El presidente Mauricio Macri volvió a recurrir a un Decreto de Necesidad y Urgencia para imponer iniciativas que el oficialismo no logró aprobar en el Congreso Nacional. El mandatario confirmó esta tarde que la implementación de la Extinción de Dominio, un cuestionado proyecto para recuperar bienes y dinero producto de delitos de corrupción, terrorismo, lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico. La iniciativa, presentada por Sergio Massa hace dos años, había sido aprobada en la Cámara de Diputados en 2016 pero sufrió modificaciones en el Senado, por lo cual debía volver a la Cámara baja para su tratamiento. Urgido por los tiempos electorales, Macri recurrió otra vez a los cuestionados DNU.
Durante su anuncio, el Presidente denunció a las “mafias” y también cuestionó la lentitud de la Justicia en la confiscación de bienes, argumento que utilizó para justificar su decisión unilateral. «Su aprobación es urgente y los proyectos para aprobarlos en el Congreso están estancados hace años. Los argentinos ya esperamos demasiado, la Justicia necesita este mecanismo ya mismo”, insistió Macri, quien al final de su intervención aseguró: «El que las hace, las paga».
En consonancia con las políticas punitivistas que promueve la alianza gobernante, el Presidente recurrió a uno de sus caballitos de batalla, “el combate a la inseguridad”. “Es un tema que me propuse enfrentar desde el primer día que me involucré en política, una preocupación compartida por todos, estoy hablando de las mafias, de las redes de narcotráfico, del crimen organizado y la corrupción, que se llevaron plata que es de todos los argentinos, plata que necesitamos para seguir combatiendo la inseguridad, para construir escuelas y jardines”, subrayó en clave electoral.
Macri no hizo referencias técnicas sobre el texto del DNU que publicó y sólo se remitió a hablar de un “paso adelante para que la Justicia pueda, además de condenar a los responsables del delito, recuperar los bienes”. Sin embargo, según detallaron más tarde sus sus ministros, el decreto tiene varios puntos de contacto con el proyecto presentado en agosto por el gobierno, aquel que no logró ser tratado en el Senado por falta de apoyo. La ley entiende a la extinción de dominio como una acción civil que debe ir por fuera del proceso penal, que queda a cargo del Ministerio Público Fiscal. Establece, además, que no es necesaria una condena penal para ejecutar la acción, sólo la orden de un fiscal. Tendrá efectos retroactivo a los procesos iniciados hace 15 años.
«Es un proyecto enteramente civil, a diferencia (de la iniciativa) del Senado que avanza con algunas regulaciones específicas para el Codigo Procesal Civil y asigna competencia al fuero civil federal», aseguró poco después el ministro de Justicia, Germán Garavano. Su colega de Seguridad, Patricia Bullrich, agregó que «pretendemos que la justicia civil pueda avanzar independientemente de la justicia penal para lograr esto que ha reclamado la gente».
«Acá se le va a respetar todo a las personas honestas y se le va a sacar todo a los delincuentes», advirtió Bullrich, después de que el Presidente justificara su decisión afirmando «los proyectos están estancados en el Congreso hace años». «Los argentinos ya esperamos demasiado, la Justicia necesita este mecanismo ya mismo”, justificó Macri.
En agosto del año pasado el oficialismo había adelantado que rechazaría los cambios introducidos por la Cámara baja e insistía con convertir en la ley la media sanción que había conseguido en Diputados dos años atrás, aquella que contemplaba la aplicación retroactiva de la eventual ley. Sin embargo, Macri evitó el debate y resolvió por decreto su aprobación.
En junio de 2016, Cambiemos acompañó el proyecto de Massa de extinción de dominio, que se impuso en la votación con 135 votos a favor que unificó al oficialismo y el peronismo antikirchnerista; mientras que hubo 50 en contra del FpV-PJ y el FIT y 3 abstenciones. La oposición lo cuestionaba por entonces y lo tildaba de “inconstitucional”, dado que se implementaría por fuera de la acción penal, con retroactividad y porque se podría aplicar aún sin condena firme en el fuero penal.
El gobierno reflotó el proyecto en 2018, antes de que perdiera estado parlamentario, aunque al momento de llegar al Senado no consiguieron los votos necesarios ni para lograr un dictamen de mayoría. Se presentaron tres proyectos, uno redactado por Cambiemos, aunque el único que logró dictamen de mayoría fue el del senador salteño Rodolfo Urtubey, acompañado por el senador Miguel Ángel Pichetto, de Argentina Federal. La propuesta obtuvo el 23 de agosto 40 votos, 4 menos de los necesarios para los dos tercios de los 55 senadores presentes.
A diferencia de la iniciativa de Massa, en el borrador de Argentina Federal se modificaba el momento en el que empieza la acción civil de extinción de dominio, que será iniciada por el Procurador del Tesoro una vez que el proceso penal haya terminado su etapa de instrucción y comenzado el juicio. Además, estipulaba que debe existir una acción civil pero que se tramite dentro del fuero penal.
El oficialismo había presentado un proyecto elaborado por Federico Pinedo y Humberto Schiavoni, que establecía que la extinción de dominio debía ser entendida como una acción civil que debe ir por fuera del proceso penal y que quedaría a cargo del Ministerio Público Fiscal. Estipulaba que debía existir en el proceso penal un procesamiento confirmado por la Cámara de alguno de los delitos que el proyecto preveía para que se procediera a la confiscación de bienes y dinero. Con lo cual no era necesaria una condena penal para ejecutar la acción, sólo bastaba con el procesamiento.
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