Así lo indica un trabajo de la Universidad Austral, que también compara los índices de transparencia con los demás gobiernos de la región.
Ese porcentaje lo ubica por encima de legisladores, jueces, policías y empresarios. También por encima del promedio respecto de quienes ejercen la misma institución presidencial en Latinoamérica (50%).
“El primer mandatario (Mauricio Macri) y sus funcionarios superan la media latinoamericana de corrupción junto a los empresarios argentinos. No le va mejor a los parlamentarios, la policía o los magistrados que son percibidos con altos índices de sospecha de estar implicados en hechos de corrupción”, señaló el coordinador del estudio, Marcelo Bermolén, profesor de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales y director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.
Entre las conclusiones, destaca: “Además, si ya era delicado que en 2017 el 61% de los argentinos consultados por Latinobarómetro creyeran que la lucha contra la corrupción no había progresado, más relevante es aún que el 56% de los encuestados en 2018 expresen que perciben un aumento de la corrupción”.
Si bien esos valores están por debajo del promedio de América Latina, son lo suficientemente altos para encender las alarmas del gobierno nacional y analizar con detenimiento la eficacia -o ineficacia- de las políticas de combate a la corrupción desde la percepción social.
La encuesta sobre corrupción del Foro Económico Mundial (WEF) refleja que continúa la tendencia de ligera mejoría en la calificación respecto al “Desvío de fondos públicos” y “Pagos irregulares y sobornos”. Pero lo cierto es que la Argentina integra el lote de países con peores indicadores, situándose para el primer valor en el puesto 121º y para el segundo en el 98º. Mostrando en conjunto una notoria falta de avances.
Una última encuesta del WEF referida a 16 “factores que limitan la capacidad de hacer negocios” en Argentina, muestra una perdida de peso relativo de la corrupción entre esos rubros respecto del año anterior, cayendo de la cuarta posición a la séptima. Si bien, una primera lectura permitiría pensar en una mejora de las condiciones de este factor, lo que habría sucedido es una agravamiento de las otras condiciones en un contexto de inestabilidad político económico y notables dificultades. Adquieren una mayor relevancia en el ultimo año, condiciones tales como la inestabilidad, las regulaciones laborales o la burocracia ineficiente que se suman a la inflación, las altas tasas de impuestos y el financiamiento como factores centrales.
“El comportamiento ético de los empresarios del país obtiene una de las peores evaluaciones a nivel mundial (puesto 130° sobre 137 lugares)”, afirmó Bermolén.
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