La diputada Gabriela Dufour presentó un proyecto de Ley para derogar el decreto del Gobierno provincial que prohíbe el ingreso y expulsa a los delincuentes extranjeros. La legisladora cuestionó que se viola la Constitución Nacional y advierte una “frontera interna”.
La diputada Gabriela Dufour presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto N° 136/19 del Gobierno provincial, que prohíbe el ingreso y expulsa de Chubut a los ciudadanos extranjeros condenados o que se encuentren cumpliendo condena, que tengan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en el país o en el extranjero.
El decreto data del pasado 6 de febrero y ahora la legisladora del Frente para la Victoria presentó un proyecto para derogarlo, advirtiendo que “se estableció una barrera o frontera en los límites provinciales que impide el ingreso, tránsito y permanencia de una categoría de personas”.
Dufour citó al abogado Enrique Hidalgo, que en una nota del portal “El Cohete a la Luna” realiza un “análisis jurídico y ético del decreto y creo que es la mejor fundamentación -el cual considera Dufour- sólo busca que tengamos claro las aberraciones jurídicas que se realizan con el dictado de esta norma por parte del Ministro de Gobierno (Federico Massoni) y el gobernador (Mariano) Arcioni”.
Le diputada provincial aseguró que “desde el punto de vista moral, la medida es aberrante porque constituye una discriminación xenófoba, pero lo más grave es que los datos estadísticos del Poder Judicial confirman que no hay mayor proporción de extranjeros incursos en la comisión de delitos, desautorizando los fundamentos de la norma emitida”.
Precisó que “las estadísticas oficiales del Superior Tribunal de Justicia de la provincia establecen que el 3% de extranjeros están comprometidos en delitos penales”.
Dufour insistió en remarcar así que el decreto del Gobierno provincial “viola las garantías individuales que la Constitución Nacional reconoce a los extranjeros (en los artículos 20 y 21); desconoce el derecho al libre tránsito (artículo 14) y pretende ejercer facultades que son exclusiva del Gobierno nacional”, como el ejercicio de reglar las relaciones exteriores.
Con el instrumento, para la legisladora, se plantea “crear una aduana de personas o frontera interior”.
“Hacer efectivo el decreto impediría el ejercicio de lo establecido en la Constitución en relación al libre derecho a transitar, a radicarse, a ejercer industria lícita, trabajar, es decir, el ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos que intenta restringir con el dictado de esta norma”, insistió la diputada.
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