El Defensor del Pueblo por Chubut, Héctor Simionati, consideró “no se puede aumentar libremente las tarifas, comprometiendo un porcentaje importante del presupuesto familiar”.
El defensor del Pueblo por la provincia del Chubut, Héctor Simionati, se refirió a la audiencia pública que se lleva adelante este martes en buenos Aires, como paso legal previo a la aprobación de un nuevo incremento en las tarifas del gas, que podría rondar el 35%. En diálogo con Actualidad 2.0, Simionati consideró que no se puede tratar la tarifa del gas bajo las reglas del juego del libre mercado, porque las empresas involucradas son oligopolios y -en muchos casos- monopolios, y que el Estado Nacional debería velar porque los incrementos no comprometan el presupuesto familiar “porque podemos caer en lo que se denomina pobreza energética“. Recordó que desde Defensoría del Pueblo vienen presentando documentos contra los aumentos pero que la mayoría de las veces no son tenidos en cuenta “porque las audiencias no son vinculantes“.
“Como ocurre dos veces por año, el Gobierno Nacional se replantea la adecuación tarifaria. En este caso con la tarifa del gas se fijó una audiencia pública para este martes, de la que participamos junto con otros defensores públicos“, indicó Simionati a Actualidad 2.0. Y señaló que “elaboramos un documento que fue expuesto por la Defensora de Río Negro en la audiencia pública”.
Sobre los puntos más salientes de la presentación, Simionati indicó que “como Defensoría del Pueblo nosotros venimos planteando la oposición a estos incrementos con razones técnicas y otras más particulares, vinculadas sobre todo a nuestra condición de patagónicos”. Puntualmente, mencionó que “los incrementos no deberían superar el promedio de los incrementos salariales por Convenios Colectivos, que se debía atender a las particularidades del clima, y las grandes extensiones”, entre otros.
“Planteamos que los aumentos tendrían que tener un límite, y ese límite ya fue traspasado“, enfatizó el defensor.
En ese sentido remarcó que “en un servicio público no puede jugar el libre mercado, porque no lo es: las empresas productoras y transportadoras del servicio no funcionan en un mercado perfecto con libre competencia, son monopolios y oligopolios“.
Mencionó que hay leyes internacionales y nacionales que defienden al consumidor en estos casos, como también pactos internacionales a los que Argentina ha suscripto. “Esto lo venimos presentando cada vez que se intenta un aumento de tarifas, y la única vez que pudimos imponerlo fue en 2016, cuando se intentó subir más del 1000 por ciento”, sintetizó, recordando que en esa oportunidad lograron imponer la obligatoriedad de la realización de audiencias públicas previo a cualquier aumento en los servicios públicos.
“Durante el año 2016, cuando Nación impulsó un aumento sin audiencia pública, se interpuso un aparo y la Corte suprema decidió que se hagan audiencias publicas de allí en más”, valoró Simionati, pero aclaró que “en general, como las audiencias no son vinculantes, el Gobierno Nacional no ha respetado las numerosísimas impugnaciones presentadas y ha aplicado los incrementos que planificó”.
Simionati sostuvo que “no se puede aumentar libremente, comprometiendo un porcentaje importante del presupuesto de las familias, porque sino caemos en pobreza energética”.
ADN Sur