El otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba para tres empresarios de la construcción involucrados en la causa Revelación no se definirá esta semana. Ayer hubo una reunión de los fiscales de la Unidad Anticorrupción, Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, con los querellantes del caso, quienes exigen una reparación mayor de parte de Patricio Musante, Esteban Torraca y Juan Ignacio Salaberry. Cabe recordar que adhirieron a la causa como querellantes Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción, tres diputados del Frente para la Victoria y la ONG Iniciativa Ciudadana.
A cambio de no ser sometidos a juicio oral y público en la causa, que investiga una presunta asociación ilícita, Musante ofreció construir un Salón de Usos Múltiples y ejecutar mejoras edilicias en el Centro de Acción Familiar de Gaiman; Torraca haría mejoramientos múltiples en la Comisaría General Mosconi de Comodoro Rivadavia y Salaberry, algo similar pero en la Comisaría 4ª de Trelew.
Los fiscales avalan esta oferta. Pero las querellas no acuerdan con esta propuesta de probation porque consideran que la reparación debe ser mayor. Por eso las partes le pedirán al juez Sergio Piñeda un plazo mayor que permita hallar un punto de acuerdo.
En este este escenario, también se supo que la esperada declaración de Diego Lüters sería recién la otra semana.
En tanto, el diputado provincial de Cambiemos, Eduardo Conde, se entrevistó con los fiscales para expresar su intención de constituirse como querellante en la causa Revelación.
Según explicó el legislador, tomó la decisión en forma personal a partir “de la circunstancia que da la posibilidad de que los empresarios imputados sean beneficiados con la suspensión del juicio a prueba, lo que a mi juicio esta posibilidad cae de bruces en orden a las previsiones normativas”.
Conde argumentó que “sin perjuicio de la decisión del Tribunal con mi comparecencia, estoy presentándome como particular damnificado, invocando la norma del artículo 103 del Código Procesal Penal, respecto de la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda concurrir al proceso en representación de los llamados intereses de interés colectivo”.
El diputado aclaró que su postulación como querellante es una iniciativa personal porque si fuera el bloque quien se presentara, tendrían que contar “con la asistencia de un profesional letrado, ya que solamente puedo acudir en mi propia asistencia cuando actúo en derecho propio”.
Resta aguardar ahora si Piñeda acepta la presentación de Conde en el expediente.
Diario Jornada
