Se reunieron con el viceintendente Juan Pablo Luque.
Se reunieron con el viceintendente Juan Pablo Luque solicitando gestiones ante el ejecutivo provincial porque desde sus despidos no han tenido respuestas. Son cinco exempleadas que hicieron pública su denuncia por extorsión contra el exdelegado del IPV, Daniel Carrizo, pero aseguran que hay más personas afectadas.
Un grupo de empleadas despedidas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) llevaron su reclamo al Concejo Deliberante, solicitando la mediación del viceintendente Juan Pablo Luque para destrabar el conflicto laboral que mantienen con el ejecutivo provincial, luego que presentaran una denuncia al anterior titular del IPV local, Daniel Carrizo, por maltrato, violencia de género y pedido de retornos bajo el concepto de “pagos voluntarios”.
«Tras escuchar a las trabajadoras, el viceintendente aseguró que “intentaremos gestionar su reincorporación porque su despido es sumamente injusto. Estamos hablando de mujeres que tienen denuncias graves contra el exdelegado del IPV y que tienen pruebas ya presentadas ante la justicia. Creo que el gobierno provincial debería actuar para no apañar estos despidos”
Luque repudió que “lo que les hicieron es gravísimo porque además de extorsionarlas mientras estaban contratadas y buscaban quedar en planta, tal cual les era prometido y nunca sucedió, recibieron todo tipo de agravios, amenazas y se trata de mujeres con niños que hoy tienen secuelas psicológicas”.
Una de las damnificadas, Silvia Gómez, comentó que la instancia de diálogo con el gobierno provincial se agotó sin respuestas: “El gobernador nos dijo que en una semana íbamos a tener una respuesta, ya pasó ese tiempo y hace un mes que estamos esperando. Nosotros necesitamos trabajar y queremos que nos escuchen, por eso venimos a ver al viceintendente porque es una de las máximas autoridades de la ciudad”.
Luego de la reunión, los trabajadores recibieron el compromiso del viceintendente para gestionar una respuesta al reclamo presentado, además de precisar que “el primer reclamo fue en septiembre del año pasado ante Provincia y luego salió a la luz el tema de este `personaje`, Daniel Carrizo, los cobros, el hostigamiento laboral y maltrato”.
Gómez aclaró que sus puestos no eran políticos: “Nosotros presentamos curriculum y él nos llamó, cuando entramos a trabajar no nos dijeron que teníamos que pagarle pero cuando nos llega el primer contrato nos enteramos que teníamos que hacer un aporte voluntario que en realidad era extorsivo porque era eso o quedarse sin trabajo. Nos prometieron el pase a planta transitoria luego de haber trabajado con contrato de seis meses pero el pago siguió, los maltratos se incrementaron y ante cualquier queja nos quedábamos sin la fuente laboral”.
ADN Sur
