La medida fue anunciada por el primer mandatario desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en el marco de una rueda de prensa convocada por Presidencia.
El presidente Mauricio Macri anunció la firma de un decreto que pone en marcha la extinción de dominio, un instituto jurídico dirigido a recuperar los bienes de origen ilícito.
La medida fue anunciada por el primer mandatario desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, en el marco de una rueda de prensa convocada por Presidencia.
El Poder Ejecutivo había intentado impulsar un proyecto de ley con esa iniciativa pero no logró el apoyo requerido por parte del Congreso. La iniciativa que tiene como objetivo que el Estado pueda recuperar los bienes provenientes de la corrupción y el narcotráfico fue votada en la Cámara de Diputados en junio de 2016. Tras casi dos años, el Senado le introdujo modificaciones.
La iniciativa volvió a Diputados para su segunda revisión, con los cambios acordados por la oposición, pero Cambiemos rechazó esas modificaciones y el debate se estancó.
La extinción de dominio es un término utilizado para referirse a la manera en la que el Estado le quita a una persona los bienes relacionados con un delito.
El objetivo de dicha herramienta legal es que se separe la condena penal del destino de los bienes que se hayan logrado a través de los delitos descubiertos. De esta manera, mientras los acusados enfrentan el proceso penal, los bienes pasarían a la Justicia civil, que podría determinar de manera más rápida si provienen de actividades ilícitas y, en consecuencia, el Estado podría confiscarlos.
Según explicó el ministro de Justicia, Germán Garavano, al término del anuncio oficial, a diferencia del proyecto que se elaboró en el Senado esta se trata de una iniciativa cuyo ámbito de acción será el fuero Civil y Comercial Federal.
“Prevé una nueva procuraduría en el Ministerio Fiscal, y son los fiscales los que van a determinar cada caso”, explicó el funcionario. Asimismo, los bienes decomisados pasarán a ser administrados por el Administración de Bienes del Estado (ABE).
Consultado acerca de posibles impugnaciones al proyecto, Garavano descartó la posibilidad: “Es una reglamentación que avanza sólo en el fuero civil, por eso no creemos posible una objeción. La impugnación solo podría hacerse si se cree que se avanza sobre la naturaleza penal”.
Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que “los que tienen que tener miedo son los narcotraficantes, las redes de trata, los corruptos”. “A la gente honesta se la va a respetar”, añadió.
La funcionaria adelantó además que la medida “se puede hacer retroactiva” y que “tiene 15 años de prescripción”, aunque fuentes del Gobierno aseguran que el plazo puede llegar a veinte años.
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