desencadenado que se vivan horas de angustia e incertidumbre en las provincias donde el recorte tendrá su inminente ejecución”, manifestó la legisladora.
“La posibilidad de nuevos despidos en el ámbito de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) reavivó la incertidumbre entre los técnicos y las técnicas de terreno del organismo, luego de los más de 310 despidos ejecutados por las autoridades del Ministerio de Agroindustria de la Nación desde inicios de 2016, con la última tanda de cesantías en abril pasado”, expresó asimismo al respecto.
Ajuste impacta en la planta laboral
“Un ajuste de esta magnitud impacta sobre un 50% de la planta laboral, sumando unas 310 cesantías que fueron ejecutadas desde el año 2016, lo que plantea prácticamente el desmantelamiento del área”, afirmó Torres Otarola.
Tras explicar que “se trata de ingenieros agrónomos, veterinarios, trabajadores sociales y administrativos que renuevan sus contratos año a año, y son parte de programas de asistencia técnica a pequeños productores”, la legisladora aludió a que “el número que circula, es el de 600 técnicos y técnicas en la SAF, pero que también habría despidos en otras áreas de Agroindustria”,
“Los despidos no sólo afectan la fuente laboral de 600 familias, sino que de su trabajo dependen pequeños agricultores, campesinos y pueblos originarios”, precisó ante la inquietud social de tan drástica decisión del Gobierno Nacional.
“Esto se da en un momento en que el Estado ha abandonado políticas que brindaban respaldo a este sector, como el Monotributo Social Agropecuario (MSA)”, explicó.
“En enero de 2016 el cuerpo de técnicos y de técnicas territoriales para atender las necesidades de las comunidades de agricultores familiares de todo el país era de 1300 trabajadores, si a los casi 310 despidos ya sucedidos se le agregan 600 bajas más, directamente habrán desmantelado la red de asistencia para los pequeños productores”, se lamentó.
