Benjamín Netanyahu (Tel Aviv, 1949) tendrá que esperar para poder cumplir su sueño de convertirse en el primer ministro que más tiempo ha ejercido el poder en Israel. Los líderes de los cinco partidos de la coalición que sostiene al Gobierno más conservador en las siete décadas de historia del Estado judío decidieron el lunes que ya no podían seguir gobernando con una mayoría raspada de 61 diputados en una Kneset (Parlamento) de 120 escaños. “Si es demasiado difícil, necesitamos elecciones”, zanjó el mandatario, que suma 13 años en el cargo en cuanto mandatos, los tres últimos consecutivos.
Los israelíes serán llamados a las urnas previsiblemente el próximo 9 de abril, siete meses antes del previsto fin de la legislatura. Formalmente, el pacto de Gobierno se rompe por “el interés de la nación” y por “espíritu de responsabilidad en materia tributaria”, según el comunicado difundido por los partidos Likud (Conservador), encabezado por Netanyahu; Kulanu (centro-derecha), Hogar Judío (nacionalista religioso), Unión de la Torá y el Judaísmo (ultraortodoxo askenazi) Shas (ultraortodoxo sefardí). En realidad, Netanyahu se ha visto forzado a dar por concluida la legislatura antes de tiempo por carece de apoyo parlamentario suficiente. Los 13 diputados ultraortodoxos ya habían amenazado con disolver la coalición si se aprobaba la ley de alistamiento forzoso al servicio militar para los estudiantes de las yeshivas (escuelas rabínicas) que hasta ahora estaban prácticamente exentos de incorporarse a filas.
El Tribunal Supremo, en funciones de supervisión constitucional, había fijado la fecha del próximo 15 de enero como plazo límite para la aprobación en la Kneset de una norma que no discrimine por su adscripción religiosa a los ciudadanos en la prestación del servicio militar obligatorio. En Israel, la ley obliga a llamar a filas tanto los hombres (durante cerca de tres años) como las mujeres (dos años) al cumplir los 18 años.
Netanyahu esperaba poder contar para sacar adelante la polémica legislación con el apoyo externo en el Parlamento de su antiguo ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, que dimitió en noviembre pasado por su oposición al acuerdo de alto el fuego con Hamás en Franja de Gaza, como con el de Yair Lapid, líder del partido centrista Yesh Atid, y principal rival político del primer ministro.
Lapid dio la puntilla a la coalición a primera hora de la mañana de ayer al anunciar que no votaría a favor de de la ley de alistamiento en sus términos actuales, puesto que la considera “una rendición por miedo ante los ultraortodoxos”. “Nosotros ya no vamos a hacer el primo”, sentenció este antiguo periodista estrella de la televisión israelí, que formó parte entre 2013 y 2015 del Gabinete de Netanyahu, en el que impulsó una reforma del servicio militar que generó grandes protestas de la población jaredí. Los ultrarreligiosos suman un 12% de los 8,8 millones de habitantes de Israel y por la alta natalidad de sus familias está previsto que dupliquen ese porcentaje dentro dos decenios.
“Vamos a pedir un mandato claro a los electores para proseguir nuestra política, la coalición actual constituye el núcleo del próximo pacto de Gobierno”, dijo Netanyahu tras la reunión de los diputados de su partido. La expansión de los asentamientos de colonos en Cisjordania y Jerusalén Este, la paralización de las negociaciones de paz con los palestinos desde hace más de cuatro años y la aprobación de una legislación que discrimina a las minorías no judías de Israel (que cuenta con un 20% de población árabe), han sido algunos de los hitos que han marcado la legislatura que ahora finaliza. “Hemos hecho mucho en favor de los ciudadanos y vamos a seguir en la misma línea. Con vuestra ayuda vamos a ganar”.
El líder del Likud también ha abierto la puerta a la convocatoria de elecciones para intentar librase de los escándalos que le han salpicado durante la legislatura. Netanyahu se enfrenta ahora a tres casos de corrupción por fraude, cohecho y tráfico de influencias en los que tanto la policía como la fiscalía han recomendado su imputación. El fiscal general, Avichai Mandelblit, es quien tiene la última palabra para formular oficialmente las acusaciones ante los jueces. Sus colaboradores más cercanos habían traslado a la prensa hebrea que se pronunciaría sobre el asunto previsiblemente en marzo del año que viene. La convocatoria de elecciones anticipadas, sin embargo, paraliza sus actuaciones hasta después de las votaciones.
El primero de los escándalos en los que el mandatario ha sido investigado es el llamado Caso 1.000. Los agentes de la brigada antifraude sostienen que Netanyahu y sus familiares recibieron entre 2007 y 2016 lujosos regalos —puros habanos Cohiba, champán francés o joyas— evaluados en cerca de un millón de shequels (230.000 euros) de manos, entre otros, del productor de Hollywood Arnon Milchan, quien pudo recibir a cambio varios millones de dólares en beneficios fiscales.
Anticorrupción también recomendó su imputación por el Caso 2.000, en el que se desvelaron las conexiones del gobernante con Arnon Moses, editor del diario ‘Yedioth Ahronoth’, el de mayor circulación en Israel, para contar con una cobertura favorable a sus intereses en contrapartida a varias medidas legales que favorecieran la circulación del rotativo.
Finalmente, el comisario general de la policía israelí, Roni Alsheich, hizo pública su recomendación de acusar al primer ministro por fraude y soborno en un tercer escándalo. En el llamado Caso 4.000 se han investigado durante tres años los favores gubernamentales que reportaron un beneficio fiscal de unos 250 millones de euros al grupo Bezeq, el mayor del severo de las telecomunicaciones en Israel. A cambio, la compañía puso al servicio de los intereses del primer ministro el popular portal informativo Walla.
El primer ministro israelí ha rechazado abiertamente las nuevas acusaciones, al denunciar que “fueron filtradas incluso antes de que comenzaran las investigaciones” en medio de una «caza de brujas». “Estoy seguro de que tras haber examinado la cuestión las autoridades competentes llegarán en este caso a la misma conclusión: que no hubo nada porque no hay nada”.
En Israel, es habitual que los agentes hagan públicas sus conclusiones y sus recomendaciones de acusación antes de trasladarlas a la fiscalía, y esta también las comunica a los medios de comunicación antes de elevar su informe al fiscal general. La policía israelí suele actuar con notable independencia respecto del poder ejecutivo. A causa de sus investigaciones fue encarcelado durante cinco años el antiguo presidente del Estado hebreo Moshe Katsav, condenado en 2010 por violación y agresiones sexuales. Las pesquisas de los agentes también contribuyeron a mantener entre rejas durante más de 14 meses al exjefe de Gobierno Ehud Olmert, declarado culpable de delitos de corrupción inmobiliaria por sentencia firme en 2016, y quien ya había tenido que renunciar al cargo en 2009.
Netanyahu ha decidido no esperar más. Amparado por las predicciones de los sondeos electorales, que revalidan para el Likud la condición de primera fuerza parlamentaria con más de una cuarta parte de los escaños, parece dispuesto a plantar los comicios anticipados como un plebiscito sobre su legitimidad para seguir gobernando, por encima de los casos de corrupción. Ningún primer ministro en el cargo ha sido imputado por el fiscal general en la historia del Estado de Israel.
El éxito económico de su gestión –con un crecimiento anual sostenido del PIB en torno al 4% y una tasa de empleo descendente que se sitúa por debajo de 5%– se ha visto empañado por una reciente desaceleración marcada por la debilidad del shequel frente al dólar y el euro y por el desplome de la Bolsa de Tel Aviv, que el domingo cayó un 5% en la apertura semanal y que este lunes volvió a perder un 1,7% tras el anuncio de la convocatoria de elecciones anticipadas.
El País
