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Torres Otarola

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Al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni lo consideran cómplice de las tropelías del ministro de Seguridad Federico Massoni y de los otros funcionarios denunciados la semana pasada en una fiscalía Anticorrupción de Comodoro Rivadavia, por graves delitos cometidos durante los primeros meses de cuarentena por la pandemia del coronavirus en Chubut.

La noticia la dio al canal Crónica TV de Buenos Aires, el doctor Gastón Bordier, de Comodoro Rivadavia, mientras en la pantalla roja que identifica al medio bonaerense, con notable repercusión en todo el país, ponían “Denuncian a cinco funcionarios por delito y corrupción” y en enunciado no menos importante destacaban “Juicio político al ministro Massoni”.

Bordier entrevistado por el periodista Augusto Pomar de Crónica TV, reveló en la finalización de ese extenso reportaje que él y su socia, la doctora Cintya Castro, estaban estudiando con dos organizaciones nacionales y una internacional llevar a Arcioni a la Justicia.

“Ya hace una semana hemos formalizado las denuncias por cuatro delitos del Código Penal contra cuatro ministros del gabinete del gobernador Arcioni y hoy estamos estudiando la posibilidad, junto a dos ONG nacionales y una internacional de extender esa responsabilidad al mismísimo gobernador de la provincia Arcioni, quien durante todo este tiempo estuvo callado sin emitir un solo DNU”, dijo el abogado Bordier, al recalcar también: “Y debemos recordar que nosotros empezamos con la cuarentena una semana antes que nación, desde el 12 de marzo—y estos ministros (por Massoni, Puratich y compañía) han dictado 34 resoluciones ilegales en el medio, que entendemos que pueden ser concurso de delitos o una acción continuada; todo esto agrava las figuras penales”, aclaró.

Es curioso que ninguno de los medios tradicionales del valle haya retransmitido esta nota, teniendo en cuenta la gravedad de lo que allí se expuso. Nadie viene informando de las denuncias penales que le están haciendo en la Justicia al ministro Massoni, por ejemplo, pero si lo ponen en la tapa de un diario trepándose a una cuerda como si eso significara un hecho relevante.

El doctor Bordier quien también junto a su socia Cintya Castro presentó un pedido de juicio político en la Legislatura para que Massoni sea destituido de su cargo y echado del gobierno recordó justamente en un pasaje de la entrevista que le hicieron desde Crónica TV que “el 5 de junio presentaron el pedido de juicio político, el 17 de junio entró en la Legislatura para su tratamiento; en este momento está en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en los últimos días ya interpusimos las denuncias penales contra cuatro de los ministros de los doce integrantes del gabinete provincial”, recordó, mencionando luego a algunos de los denunciados: “el ministro (Fabián) Puratich de Salud. El ministro (Federico) Massoni que es de Seguridad y que es el que ordena todos estos abusos policiales que ustedes han venido mostrando, y a dos funcionarios públicos que firman con ellos resoluciones ministeriales de alcance general violando la Constitución”.

En los diez minutos que duró la entrevista el letrado comodorense tuvo ásperos y contundentes conceptos hacia los funcionarios que vienen delinquiendo impunemente en la provincia de Chubut.

Habló mucho de los excesos de Massoni y su policía y también recordó la denuncia que le hicieron a la exministro de Familia Torres Otarola por delitos de fraude contra la administración pública, en un caso que sí tuvo repercusión en los medios de la zona, en aquellos que miran para un costado cuando se trata de Massoni.

Tras dar un detalle de las maniobras delictivas que le achacan a los denunciados Bordier, hablando del juicio político solicitado para Massoni, creyó que podría ser viable que la mayoría de los legisladores lo apoyen en el entendimiento de que el polémico ministro “se ha arrogado la suma del poder público violando la Constitución Nacional y la provincial”, dijo.

«Espero que el juez revise claramente lo que hará con este tipo de acuerdos», dijo el exdiputado Blas Meza Evans al criticar el acuerdo alcanzado por Gonzalo Carpintero con el fiscal Marcos Nápoli.

“Carpintero estaba acusado de haber sido el organizador de una asociación ilícita y de enriquecimiento ilícito; por eso le habían pedido una pena de ocho años. Si reconociera los dos delitos de los que estaba acusado, nunca hubiera tenido una pena, más allá de un acuerdo, de tres años, y en consecuencia debería ir preso. Se le quita la figura de asociación ilícita y se le deja la de enriquecimiento ilícito para justiciar los tres años”, señaló el exdiputado provincial Blas Meza Evans al cuestionar duramente el acuerdo alcanzado por Gonzalo Carpintero con el fiscal Marcos Nápoli en el marco de la causa Revelación que debería haber ido a juicio este año.

“Oca reconoce haber sido organizador de una asociación ilícita con la misma pena, pero con ninguna sanción pecuniaria. Oca no tiene multa, no tiene nada, se va a la casa y seguirá viviendo como hasta hoy”, añadió sorprendido el también exfiscal de Estado en declaraciones a Radio 3.

Meza Evans entiende que “no están poniendo la plata de ellos; están poniendo la nuestra para salir libre; esa es la indignación”.

“Supongamos que sea el 100 por ciento de lo que se ‘choreó’. No lo creo, pero igual es ridículo. ¿Qué sentido tiene el sistema penal entonces? La prisión es una amenaza que actúa como una cuestión ejemplificadora”, agregó.

“Ahora cualquier funcionario va a decir que esto no es grave; ‘hagamos lo que se pueda hacer que no pasa nada’. La transacción no cumple con el precepto del sistema penal, que no sólo es la reparación, sino operar como ejemplo para que este tipo de conductas no vuelvan a repetir”, insistió.

Justamente, con la posibilidad de iniciar otra causa de corrupción como “Ñoquis Calientes”, Meza Evans especuló con que “ahora Torres Otarola ofrecerá 500 mil pesos y se irá a la casa porque pedirá un tratamiento similar”.

Concluyó que “acá hay un acuerdo entre imputados y fiscal, pero en definitiva es el juez quien debe resolverlo”, informó El Patagónico.

Mañana jueves a las 14 horas se conocerá si la jueza Ivana Gonzalez abre la investigación por la causa “ñoquis calientes”, a la vez que se conocieron detalles de la maniobra investigada y que fue descrita por el fiscal general Omar Rodríguez junto a Lucas Kolsch. Entre ellos que entre los años 2016 y 2020, ingresaron a la cuenta de Cecilia Torres Otarola algo más de un millón y medio de pesos.

La causa «ñoquis calientes» tiene a 13 personas imputadas, entre ellas a Otarola, ex diputada provincial y ministra de familia.

Algunos de los defensores se opusieron a la apertura de la investigación y en general estuvieron en contra de la postura de los fiscales de que la causa sea considerada compleja lo que permitiría extender el plazo de investigación. Estos dos y otros aspectos de la causa «ñoquis calientes», deberán ser resueltos por la jueza de garantías Ivana González.

La causa «ñoquis calientes» está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. Además de Otarola, fueron llevados a proceso Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.

Calificaciones legales

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal, además de incumplimiento de los deberes del funcionario público a su vez concurriendo materialmente, entre ellos, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos, pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Los defensores y sus asistidos

El conocido abogado penalista Fabián Gabalachis defiende a Torres Otarola y a otros cinco imputados. No se opuso a la apertura de la investigación aunque sí rechazó que la causa «ñoquis calientes» sea considerada compleja, al igual que el resto de los defensores.

El defensor oficial Carlos Pericich defiende a Mara Rodera, su colega Omar López defiende a Patricia Claudina Antonio. El defensor oficial Damian Dantonio defiende a Alberto Gilardino, el abogado particular Jorge Rubiolo asiste a Pamela Matamala y Facundo Andrés Jodré, mientas que Zulma Manyauik asiste a Marcelo Neira, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Retro Trelles y el penalista Fabian Gabalachis a Cecilia Torres Otarola, Jaquelina Rodera, Facundo Solari Rodera, Silvana Adriana Cañumil y Branco Rodera Neira.

La reanudación de la audiencia fue confirmada por la Oficina Judicial de Rawson, lugar donde el martes pasado que se inició el debate y que solo pudo ser ocupada por empleados, fiscales y trabajadores de prensa, por cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios.

Niñera y empleada

Según la imputación en la causa «ñoquis calientes» , Torres Otarola antes de asumir como diputada provincial en diciembre de 2015 era dueña del comercio “5mentarios” en Esquel. Desde 2014 y hasta su asunción empleó a Cañumil. Pero ya como diputada la hizo ingresar a Legislatura como empleada administrativa y luego asistente de bloque, hasta diciembre de 2019. Cañumil figuraba en los papeles trabajando en el parlamento. En realidad era niñera de los hijos menores de la diputada. Vivía en la casa de Otarola en Esquel, según la investigación previa realizada por los fiscales.

Como legisladora, Otarola también gestionó el ingreso a Legislatura de Rodera, actual subsecretaria del Ministerio. “Las unía un estrecho vínculo de amistad”, dice la acusación. También ingresó el esposo de Rodera, Marcelo Neira, actual director de Políticas Sociales. Y logró un contrato en Legislatura para el hijo de ambos, Branco Rodero Neira.

Según el fiscal, gracias a Otarola también ingresaron a la casa de las leyes en 2017 Alexis Ganga, Erica Paludi, y Martín Sandoval. Los obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Al cobrar “debían entregar un porcentaje elevado a Cañumil, encargada de la recaudación”. Eran transferencias bancarias. Cañumil giraba la plata a las cuentas de Torres Otalora en el Banco Chubut y Banco Nación.

Mismo modus operandi

Este modus operandi, según la fiscalía, habría cambiado cuando asume como ministra. “En diciembre de 2019 va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar contraprestación”. Dicho grupo se diferencia de otro, que ocupan cargos sin vínculo estrecho con Otarola,y “servía para nutrir sus intereses espurios”.

Logró el nombramiento de Rodera como subsecretaria de Desarrollo Social, y de su su hermana Mara Rodera como directora de Control de Auditoría y compras; Facundo Rodera, sobrino de la subsecretaria, fue como director general, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- secretario de la ministro; Cañumil fue subsecretaria; Carlos Cundari, secretario privado de Jaquelina y Miguel Reto, director general.

Según el fiscal, “surge clara la relación de Otarola con los Rodera-Neira. Su gestión para que puedan ocupar cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada”.

En el caso de Cundari, fue socio de Marcelo Neira en 1998, en Telemec SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Y en 2005 en Industria Carma SRL. “Surge con claridad que la designación en el cargo de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Neira”. La designación de Reto también es por una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En 2010 Jaquelina y Mara Lorena Rodera constituyen la sociedad Devorebuenosayres Com SRL, para explotar un hostel y residencia estudiantil en Guatemala 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez advirtió que el domicilio fiscal de Reto es el mismo. “Esto explica su designación como director, por su vinculación con los Rodera”.

Todos tienen domicilio en Buenos Aires. La única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, en el domicilio de Torres Otarola, Costamagna 79, Playa Unión.

Transferencias

En el otro grupo de la planta política nombrada por la exministro se menciona a Pamela Matamala, directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada. Facundo Jofré es director general, oriundo de Dolavon y con vínculos con Matamala. El 7 de mayo Jofré realiza una transferencia de $ 75.000 a Matamala. Y ésta transfiere a la cuenta de Cañumil en el Banco Chubut los días 24 de abril por $ 87,816 y el 7 de mayo por $ 84.216.

Por su parte Cañumil le transfiere a Otarola el 27 de abril por $ 100.000. Y el 4 de mayo, otra transferencia a la cuenta sueldo de Otarola por $ 78.656,82. El 8 de junio, Cañumil le transfiere $ 50.000 a Jaquelina Rodera y el 8 de junio, nuevamente a Otarola al Banco Nación por $ 100.000.

El 10 de mayo de 2019, Cañumil transfiere a Marcelo Macayo $ 21.467,63 para pagar cuotas de un Instituto de Inglés, deuda que tenía Otarola. También hay transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela -pareja de Cañumil-, y Otarola En febrero y marzo la exministro le transfiere a Valenzuela $ 10.000 y $ 15.000. Entre 2016 y 2020, Cañumil le realizó transferencias a Otarola por más de $ 1.500.000. Por su parte, el 3 de junio Reto extrae $ 50.000 en efectivo y se lo deposita a Cañumil.

Acción coordinada

“Está claro que todos actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que da el poder estatal. Otarola no tuvo ningún inconveniente para engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada”, dice la acusación. “La exministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizó aportes necesarios; los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así la maniobra estafatoria”.

La jueza Ivana González debe determinar si se abre la investigación y cuánto durará. Acusaron a la exministro de Familia Cecilia Torres Otarola y otras 12 personas.

Distanciamiento. A diferencia de El Embrujo, donde hubo audiencias multitudinarias, para Ñoquis Calientes hubo menos presencias y se acudió a la videconferencia por el Covid-19.

La jueza Ivana González postergó hasta mañana su resolución sobre la apertura de investigación y el encuadre como “causa compleja” de la denuncia realizada por el Ministerio Público Fiscal contra la exministra de Familia Cecilia Torres Otarola y doce personas más por fraude a la Administración Pública.

En la acusación el fiscal de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez, imputa a Torres Otarola, Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.

Afirma el fiscal que “Cecilia Torres Otarola antes de asumir en el cargo de diputada provincial en diciembre del año 2015, poseía un comercio denominado 5mentarios, el cual se encontraba ubicado en la ciudad de Esquel”.

A partir del año 2014 hasta su asunción como diputada “empleó en dicho comercio a Silvana Adriana Cañumil. Posteriormente, ya como diputada provincial, gestionó y logró el ingreso a la casa de las leyes, en el cargo de empleada administrativa y luego en el cargo de asistente de bloque, hasta el 12 de diciembre del año 2019”.

Si bien Cañumil, figuraba en los papeles prestando funciones en la Legislatura Provincial “en los hechos cumplía funciones de niñera a cargo de los hijos menores de edad de la diputada”.

“Cañumil vivía en la casa de la diputada, en la ciudad de Esquel, y de esa forma cumplía con las funciones delegadas que precisamente era de cuidar a los hijos de Otarola”.

Por otra parte, en oportunidad del ejercicio como diputada provincial, Cecilia Torres Otarola, “gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura Provincial, de Jaquelina Rodera, quien luego asumió como subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia, -con quien la unía un estrecho vínculo de amistad- y el esposo de ésta última, Marcelo Neira, quien también ocupó el cargo de director de Políticas Sociales. Asimismo, gestionó un contrato de Locación de Obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que cumpliera funciones en la Legislatura provincial”.

Otarola gestionó la incorporación de distintas personas a trabar bajo su órbita en la Legislatura, según Fiscalía. “En 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Érica Paludi, y Martín Sandoval. A las tres personas mencionadas la diputada Otarola obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil, quien era la encargada de llevar a cabo la recaudación”.

La operación aludida “se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas de Torres Otalora, que poseía en el Banco de la Provincia de Chubut, y Banco de la Nación Argentina”.

Como ministra

“Este modus operandi va a sufrir cierta modificación al momento que Otarola dejó el cargo de diputada provincial, para pasar a ocupar un cargo en el Ejecutivo, como ministra de Desarrollo Social y Familia”, precisó el MPF.

A partir de ese momento, en diciembre de año 2019, “Otarola va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como lo son la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación. Dicho grupo se puede diferenciar de otro, que ocupan cargos que no tienen vínculo estrecho con Otarola, y de alguna manera servían para nutrir los intereses espurios de la nombrada”.

Fue así, que ya en el cargo de ministra, “gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, amiga personal, designada en el cargo de Subsecretaria de Desarrollo Social; el esposo de ésta, Marcelo Neira, en el cargo de Director de Políticas Sociales; Mara Rodera, hermana de Jaquelina, en el cargo de Directora de Control de Auditoría y Compras; Facundo Solari Rodera, sobrino de la Subsecretaria, en el cargo de Director General; Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- en el cargo de secretario de la ministro; Silvana Cañumil en el cargo con rango de subsecretaria; Carlos Antonio Cundari, secretario privado de Jaquelina Rodera, y Miguel Reto, en el cargo de director general”.

Cifras

Según el relato del fiscal “Facundo Andrés Jofré el día 07/05/20, realiza una transferencia dineraria de $ 75.000 al CUIL perteneciente a Pamela Matamala. A su vez, según los informes remitidos del Banco de Chubut, Pamela Matamala le realizó transferencias bancarias a la cuenta de Silvana Cañumil, que posee en el mencionado Banco, los días 24/04/20 por un monto de $ 87,816, y el día 07/05/20, por un monto de $ 84.216”.

Por su parte Silvana Cañumil le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, “el 27/04/2020, por un monto de $ 100.000. Asimismo, con fecha 4/5/20 la nombrada Cañumil le hace una transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo de la última nombrada, un monto de $ 78.656,82”.

El día 8 de junio de este año, “Cañumil le efectúa una transferencia bancaria a Jaquelina Rodera por un monto de $ 50.000, y nuevamente a Torres Otarola, a la cuenta del Banco Nación, un monto de $ 100.000 el día 8/6/20”.

“También hay que poner de resalto las transferencias entre Mauro Sebastián Valenzuela, -pareja de Silvana Cañumil-, y Cecilia Torres Otarola. En fecha 13/02/2020, le transfirió Otarola a Valenzuela un monto de $ 10.000. A su vez el 14/3/2020, nuevamente Otarola le transfiere al nombrado $ 15.000”.

“A esta altura, cabe destacar que en el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil le realizó transferencias bancarias a Cecilia Torres Otarola, por un monto superior aproximadamente al millón quinientos mil pesos”.

Por su parte, Miguel Reto el 3 de junio “realiza una extracción de 50.000 pesos en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Silvana Cañumil, en la misma fecha”.

Resta aguardar cuál será mañana la esperada decisión de la jueza Ivana González, señaló Diario Jornada.

El Fiscal Rodríguez explicó que existiría una clara maniobra entre la ex ministra de Familia y personas particulares, tendiente a desviar fondos, algo que manejó en forma potencial pero que, consideró, “lo importante es que lo entienda la Jueza”.

“Acá hay una clara maniobra por parte de un funcionario, con particulares, que en este caso se hacen nombrar sabiendo que no van a prestar ningún tipo de servicios. Esa es la maniobra, no es muy compleja de entender. A partir de ahí ellos reciben un salario, una contraprestación sabiendo que no trabajan. Eso está comprobado y en algunos casos hay retornos a las cuentas bancarias”, enfatizó hoy el Fiscal Omar Rodríguez.

Y agregó que de no ser así, “que explique (Torres Otarola) por qué el jardinero le hace depósitos a Cañumil de su sueldo de director que cobra en Buenos Aires, o por qué la madre de Gilardino (quien fuera Coordinador de Gabinete de Das Neves) le hace depósitos a él, o por qué no lo nombraron, si podrían haberlo hecho pues no había ningún tipo de inconvenientes. En los papeles existía la posibilidad de hacerlo pero políticamente decidieron que no”.

En torno al volumen de la suma, dijo que eso va a ser motivo de una pericia y después -eventualmente- del informe del contador, pero que son varios millones. “Hay que investigarlo porque tiene que ver con un presunto enriquecimiento ilícito ya que hay mucho movimiento de dinero”, determinó.

Acerca de que en Comodoro se conoció otra denuncia contra Torres Otarola y si se podría hacer una unificación de causas, Rodríguez dijo que efectivamente existió, pero tiene entendido al haberse comunicado con el fiscal Iturrioz, que eso tiene que ver con compras de alimentos que él mismo está investigando, y su colega se lo va a remitir pues sería el mismo hecho.

Tipo de causa

Sobre la tipificación de causa compleja, ya que involucra sus funciones como ministra, dijo que en el marco de la emergencia se hicieron compras a proveedores locales para asistir a gente del interior de la provincia. Consultado sobre si es la misma maniobra de la emergencia climática, el Fiscal dijo que han consultado, pero no parece que en este caso sea de esa manera.

“El Código habla que cuando existe un número importante de personas y de hechos, está la posibilidad de decretar el procedimiento complejo. Además hay que sumarle como un extra -que no lo contempló el Código porque no estaba- lo que tiene que ver con la pandemia. Hay muchas evidencias que tenemos que incorporar que se vuelven difíciles de obtener justamente porque no están todos los organismos funcionando a pleno, hay cuestiones que hay que pedir a Buenos Aires y se hace difícil en ese contexto. Aparece como razonable de todas maneras”, analizó.

Rodríguez aseguró que “si tengo elementos antes, por supuesto que no voy a esperar, ni voy a hacer uso de un plazo tan extenso. Ni siquiera lo hicimos en el caso de la causa de Correa de El Embrujo. Lo solicité, porque me pareció que corresponde y nada más”. En total son 13 hechos que comenzaron en 2015, desde que Torres Otarola era diputada provincial: hay un tramo de lo investigado de cuando era legisladora y otro de cuando fue ministra de Familia.

Engañó a Arcioni

De la posibilidad de convocar al Gobernador por la serie incorporaciones realizadas en ese decreto con el aval del Ejecutivo, Rodríguez dijo que “quizás no sería relevante sino que firmó los decretos en función de lo que nosotros dijimos: que fue engañado. A él le plantearon un listado de personas para ocupar un cargo de director o subsecretario en función de la idoneidad, la que fue valorada por Otarola; y ese listado fue firmado en confianza por el Gobernador”.

“Esto quiere decir que el Gobernador fue engañado. Sino, que explique por qué estaba este jardinero viviendo en Buenos Aires y era director y le depositaba a Cañumil parte de su sueldo. Esta gente nunca vino acá, no sé ni si conocen la provincia. Incluso ni llamaron. En algunos casos son personas que tienen una buena posición económica, pero dieron por bienvenido recibir esto igual”, agregó el Fiscal.

Conclusiones

Rodríguez señaló a manera de conclusión que “este tipo de casos se van a seguir repitiendo por más que haya penas ejemplificadoras. El que va por el camino de la delincuencia lo va a seguir haciendo, no lo va a frenar ni un Código Penal ni las penas más altas, ni investigaciones efectivas”.

“El que tiene el firme convencimiento de que hay que hacer plata cueste lo que cueste, va a seguir actuando de la manera que actúa. En eso, lo único que puede llegar a haber quizá, es alguna disminución, o tal vez que no sean tan burdos los casos de corrupción, pero seguramente esto no va a desaparecer”, sostuvo el Fiscal Rodríguez.

Por último, remarcó que en esta instancia procesal, la Fiscalía de Estado no puede participar hasta que no esté abierta la Investigación. “La oportunidad para presentarse en la causa es a partir de la formal admisión de la Apertura de Investigación. Mientras tanto, no pueden hacerlo”, concluyó.

Este martes desde las 10 está convocada la audiencia de apertura de investigación en la causa conocida como “Ñoquis Calientes” en la que se imputará a la ex ministra de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola y a otras 12 personas por los presuntos delitos de fraude al Estado y concusión. La jueza será la doctora Ivana González y el fiscal Omar Rodríguez tendrá a su cargo la lectura de los hechos por los cuales se pretende llevar a juicio a la ex funcionaria, que debió renunciar a su cargo a comienzos de julio.

La audiencia se realizará en la sala 2 de la Oficina Judicial ubicada en la capital provincial, con parte de los protagonistas de manera presencial y otros –probablemente la mayoría- por el sistema de videoconferencia. Según trascendió Otraola no se haría presente, sino que junto a su abogado participará desde su domicilio de manera virtual.

Oportunamente la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública a través del fiscal general jefe Omar Rodríguez elevó a esa Oficina el respectivo pedido de imputación en la causa. Está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. En total son trece las personas involucradas.

Según el pedido de apertura de investigación, se acusa a Torres Otarola con domicilio fijado en Playa Unión; Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Silvana Adriana Cañumil, con domicilio en Rawson, y Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, de Trelew.

Según el fiscal, Otarola incurrió en fraude a la administración pública como autora en 10 hechos y en concusión en 3 hechos, además de incumplimiento de los deberes del funcionario público. Los mismos delitos para Jaquelina Rodera pero en cinco hechos. El resto será imputado por fraude a la administración pública.

COMO DIPUTADA

Según la imputación, Torres Otarola antes de asumir como diputada provincial en diciembre de 2015 era dueña del comercio “5mentarios” en Esquel. Desde 2014 y hasta su asunción empleó a Cañumil. Pero ya como diputada la hizo ingresar a Legislatura como empleada administrativa y luego asistente de bloque, hasta diciembre de 2019. Cañumil figuraba en los papeles trabajando en el parlamento. En realidad era niñera de los hijos menores de la diputada. Vivía en la casa de Otarola en Esquel.

Como legisladora, Otarola también gestionó el ingreso a Legislatura de Rodera, actual subsecretaria del Ministerio. “Las unía un estrecho vínculo de amistad”, dice la acusación. También ingresó el esposo de Rodera, Marcelo Neira, actual director de Políticas Sociales. Y logró un contrato en Legislatura para el hijo de ambos, Branco Rodero Neira.

Según el fiscal, gracias a Otarola también ingresaron a la casa de las leyes en 2017 Alexis Ganga, Erica Paludi, y Martín Sandoval. Los obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Al cobrar “debían entregar un porcentaje elevado a Cañumil, encargada de la recaudación”. Eran transferencias bancarias. Cañumil giraba la plata a las cuentas de Torres Otalora en el Banco Chubut y Banco Nación.

TAMBIÉN COMO MINISTRA

Este modus operandi, según la fiscalía, habría cambiado cuando asume como ministra. “En diciembre de 2019 va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar contraprestación”. Dicho grupo se diferencia de otro, que ocupan cargos sin vínculo estrecho con Otarola,y “servía para nutrir sus intereses espurios”.

Logró el nombramiento de Rodera como subsecretaria de Desarrollo Social, y de su su hermana Mara Rodera como directora de Control de Auditoría y compras; Facundo Rodera, sobrino de la subsecretaria, fue como director general, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- secretario de la ministro; Cañumil fue subsecretaria; Carlos Cundari, secretario privado de Jaquelina y Miguel Reto, director general.

Según el fiscal, “surge clara la relación de Otarola con los Rodera-Neira. Su gestión para que puedan ocupar cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada”.

En el caso de Cundari, fue socio de Marcelo Neira en 1998, en Telemec SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Y en 2005 en Industria Carma SRL. “Surge con claridad que la designación en el cargo de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Neira”. La designación de Reto también es por una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En 2010 Jaquelina y Mara Lorena Rodera constituyen la sociedad Devorebuenosayres Com SRL, para explotar un hostel y residencia estudiantil en Guatemala 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez advirtió que el domicilio fiscal de Reto es el mismo. “Esto explica su designación como director, por su vinculación con los Rodera”.

Todos tienen domicilio en Buenos Aires. La única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, en el domicilio de Torres Otarola, Costamagna 79, Playa Unión.

TRANSFERENCIAS

En el otro grupo de la planta política nombrada por la exministro se menciona a Pamela Matamala, directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada. Facundo Jofré es director general, oriundo de Dolavon y con vínculos con Matamala. El 7 de mayo Jofré realiza una transferencia de $ 75.000 a Matamala. Y ésta transfiere a la cuenta de Cañumil en el Banco Chubut los días 24 de abril por $ 87,816 y el 7 de mayo por $ 84.216.

Por su parte Cañumil le transfiere a Otarola el 27 de abril por $ 100.000. Y el 4 de mayo, otra transferencia a la cuenta sueldo de Otarola por $ 78.656,82. El 8 de junio, Cañumil le transfiere $ 50.000 a Jaquelina Rodera y el 8 de junio, nuevamente a Otarola al Banco Nación por $ 100.000.

El 10 de mayo de 2019, Cañumil transfiere a Marcelo Macayo $ 21.467,63 para pagar cuotas de un Instituto de Inglés, deuda que tenía Otarola. También hay transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela -pareja de Cañumil-, y Otarola En febrero y marzo la exministro le transfiere a Valenzuela $ 10.000 y $ 15.000. Entre 2016 y 2020, Cañumil le realizó transferencias a Otarola por más de $ 1.500.000. Por su parte, el 3 de junio Reto extrae $ 50.000 en efectivo y se lo deposita a Cañumil.

Párrafo aparte es la situación de M.N.F., quien figura como directora en el Ministerio. Es la hija de Sandra Jaramillo, empleada doméstica en la casa de Otarola desde 2019 hasta enero. La exministro le ofreció incorporar a su hija a Familia. Le pidió foto y DNI por WhatsApp. La designó pero sólo fue a trabajar un par de días. Sucede que M.N.F. se tuvo que presentar donde funcionaban las oficinas de CORFO, justo cuando se vivía un clima de tensión. Además, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Otarola significó que la primera le dijera a su hija que no fuera más.

Según relató la testigo, Torres Otarola dijo que su hija trabajaría en la Secretaría Privada con un sueldo de $ 20.000. Sin embargo el haber real era de $ 43.558. “Esto pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario por parte de la funcionaria”. En la cuenta sueldo de M.N.F. no hubo movimiento del dinero, que sigue ahí. Madre e hija desconocían que existían pagos de haberes por el cargo.

“Está claro que todos actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que da el poder estatal. Otarola no tuvo ningún inconveniente para engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada”, dice la acusación. “La exministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizó aportes necesarios; los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así la maniobra estafatoria”.

Dos abogados comodorenses denunciaron a la ex ministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola, acusándola de fraude a la Administración Pública en base a hechos de corrupción que la funcionaria habría cometido –según los letrados– durante su gestión en el Gobierno Provincial.

Los denunciantes –según publica Diario Crónica– son el doctor Gastón Bordier y su socia, la doctora Cintya Castro. Bordier, en breves declaraciones que hizo ayer confirmó que el pasado 5 de Agosto hicieron la presentación ante la Fiscalía del fiscal Iturrioz, en Comodoro Rivadavia.

El abogado se excusó de brindar mayores detalles de lo que exponen en esa denuncia dado que allí piden una serie de diligencias que podrían estarse realizando en las próximas horas.

“Hay una serie de hechos ilícitos que hemos corroborado, sobre los cuales hemos agregado prueba y obviamente el fiscal que lleva el caso hará las medidas preliminares y las diligencias correspondientes para la averiguación de la verdad sobre estos hechos”, dijo Bordier.

“Esto es total y absolutamente independiente de las causas que Otarola tiene en el Valle con respecto al manejo que hacía de los supuestos ‘ñoquis’, de otorgarle funciones a personas que no las cumplían, pero podemos decir que esto (lo que él y su socia denuncian) es mucho más grave en el monto en que habría estafado a la administración pública”, afirmó.

Así lo aseguró el abogado, Fabián Gabalachis, quien representa a la ex ministra y diputada Cecilia Torres Otárola en el marco de la causa «Ñoquis Calientes».

El 11 de agosto se llevará adelante la apertura de investigación por la causa conocida como «Ñoquis Calientes» que investiga a la ex ministra y diputada provincial, Cecilia Torres Otárola, por defraudación al Estado. Es que habría tenido asesores que no trabajaban y cobraban un sueldo.

Su abogado, Fabián Gabalichis, explicó que » los que no estamos en la administración pública por ahí nos chocan algunas situaciones». Sin embargo, «aparentemente en el ámbito del funcionamiento de la administración pública se dan situaciones de esta naturaleza y son normales».

«Ella interpreta que no constituye ninguna clase de delito, sino que es propio del funcionamiento de la administración pública»,dijo en diálogo con LaCienPuntoUno. Sobre los asesores contratados, explicó que «la ministra explica que no es así, que han sido nombrados y han trabajado».

Por lo que ahora se deberá demostrar si hubo o no una «contraprestación», si se realizó en dónde fue y si existieron retornos de dinero y/o movimientos bancarios de sueldos de estos «asesores» hacia la cuenta de la ministra o hacia sus secretarias.

Lo afirmó su abogado Fabián Gabalachis quien ratificó que la ex ministra provincial quiere dar una conferencia de prensa e insiste en que de lo que se acusa es “normal” en la administración pública.

“El mejor de los supuestos que yo puedo avizorar es comprometer a más gente”, sostuvo esta mañana Fabián Gabalachis, abogado de la exministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, Cecilia Torres Otarola, según publica diario El Patagónico.

Además, el letrado consideró que los organismos de contralor del Estado no funcionan, recordando que en el pasado “he visto al Tribunal de Cuentas Provincial haciendo inspecciones semestrales en municipios” que no encontraban irregularidades que a él le tocó comprobar. “No funcionaban antes y ahora veo que tampoco”, acotó en diálogo con La Cien Punto Uno.

Además, sostuvo que Torres Otarola “entiende que es normal y pasa a diario en la administración pública, por más que algunas cosas son difíciles de comprender para el resto de los ciudadanos y hasta nos chocan, pero en el ámbito de la administración pública ella interpreta que no constituye delito”, por ejemplo, contratar empleados que no asisten a sus lugares de trabajo, ya que “incluso se logran mejores objetivos con personas que no están todo el día en sus despachos”.

Cabe destacar que la ex funcionaria debe comparecer ante el juez el martes 11 de agosto próximo para ser notificada de las acusaciones que pesan en su contra por defraudación al Estado, tanto cuando era diputada como siendo ministra de Mariano Arcioni entre el 10 de diciembre de 2019 y el 30 de junio último.

“A quien tenemos que convencer es al fiscal, no al juez, en estos seis meses. No creo que sea tarea fácil, ya que por sus declaraciones en los medios lo veo decidido a ir al hueso”, dijo Gabalachis respecto a Omar Rodríguez.

“Veremos qué es delito y qué es falta administrativa”, añadió el letrado, quien aseguró que su representada se halla en óptimas condiciones anímicas y que “cuando escucha lo que dice el fiscal tiene ganas de hacer una rueda de prensa. Yo le expliqué que ahora conviene darlas dentro del ámbito de la justicia, evaluando en qué oportunidad, porque no hay que convencer al juez, si no al fiscal y caerían en saco roto porque lo veo convencido”.

La jueza de garantías Ivana González será quien deberá decidir la apertura de la investigación que el próximo 11 de agosto solicitará el fiscal general Omar Rodríguez en la causa denominada periodísticamente como “Ñoquis calientes” en la que se investiga a la ex Ministra de Familia Cecilia Torres Otarola y a otras 12 personas.

Así fue confirmada por la Oficina Judicial de Rawson encargada de realizar la audiencia en parte de manera presencial y en parte por el sistema de videoconferencia teniendo en cuenta que muchos de los involucrados residen en la Capital Federal.

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Además de Otarola, se pedirá la imputación de Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles,  Silvana Adriana Cañumil,  Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.

El Ministerio Público Fiscal será representado por el fiscal general Omar Rodríguez a la vez que la ex funcionaria será asistida por el penalista particular Fabián Gabalachis. La audiencia se realizará a las 10 de la mañana en la sede de la Oficina Judicial de la ciudad de Rawson, informó Red 43.